La agricultura familiar que da de comer a los peruanos no tiene agua, no tiene crédito y no tiene precios justos. Ese fue el diagnóstico con el que César Guarniz Vigo, representante de Juntos por el Perú en el bloque de Agricultura y Medio Ambiente del debate de equipos técnicos del Jurado Nacional de Elecciones, abrió su intervención ante los representantes de ambos partidos y frente a una audiencia de agricultores que este mismo día protagonizaban protestas en varias regiones del país.
“Tenemos dos caras de la moneda”, señaló Guarniz. “De un lado, el sector agroexportador, que tiene todas las políticas públicas de su lado, beneficios tributarios, con la última ley Chlimper aprobada inclusive por la bancada de Fuerza Popular. Pero al otro lado tenemos una agricultura abandonada, sin créditos, con precios absolutamente bajos". Como ejemplo inmediato citó a los arroceros, que ese mismo día realizaban una protesta que calificó de “justo reclamo”.
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La propuesta central de Juntos por el Perú fue la derogación de la ley Chlimper, a la que Guarniz acusó de profundizar la brecha entre el agro exportador y la agricultura familiar. En su lugar, el representante de JPP planteó un programa nacional de soberanía hídrica como eje de una política agraria orientada al pequeño productor: “Si el campo no produce, las ciudades no comen”.
La réplica de Fuerza Popular: seis ministros y el Pronamach
Marco Antonio Vinelli Ruiz, representante de Fuerza Popular, no respondió directamente al cuestionamiento sobre la ley Chlimper. Eligió otro flanco: la gestión del gobierno de Pedro Castillo. “El gobierno Castillo-Sánchez tuvo seis ministros en su primer año. Ese gobierno nos llevó al caos y hoy quieren volver a repetir la historia", afirmó, antes de presentar las propuestas de su partido.
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La medida central de Fuerza Popular para el agro fue la reactivación del Pronamach —Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos—, desactivado durante gobiernos anteriores. Vinelli prometió construir pequeños reservorios, zanjas de infiltración y reforestar cuencas altas, y precisó que la ejecución se haría “con ustedes, a través de núcleos ejecutores, como lo hicimos con Pronamach y Foncodes en la década de los 90”.
Vinelli también anunció la entrega de maquinaria pesada a las 127 juntas de usuarios de agua del país para limpiar canales, cauces de ríos y caminos rurales. “Esas juntas fueron abandonadas por el gobierno de Pedro Castillo con Sánchez”, afirmó.
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El crédito y la inseguridad alimentaria
Ante la pregunta sobre inseguridad alimentaria —que según informes recientes afecta a más del 50% de los peruanos, por encima incluso de la pobreza monetaria—, ambos representantes volvieron al agua como eje de la respuesta.
Vinelli anunció el desbloqueo y construcción de cuatro obras de infraestructura hídrica: la represa de Chonta en Cajamarca, la irrigación del río Chicha en Apurímac, la segunda etapa de la irrigación Cachi en Ayacucho y el proyecto Majes Siguas 2 en Arequipa. Prometió que los productores organizados podrán integrarse a las tierras irrigadas a través de sus propias organizaciones.
Guarniz respondió con un programa nacional de presas altoandinas y el fortalecimiento de las 127 juntas de usuarios, 2.500 comisiones y 10.000 comités de riego a nivel nacional. También señaló que la brecha de infraestructura de riego menor en el país supera los S/ 14.000 millones —aproximadamente USD 3.800 millones— y acusó a gobiernos anteriores de haber preferido “invertir en aviones” antes que cerrar esa brecha.
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El cruce más directo del bloque llegó cuando Vinelli recordó que el gobierno de Castillo prometió urea a los agricultores en cuatro oportunidades sin cumplir. Guarniz no respondió al dato y reencauzó el debate hacia el siguiente subtema. La ausencia de una réplica fue uno de los momentos más notorios del bloque.
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