Minería ilegal: Conoce a detalle las propuestas antagónicas de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez las cuales dejan dudas sobre el cierre del Reinfo

A tres días de los comicios que definirán el próximo gobierno de Perú, los planes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú exhiben estrategias opuestas frente al sector minero. Ambos coinciden, sin embargo, en un aspecto que expertos consideran clave: ninguno plantea una fecha para el cierre del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mecanismo que permite que miles de operadores sigan activos en un esquema señalado por prolongar la impunidad y la desprotección ambiental.

El debate sobre el Reinfo emerge en un contexto donde la minería ilegal moviliza alrededor de USD 11.500 millones al año, cifra que ya supera las ganancias del narcotráfico, según el texto fuente. Pese a su impacto económico y criminal, el tema no fue abordado ni en el debate técnico ni en el presidencial, ambos organizados por el Jurado Nacional de Elecciones.

El Reinfo, eje de controversia y señalamiento técnico

Especialistas como César Ipenza, abogado en derecho ambiental y minero, advierten que mantener abierto el Reinfo sin horizonte de cierre no responde a criterios técnicos. Ipenza sostiene que la normativa vigente crea un escenario donde los inscritos pueden “seguir contaminando fuentes de agua y destruyendo bosques sin que las fiscalías ambientales logren procesarlos con eficacia por minería ilegal”.

Esta omisión de un plazo de cierre para el Reinfo se vuelve un punto central en la discusión, dado que el registro, ideado originalmente para formalizar la minería artesanal y de pequeña escala, ha permitido que gran parte de la actividad ilegal permanezca fuera del alcance de la fiscalización efectiva.

Juntos por el Perú: reforma estructural y banca estatal

El plan de gobierno de Juntos por el Perú, liderado por Roberto Sánchez, propone una reforma estructural del sector minero. La agrupación plantea la redacción de una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, que busca modificar la estructura de concesiones y operaciones.

Entre los ejes centrales de la propuesta figuran la reducción de los plazos temporales para las concesiones mineras, el incremento de los límites máximos permitidos para la pequeña minería y la creación de cooperativas mineras autogestionadas bajo un modelo similar al boliviano. Además, el partido propone la creación de un Banco Minero administrado directamente por el Estado para financiar al sector.

Según Ipenza, la viabilidad de un banco estatal enfrenta una limitación constitucional, pues la Carta Magna vigente restringe la actividad empresarial del Estado, por lo que la implementación del banco exigiría una reforma constitucional. El especialista recordó también el antecedente de 2012, cuando se creó un fondo estatal para la formalización minera, que no logró resultados significativos.

Fuerza Popular: comandos mixtos y simplificación administrativa

Por su parte, el plan de Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, aborda la minería ilegal desde una perspectiva de seguridad y reducción de trabas administrativas. La agrupación propone la creación de comandos mixtos integrados por la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y personal de fiscalización de la Sunat para combatir el crimen organizado y desmantelar campamentos ilegales.

En cuanto a la formalización, el partido plantea la implementación de una ventanilla única para acortar los tiempos burocráticos, además de líneas de crédito para la minería artesanal y contratos de cuidado ambiental. Esta propuesta asigna al Estado un rol fundamental de vigilancia y apoyo operativo, pero deja la ejecución y el proceso en manos de las empresas privadas.

Ipenza considera que esta estrategia responde al modelo tradicional de un Estado fiscalizador, asociado históricamente a Fuerza Popular. El abogado subraya que su efectividad dependerá del fortalecimiento presupuestal del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y de la capacidad de romper redes de corrupción en el terreno.

Diferencias y coincidencias en las propuestas

La principal diferencia entre ambas plataformas reside en el instrumento propuesto: Juntos por el Perú apuesta por cooperativas y banca estatal, mientras Fuerza Popular se inclina por operativos conjuntos y la desburocratización de la formalización. No obstante, ambos coinciden en no establecer un plazo para cerrar el Reinfo, omisión que, según Ipenza, mantiene abierto el cuestionamiento técnico central sobre la viabilidad y efectividad de sus propuestas.

El silencio sobre el cierre del registro genera inquietud entre especialistas y organizaciones ambientales, que advierten sobre las consecuencias de mantener un régimen que, en la práctica, facilita la operación de actividades ilegales bajo una apariencia de transición hacia la formalidad.

Impacto económico y ausencia en los debates

La discusión sobre la minería ilegal adquiere mayor relevancia dado que el sector mueve miles de millones de dólares y supera al narcotráfico tanto en volumen económico como en expansión territorial. No obstante, el tema permaneció ausente en los debates presidenciales y técnicos, pese a su peso en la economía y la seguridad nacional.

Ante la inminencia de los comicios, la atención se centra en cómo los próximos gobernantes abordarán el desafío de la minería ilegal y la formalización, en un escenario marcado por la falta de consenso sobre el futuro del Reinfo y la urgencia de respuestas eficaces frente a un problema de alto impacto social, ambiental y criminal.