
Perú vive, una vez más, la angustia de no saber quién será su próximo presidente. El balotaje del domingo 7 de junio entre la conservadora Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y el progresista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, cerró la jornada sin un ganador claro: con más del 94% de las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la diferencia entre ambos candidatos se mide en apenas décimas de punto porcentual.
El conteo rápido de la firma Ipsos, encargada por la ONG Transparencia y el Instituto Nacional Demócrata, arrojó un empate estadístico con Sánchez levemente por delante. Las autoridades electorales ya advirtieron que, dada la estrechez del margen y el volumen de actas pendientes, la proclamación oficial podría extenderse hasta mediados de julio.
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Lo que ocurre en las pantallas de la ONPE no es un accidente. Es el resultado predecible de una elección que llegó polarizada desde su primera vuelta, celebrada el 12 de abril, cuando 35 candidatos se repartieron el voto y ninguno superó el 20% del respaldo ciudadano.

La geografía del conteo: Lima contra el sur andino
El escrutinio siguió un patrón que los analistas peruanos conocen bien. Los primeros reportes favorecieron a Fujimori, sostenida por el voto duro de Lima y los principales centros urbanos de la costa.
Pero conforme avanzó el procesamiento, las actas del interior comenzaron a recortar distancias. Los departamentos del sur y centro andino, históricamente inclinados hacia la izquierda, fueron llegando en el tramo final del conteo y empujaron los números de Sánchez hacia arriba.
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Este comportamiento no es nuevo. En cada elección competida de las últimas dos décadas, el electorado rural peruano aparece tarde en el conteo y suele inclinar la balanza. La geografía del voto refleja una fractura profunda entre la capital y las regiones, entre la economía formal y las comunidades que viven al margen del crecimiento.
Sánchez concentra su fuerza precisamente en esos territorios: los sectores rurales, las comunidades indígenas y los bolsones de pobreza del interior. Fujimori, en cambio, capitaliza el voto urbano, empresarial y de las clases medias que asocian su apellido con el orden económico de los años 90.
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Los dos factores que decidirán el resultado
Con el grueso del escrutinio doméstico procesado, quedan dos variables que podrían definir quién se coloca la banda presidencial el 28 de julio: el voto de los peruanos en el exterior y la resolución de las actas observadas.
El padrón extranjero supera el millón de electores habilitados. Su tendencia histórica apunta hacia posiciones de centroderecha, lo que podría favorecer a Fujimori y contrarrestar el avance rural de Sánchez en las últimas horas del conteo.

La segunda variable es más compleja. Las actas observadas deben pasar por la revisión de los Jurados Electorales Especiales antes de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pueda emitir una proclamación oficial. Cada acta impugnada es un expediente que los organismos electorales deben resolver con argumentos jurídicos, uno por uno.
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El proceso no es rápido. En 2021, la proclamación del ganador demoró seis semanas. Las autoridades ya anticiparon que este año el calendario podría ser similar.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: quiénes son los candidatos
Keiko Sofía Fujimori Higuchi tiene 51 años y lleva más de una década siendo la figura central de la derecha peruana. Fundó Fuerza Popular en 2010 y desde entonces ha sido candidata presidencial en cuatro ocasiones: 2011, 2016, 2021 y ahora 2026.
En cada una de sus tres derrotas anteriores, el margen fue mínimo. Perdió ante Ollanta Humala en 2011, ante Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y ante Pedro Castillo en 2021. En los tres casos llegó a la segunda vuelta con posibilidades reales y en los tres la victoria se le escapó por un puñado de votos.
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Su apellido es, al mismo tiempo, su mayor activo y su principal carga. Es hija del expresidente Alberto Fujimori, cuyo gobierno en los años 90 combinó la derrota del grupo terrorista Sendero Luminoso y la estabilización económica con graves violaciones a los derechos humanos y corrupción sistémica. Keiko se convirtió en primera dama a los 19 años, tras la separación de sus padres, y construyó desde allí una carrera política propia.
Para esta campaña, su propuesta central fue la seguridad: más tecnología para rastrear extorsiones, militarización de fronteras y mayor presencia policial en zonas de riesgo. En el único debate antes del balotaje, defendió el legado de su padre y prometió replicar su estrategia contra el crimen organizado.
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Roberto Helbert Sánchez Palomino tiene 57 años, es psicólogo de formación y construyó su trayectoria política desde la izquierda. Nació en Huaral y estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Antes de llegar a Juntos por el Perú, militó en el Partido Humanista Peruano.
Su vínculo más conocido es con el expresidente Pedro Castillo: fue ministro de Comercio Exterior y Turismo desde el primer día del gobierno de Castillo, el 29 de julio de 2021, y el único miembro del gabinete que se mantuvo en el cargo durante toda la gestión, hasta la renuncia colectiva del Consejo de Ministros tras el fallido autogolpe de Castillo en diciembre de 2022.
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Esa lealtad le otorga respaldo en las bases que votaron por Castillo, pero también le genera resistencias. Sus propuestas incluyen acceso universal a la educación universitaria, el aumento del gasto educativo del 6% al 10% del PBI, la nacionalización de recursos naturales y la convocatoria a una nueva Constitución.

