La desarticulación de estructuras criminales en el norte de Lima vuelve a poner en agenda el alcance de las organizaciones dedicadas a la extorsión y la violencia en corredores de transporte. Un reciente operativo policial expone la persistencia de redes que operan desde distintos puntos y que logran mantener influencia incluso cuando algunos de sus líderes permanecen en centros penitenciarios.
Las acciones ejecutadas durante el fin de semana en varias localidades de Barranca revelan un esquema delictivo que combinaba intimidación, cobros ilegales y uso de armamento. Las autoridades identifican una organización que extendió su control en rutas estratégicas, con especial incidencia en el transporte interprovincial.
El despliegue policial se sostuvo durante varias horas y contó con la participación de unidades especializadas. Las intervenciones simultáneas permitieron detener a varios implicados y asegurar elementos considerados clave para la investigación fiscal en curso.
Operativo simultáneo en varias ciudades
La intervención se desarrolló en inmuebles ubicados en Casma y Barranca, donde agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad ejecutaron diligencias coordinadas. El operativo inició cerca de las 02:00 horas y se prolongó por más de siete horas, según información policial.
Durante las acciones, los efectivos lograron intervenir a al menos nueve personas vinculadas con la organización criminal conocida como “Los Ángeles Verdes”. Las diligencias también incluyeron el penal San Judas Tadeo de Carquín, en Huacho, como parte de la investigación dirigida por un despacho fiscal especializado contra la criminalidad organizada de Huaura.
De acuerdo con la Policía, el grupo delictivo tuvo su origen en Paramonga y luego trasladó su centro de operaciones a Barranca. Desde esa provincia, coordinaba actividades ilícitas en diversas localidades del Norte Chico, incluyendo Huacho y zonas cercanas.
Las autoridades identifican a Héctor Salazar Obregón, alias “Viejo”, y a Antony Esquivel Vega, alias “Anthony”, como figuras centrales en la conducción de la organización. Ambos, según los mandos policiales, dirigían acciones mediante el uso del temor y la violencia.
El coronel Wilfredo Wyngart Ferruzo, jefe operativo policial de la Divipol Barranca, precisó: “la organización extorsionaba a transportistas y comercios de esta ciudad, empleando para sus fines explosivos y armamentos a fin de amedrentar a sus víctimas en su mayoría transportistas de rutas largas y cortas”.
Cobros ilegales y rutas bajo presión
Las investigaciones apuntan a un sistema de cobro de cupos dirigido a paraderos de transporte colectivo en la ruta Barranca–Huacho, así como a vehículos que cubren trayectos hacia Lima. Este mecanismo generaba ingresos constantes para la organización y consolidaba su presencia en el sector transporte.
El uso de explosivos y armas constituía un método recurrente para intimidar a conductores y comerciantes. Las autoridades consideran que estas prácticas sostenían el control territorial del grupo y limitaban la denuncia por parte de las víctimas.
Durante el operativo, la Policía incautó dinero en efectivo que asciende a S/8778.50, además de tarjetas, teléfonos celulares, una mototaxi, droga, armas, municiones y explosivos. También se encontraron documentos que, según los investigadores, resultan relevantes para establecer vínculos con otros delitos.
Entre los detenidos por mandato judicial figuran Héctor Salazar Obregón, Luis Alberto Becerra Díaz, Francisco Néstor Solís Brioso, Roberth Anthony Esquivel Vega, Carlos Raúl Vásquez Romero, Daniela Barrera Sifuentes, Maylin María Sequera Mendoza, Mercedes Laura Suárez Regalado y José Anthony Vásquez Romero.
Asimismo, Gonzalo André Palomino Vega fue intervenido en flagrancia por la presunta comisión del delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas.
Traslado e investigación en curso
Luego de permanecer en dependencias policiales de Barranca por varias horas, los detenidos fueron trasladados a Lima. En la capital continuarán los interrogatorios y la ampliación de diligencias bajo la conducción del Ministerio Público.
Los investigados enfrentan presuntos delitos contra la tranquilidad pública, organización criminal, extorsión, sicariato, así como ilícitos vinculados al patrimonio y al tráfico de drogas. La Fiscalía especializada mantiene abiertas las líneas de investigación para determinar el alcance completo de la red y posibles conexiones adicionales.
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