El congresista Ilich Fredy López Ureña presentó un proyecto de ley que plantea establecer un Sistema Nacional de Billeteras Electrónicas destinado a la custodia, inmovilización y seguimiento de criptoactivos relacionados con investigaciones por lavado de activos y otras formas de criminalidad organizada.
La iniciativa busca incorporar herramientas digitales al trabajo de las autoridades para enfrentar el uso de monedas virtuales en actividades ilegales. La propuesta señala que el avance de tecnologías como blockchain y el aumento de operaciones con activos digitales han generado nuevos retos para los sistemas tradicionales de investigación financiera.
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Propuesta busca reforzar el control estatal sobre activos digitales
El proyecto plantea la creación de una plataforma institucional que permita almacenar, conservar, monitorear y rastrear criptoactivos sometidos a medidas de inmovilización, incautación, decomiso u otras disposiciones ordenadas por las autoridades competentes. El objetivo es evitar que estos bienes digitales puedan ser transferidos o escondidos durante una investigación penal.
La iniciativa define a los criptoactivos y activos virtuales como representaciones digitales de valor que pueden ser transferidas, almacenadas o negociadas mediante tecnologías de registro distribuido. Asimismo, considera a las billeteras electrónicas como herramientas destinadas a administrar o custodiar estos activos mediante sistemas criptográficos.
Según el documento, actualmente existirían dificultades para que el Estado pueda ejercer un control efectivo sobre criptomonedas relacionadas con delitos, debido a la rapidez de las operaciones digitales y a la posibilidad de movilizar fondos hacia plataformas o billeteras ubicadas fuera del país.
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El proyecto sostiene que la falta de mecanismos específicos genera riesgos como la pérdida de control sobre activos virtuales, problemas para conservar claves privadas y obstáculos para ejecutar medidas cautelares o recuperaciones patrimoniales ordenadas por el sistema de justicia.
Cambios planteados en la legislación contra el lavado de activos
La propuesta también contempla modificaciones al Decreto Legislativo 1106, norma que regula la lucha contra el lavado de activos y delitos vinculados a la minería ilegal y crimen organizado. Entre los cambios se plantea incluir expresamente a los criptoactivos y activos virtuales dentro de los bienes que podrían estar relacionados con operaciones ilícitas.
Una de las modificaciones incorporaría sanciones para quienes transporten, trasladen, ingresen o saquen del territorio nacional dinero, criptoactivos, activos virtuales o instrumentos financieros de origen ilícito con la intención de evitar su identificación, incautación o decomiso.
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El texto propone mantener la autonomía del delito de lavado de activos, estableciendo que no sería necesario que los delitos que generaron las ganancias ilícitas hayan sido descubiertos o tengan una condena previa para iniciar acciones contra quienes movilicen dichos recursos.
La iniciativa menciona como actividades criminales relacionadas aquellas vinculadas con minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas, extorsión, corrupción y otras modalidades capaces de generar beneficios económicos ilegales.
Estado busca adaptarse a nuevas modalidades del crimen organizado
En la exposición de motivos, el proyecto argumenta que el crecimiento del uso de criptomonedas ha creado oportunidades para operaciones financieras legítimas, pero también nuevas vías utilizadas por organizaciones criminales para transferir y ocultar ganancias.
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El documento señala que las características de algunos sistemas digitales, como la descentralización y la velocidad de las transacciones, representan un desafío para las autoridades encargadas de investigar delitos financieros y recuperar bienes de origen ilícito.
La propuesta precisa que la creación del sistema no tendría como finalidad regular el uso general de criptomonedas ni establecerlas como medios de pago estatales. En cambio, buscaría fortalecer las capacidades de investigación y custodia cuando existan indicios de que estos activos están vinculados a actividades criminales.
De aprobarse la norma, el Poder Ejecutivo tendría un plazo máximo de 90 días calendario para reglamentarla. La implementación estaría a cargo de las entidades competentes en materia de prevención e investigación del lavado de activos, con reglas sobre seguridad digital, interoperabilidad y acceso controlado a la información.
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