El fantasma de 2021: cuando la proclamación tardó seis semanas
El escenario actual tiene un antecedente directo que pesa sobre cada hora del conteo. En junio de 2021, Perú vivió exactamente la misma situación: una segunda vuelta entre Castillo y Fujimori con un resultado tan ajustado que la ONPE tardó más de una semana en completar el escrutinio.
Cuando los números finales confirmaron la victoria de Castillo por 44.263 votos —50,13% contra 49,87%—, Fujimori no reconoció la derrota. Alegó fraude sistemático, desplegó un equipo de abogados para impugnar más de 800 actas, principalmente de zonas rurales y amazónicas, y pidió la anulación de decenas de miles de votos.
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Las misiones de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea certificaron que el proceso fue limpio y no encontraron pruebas de irregularidades sistemáticas. El JNE revisó cada impugnación, rechazó la gran mayoría y proclamó a Castillo presidente el 19 de julio, casi seis semanas después de la votación.

La demora tuvo consecuencias: erosionó la confianza en las instituciones electorales, acortó el período de transición a apenas una semana y alimentó una narrativa de fraude que persistió durante todo el turbulento gobierno de Castillo.
Este año, la primera vuelta de abril ya ofreció una señal de lo que podría venir: el JNE tardó 35 días en confirmar los resultados y habilitar a los dos finalistas.
Una década con nueve presidentes: el país que recibirá el ganador
Quien gane este balotaje asumirá la conducción de un país que ha tenido nueve presidentes en diez años. La lista incluye a Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo, Dina Boluarte y José Jerí, quien fue removido a comienzos de 2026 tras un escándalo de reuniones no declaradas con empresarios chinos.

Ninguno de ellos completó un mandato en condiciones normales. La herramienta que hizo posible esta sucesión acelerada es la figura de la “incapacidad moral permanente”, una causal constitucional de definición amplia que el Congreso ha utilizado de forma recurrente como palanca política antes que como mecanismo de rendición de cuentas.
El ciclo de inestabilidad tiene raíces estructurales. Desde 2016, el sistema de partidos se fragmentó hasta el punto en que ninguna fuerza logra articular una mayoría legislativa estable. La corrupción penetró en múltiples niveles del Estado: cuatro expresidentes fueron condenados o procesados, y el expresidente Alan García se suicidó cuando la policía llegó a su domicilio para detenerlo.
El crimen organizado aprovechó el vacío. Entre 2019 y 2024, las extorsiones reportadas se multiplicaron por seis. Cada tercio de la población peruana conoce a una víctima de extorsión, en su mayoría pequeños comerciantes.
El presidente saliente, José María Balcázar, de 83 años, llegó al cargo por rotación constitucional al ser presidente del Congreso. Entregará el mando el 28 de julio, fecha del bicentenario de la independencia peruana, al candidato que proclame el JNE.

El desafío de gobernar sin mayorías en el Congreso
El próximo gobierno, que se extenderá hasta 2031, no solo heredará una crisis de seguridad y una desconfianza ciudadana acumulada durante años. También deberá negociar cada decisión con un Congreso bicameral donde ninguna fuerza tiene mayoría absoluta.
La fragmentación legislativa es la norma, no la excepción. En la primera vuelta de abril, 35 candidatos compitieron por la presidencia y el reparto de bancadas en el Parlamento refleja esa dispersión. Sin acuerdos transversales, cualquier iniciativa del Ejecutivo puede quedar bloqueada antes de llegar al plenario.
El riesgo no es teórico. Cada uno de los presidentes de la última década enfrentó un Congreso hostil que usó sus atribuciones para obstaculizar, desgastar o directamente remover al jefe de Estado. La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo es la falla tectónica sobre la que se asienta toda la inestabilidad política peruana.
Tanto Fujimori como Sánchez llamaron a la calma tras el cierre de las urnas y pidieron a sus seguidores esperar el procesamiento de la totalidad de las actas. Las autoridades electorales reiteraron el mismo mensaje: la proclamación llegará cuando cada documento haya sido revisado, sin importar cuántas semanas tome ese proceso.
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