
Treinta años después, la aún candidata Keiko Fujimori podría terminar el trabajo que inició su padre y avanzar hacia la privatización de Petroperú, la primera empresa del país, hoy sumida en una crisis financiera, cuestionamientos de gestión y un proceso de reestructuración que divide opiniones.
No obstante, se trata de un proceso que ya está en marcha bajo la conducción de ProInversión, herencia directa de la antigua Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI) de los años noventa, y que críticos y trabajadores describen como una “privatización encubierta”.
Para muchos de ellos, la candidatura de Roberto Sánchez representaba la última esperanza de frenar la entrega de la empresa al sector privado, aunque el balotaje sigue en marcha y todo podría cambiar.
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Qué propuso Keiko Fujimori para Petroperú
Durante la campaña presidencial, Keiko Fujimori presentó una propuesta clara: transformar Petroperú en una Asociación Público-Privada (APP), abriendo la gestión y operación de la empresa al capital privado nacional y extranjero.
Fujimori planteó que el Estado debe abandonar gradualmente las actividades de alto costo y riesgo, como la exploración y producción, y concentrarse solo en funciones estratégicas relacionadas con la distribución y la regulación del mercado energético.

La candidata argumentó que la presencia privada traería mayor transparencia y eficiencia, y frenaría la “sangría” de fondos públicos que, según sus cifras, ha superado los 30 mil millones de soles en rescates y aportes directos a la empresa.
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Desde Fuerza Popular, se criticó la proliferación de gerencias y elevados bonos para directivos, denunciando que “en Petroperú se van millones de soles en bonos para amigos del señor Sánchez”.

Además, calificó de “planillas doradas” los privilegios de la alta dirección y advirtió que la empresa se había convertido en un espacio de beneficios para allegados políticos.
De esta manera, Keiko Fujimori prometió una reestructuración profunda, señalando que el modelo APP permitiría reducir la carga fiscal, dinamizar la inversión y modernizar la gestión, “todo bajo un marco de transparencia y competencia”.
Una empresa atada a decretos y a la crisis financiera
Actualmente, el futuro de Petroperú está ligado a dos decretos de reestructuración y reorganización patrimonial, que condicionan el reciente rescate financiero de hasta US$ 2.000 millones autorizado por el gobierno.
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La empresa reportó utilidades netas de US$ 208 millones en el primer cuatrimestre de 2026, pero arrastra una deuda histórica superior a US$ 6.300 millones. Pese a la mejora de su calificación crediticia a “B-” por parte de S&P Global Ratings, la presión financiera persiste.
ProInversión lidera la segmentación de activos y la incorporación de capital y gestión privada, aunque sin declarar formalmente una privatización total. El proceso, según especialistas y sindicatos, replica el modelo aplicado en los noventa y avanza bajo la lógica de una privatización gradual.

Durante el régimen de Fujimori, los lotes petroleros de Talara de Petroperú también fueron entregados al sector privado por 30 años bajo la promesa de explorarlos y reponer reservas.
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Sin embargo, en la práctica las empresas solo extrajeron el petróleo ya descubierto y lo vendieron a la refinería de Talara, el único comprador de la zona, a precios internacionales, lo que representó un remate de activos estratégicos sin cumplir el objetivo de renovar la producción.
¿Por qué Fujimori no terminó de privatizar Petroperú?
Durante el gobierno de Alberto Fujimori, Petroperú fue parcialmente privatizada a través de la venta de activos clave, como la Refinería La Pampilla, estaciones de servicio, lotes de producción y la división de gas. Además, se concesionaron segmentos de la cadena operativa al sector privado.
Sin embargo, el proceso de privatización total no se concretó, no solo por la presión política y social de la época, sino también por el reconocimiento de que Petroperú cumple un rol estratégico para el país.
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La empresa estatal opera en regiones donde el sector privado no tiene interés debido a la baja rentabilidad, asegurando el abastecimiento de combustibles en zonas alejadas y contribuyendo así al desarrollo regional.
De haberse concretado la privatización total, muchas de estas áreas habrían quedado marginadas, ya que la energía es un servicio vital para la integración y el crecimiento económico.
Otro dato a considerar: a pesar de no tener presencia directa en el expendio al público y de sus pérdidas netas, Petroperú ha generado más de 6.600 millones de dólares en ingresos fiscales para el Estado entre 2014 y 2025 gracias al cobro y traslado de impuestos y regalías derivados de sus operaciones.
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Petroperú, una empresa estratégica para el país
A pesar de los cuestionamientos, Petroperú sigue siendo un actor central para la seguridad energética nacional, algo que incluso han reconocido desde ProInversión, el MEF, PCM y el Minem.
Garantiza el abastecimiento de combustibles en zonas donde el sector privado no opera por falta de rentabilidad, administra activos críticos como la Nueva Refinería de Talara y actúa como contrapeso para evitar la concertación de precios en el mercado de hidrocarburos.
Su rol estratégico persiste, y el futuro de la empresa dependerá de las definiciones del nuevo gobierno y de las decisiones que tome el presidente interino en las semanas previas al traspaso de mando. Y es que, en Fuerza Popular, aún es temprano para cantar victoria.
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