Doe Run acuerda con víctimas de plomo en Perú por un monto 20 veces menor a la millonaria indemnización reclamada

La empresa estadounidense Doe Run Resources, perteneciente al grupo empresarial Renco Group y controlada por el multimillonario Ira Rennert, llegó a un acuerdo extrajudicial por 150 millones de dólares con 1.373 peruanos que denunciaron haber sido envenenados por metales pesados durante décadas de operación de la fundición de La Oroya, en la región andina de Junín.

El monto pactado, según fuentes cercanas consultadas por Infobae Perú, representa solo una vigésima parte de los casi 3.000 millones de dólares que inicialmente reclamaban los afectados por daños a la salud.

Doe Run y un acuerdo tras casi 20 años de litigio

El caso se resolvió en una corte federal de St. Louis, Estados Unidos, justo antes de que iniciara el primero de los cuatro juicios emblemáticos previstos tras 19 años de litigio, de acuerdo con la agencia Reuters.

Según los abogados de los demandantes, Doe Run y los demás acusados no admitieron culpa en el acuerdo, que aún debe ser aprobado por la jueza federal Catherine Perry. Los honorarios legales, a cargo de varios bufetes de EEUU, serán descontados del total a repartir entre los afectados, lo que reducirá el monto final que recibirá cada persona.

La crisis ambiental y sanitaria de La Oroya tiene antecedentes que se remontan a la década de 1920, cuando comenzó a operar el complejo metalúrgico en la ciudad. Diversas evaluaciones confirmaron que las emisiones de plomo, arsénico, cadmio y dióxido de azufre provocaron una contaminación severa en aire, agua y suelos.

Estudios de las décadas de 1970 y 1990 revelaron que el 99% de los niños de la zona presentaba niveles de plomo en sangre peligrosamente elevados, con consecuencias como daño cerebral, dificultades respiratorias y problemas cognitivos.

En 1997, el complejo fue privatizado y adquirido por Doe Run, que se comprometió a realizar mejoras ambientales. Sin embargo, la empresa incumplió sus compromisos, suspendió operaciones y se declaró insolvente en 2009, dejando un grave pasivo ambiental.

Demandas en Estados Unidos y fallos internacionales

El litigio en Estados Unidos se inició en 2007, cuando miles de residentes de La Oroya demandaron a Doe Run y al grupo Renco, argumentando que las decisiones empresariales que afectaron su salud se tomaron en territorio estadounidense.

El acuerdo extrajudicial de 150 millones de dólares, anunciado esta semana, llega tras años de procesos judiciales y negociaciones. En paralelo, el caso ha tenido una dimensión internacional.

En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado peruano por violar los derechos al medio ambiente sano y a la salud de los habitantes de La Oroya, ordenando atención médica integral, estudios de remediación y pago de indemnizaciones.

Doe Run: ¿Un precedente para la justicia ambiental?

Según Reuters, el abogado de los demandantes, Jerome Schlichter, destacó la perseverancia de los afectados durante 19 años de litigio y subrayó la dificultad de acceder a la justicia para personas de zonas rurales y empobrecidas del Perú.

Por su parte, Doe Run sostuvo que la contaminación fue responsabilidad de propietarios anteriores, incluido el propio Estado peruano, y que el acuerdo permite a la empresa “centrarse en su negocio y en la inversión en nuevas tecnologías”.

Así, el proceso judicial en Estados Unidos, aunque sin admisión de responsabilidad por parte de la empresa, busca cerrar un capítulo legal que deja a las víctimas con una compensación muy inferior a la expectativa inicial, pero podría bien marcar un nuevo precedente en la búsqueda de justicia ambiental a nivel global.