Jefe de ONPE rechaza categóricamente denuncia de Juntos por el Perú por “fraude electoral”: “No se ha violado ninguna norma”

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, rechazó de manera categórica la denuncia presentada por el partido Juntos por el Perú, que acusa a diversas autoridades del sistema electoral de presunta organización criminal y fraude en el proceso de segunda vuelta.

La denuncia fue presentada por el personero legal de Juntos por el Perú, Pablo Salas Charca, quien, según se expuso en el mismo espacio radial, planteó una imputación por “organización criminal” que incluye a autoridades del sistema electoral, funcionarios diplomáticos y consulares, y también a la candidata presidencial Keiko Fujimori. En esa lista mencionaron al presidente José María Balcázar, al canciller Carlos José Pareja, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, además de Pedro Corvetto y el propio Pachas.

En ese contexto, el jefe interino de la ONPE sostuvo que el organismo se limitó a procesar lo votado “en cada mesa a nivel país y a nivel extranjero”, y recordó que, para la segunda vuelta, se computaron 92.762 mesas.

Bernardo Pachas niega participación de la ONPE en presunto “fraude”

Bernardo Pachas fue enfático al rechazar la acusación, señalando que el organismo electoral no tiene ningún tipo de participación en acciones irregulares ni de manipulación de resultados. “De plano rechazamos toda esta denuncia y todas las que pretenden decir que nosotros, el sistema electoral, particularmente ONPE, se ha confabulado para cometer fraude. Nosotros no trabajamos para cometer fraude”, sostuvo en diálogo con Exitosa Noticias.

El funcionario remarcó que la institución actúa bajo el marco constitucional y legal, y que los resultados reflejan estrictamente la voluntad expresada en las urnas. Asimismo, sostuvo que el proceso ha sido supervisado conforme a las normas vigentes y sin intervención política.

Pachas también cuestionó la amplitud de la denuncia, que involucra a múltiples autoridades sin sustento probatorio concreto, señalando que las imputaciones carecen de base técnica y jurídica.

Jefe de ONPE explica el proceso del voto en el extranjero

Pachas sostuvo que “no se ha cometido ningún fraude ni se ha violado ninguna norma” y agregó que tampoco se vulneró el “principio de intangibilidad normativa”. En su exposición, citó el artículo 13 y enumeró cuáles son, a su juicio, las normas con rango de ley: leyes del Congreso, decreto legislativo, decretos de urgencia y leyes orgánicas, además de los reglamentos.

Según explicó, el trabajo de la ONPE con el Ministerio de Relaciones Exteriores se enfocó en coordinar “lineamientos” y “protocolos” para regular operativamente la elección fuera del país. En ese marco, mencionó que, en la primera vuelta, se reportaron problemas relacionados con el “sistema de escaneo” por la “carga enorme de documentos electorales”.

También sostuvo que la red electoral utilizada en el exterior no es provista por la ONPE, sino por proveedores contratados en cada país, y que esa “carga administrativa” generó dificultades operativas durante la primera vuelta. Con ese argumento, defendió que los ajustes se orientaron a organizar el proceso, sin alterar el marco legal.

Juntos por el Perú denuncia “fraude” sin pruebas

El texto de la denuncia, según el documento citado, plantea que en la segunda vuelta se habría producido un “fraude”, aunque señala que no presenta pruebas y solo consigna hechos que, según el partido, responderían a una “sofisticada operación ejecutada desde las más altas esferas del poder político y electoral” para “distorsionar, alterar y manipular los resultados”.

Entre los puntos mencionados, Juntos por el Perú intentó vincular un decreto supremo de 2025 sobre remuneraciones del servicio diplomático con una supuesta “cooptación económica y compra de lealtad funcional” relacionada con el voto en el exterior. También incorporó como argumento el “cese intempestivo de embajadores estratégicos” y afirmó que ello habría generado un “vacío deliberado de fiscalización jerárquica”.

La denuncia además cuestionó el uso de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) en la primera vuelta, con afirmaciones sobre “trece vulnerabilidades críticas” y la posibilidad de clonar memorias USB, así como una supuesta relación con “ausentismo masivo” de electores en zonas de alta densidad poblacional. Finalmente, incluyó una acusación de “injerencia” por parte de la Embajada de Estados Unidos en Lima, al atribuir un rol político al embajador Bernie Navarro, sin adjuntar pruebas, según el mismo texto.