Comunidades afectadas y especialistas se reunieron este martes 23 de junio en Lima en el Foro Social “Las Otras Voces frente al Congreso Mundial de Minería” para debatir sobre la actividad extractiva en Perú, mientras más de 3.000 representantes empresariales participaban en el Congreso Mundial de Minería.
El encuentro alternativo, convocado por organizaciones de la sociedad civil, se realizó en el Hotel Carrera, en el distrito de Lince, con mesas de diálogo abiertas al público. La premisa fue que el debate sobre la minería peruana no puede darse sin la participación de quienes viven en los territorios donde opera esa industria.
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El foro reunió a líderes comunitarios, representantes sindicales, académicos e instituciones de derechos humanos que suelen quedar al margen de los espacios donde se toman decisiones del sector. La agenda se organizó en torno a tres ejes: la disputa geopolítica por los minerales estratégicos, los desafíos de la minería artesanal y de pequeña escala y los problemas de gobernanza social y ambiental.
Minerales sin declaración y disputa geopolítica
Uno de los datos centrales del foro surgió de una investigación de CooperAcción: minerales estratégicos valuados en aproximadamente USD 500 millones —entre ellos vanadio, cobalto, galio, germanio, indio y telurio— saldrían del país “ocultos” dentro de los concentrados de cobre y zinc exportados, sin declaración aduanera, sin registro estadístico y sin control.
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La cifra corresponde a estimaciones preliminares de 2024 y abarca solo seis minerales de los muchos que podrían estar en esa situación. Esos recursos tienen una demanda creciente por su uso en baterías, motores eléctricos, aerogeneradores, sistemas LED, drones, radares y equipos militares.
El foro presentó la investigación Los minerales ocultos y la disputa por el control de los recursos. Análisis comparativo de los casos de Perú, Chile e Indonesia, que examina cómo esos tres países, principales exportadores de concentrados de cobre del mundo, enfrentan el desafío de extraer valor de esos minerales dentro de sus propios territorios.
Conflictos y condiciones laborales
El 17,6% del territorio nacional está concesionado a la minería. Según la Defensoría del Pueblo y el Observatorio de Conflictos Mineros, los conflictos socioambientales representan el 51,1% del total de casos informados en el país, y de ese total, el 33,7% está vinculado de forma directa con la actividad minera.
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Casos como los de Pasco, Espinar en Cusco, Las Bambas en Apurímac, La Oroya en Junín y Colpayoc en Cajamarca formaron parte del debate del foro por los problemas de contaminación ambiental que afectan a las poblaciones locales y sus medios de vida.
La situación laboral del sector también fue analizada. Alrededor del 70% de los trabajadores mineros son contratistas, frente a un 30% que trabaja de forma directa con las empresas. Entre 2001 y 2024 se registraron 11.000 accidentes incapacitantes y 333 accidentes fatales en el sector.
MAPE, concesiones y gobernanza
La minería artesanal y de pequeña escala fue otro de los focos del encuentro. Los participantes señalaron el crecimiento de la MAPE en todas las regiones del país, las continuas prórrogas al Registro Integral de Formalización Minera y los impactos ambientales y laborales asociados a las plantas de beneficio que permiten su “legalización”.
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A eso se suma otro dato expuesto en el foro: más del 50% de las concesiones mineras del país está en manos del 1% de los titulares.
Frente a ese panorama, los participantes debatieron la necesidad de construir una nueva gobernanza minera que garantice la protección de los derechos humanos, la participación ciudadana, la transparencia en la gestión de los recursos naturales y una distribución más equitativa de los beneficios de la actividad extractiva.
El programa del foro incluyó en la mesa de apertura a Steven Emerman, Pavel Aquino, César Flores y Paul Maquet, de CooperAcción, con moderación de Cinthia Navarro, de Oxfam. Las mesas presenciales también contaron con la participación del doctor Víctor Hugo Pachas, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de Earth First, y de la doctora Gisselle V. Benites, de la Universidad de Cornell y del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico.
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