Pareja es detenida en Arequipa por caso de extorsión: Policía incauta más de S/19 mil que serán investigados en diligencias

La intervención policial en el sur del país vuelve a poner atención en las modalidades de extorsión que afectan a comerciantes locales. En la región Arequipa, un operativo ejecutado por unidades especializadas permitió la detención de dos personas señaladas por su presunta participación en amenazas contra un empresario.

El caso se desarrolla en el distrito de Socabaya, donde agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) ejecutaron una orden judicial de allanamiento. La acción forma parte de una investigación en curso que busca esclarecer el origen de los mensajes intimidatorios y el posible vínculo de los detenidos con otros hechos similares en la zona.

Según información difundida por Exitosa, el procedimiento incluyó el registro de un inmueble ubicado en el pueblo joven Sorana de Los Ángeles,en el distrito de Socabaya . En ese lugar se concretó la captura de los sospechosos y se incautaron diversos elementos considerados relevantes para las diligencias.

La intervención se realizó con la participación de agentes especializados en secuestros de la Divincri, quienes actuaron con respaldo de unidades tácticas. La orden judicial permitió el ingreso al inmueble, donde se encontraban Eder Caqui y Judy Casasola.

Ambos fueron detenidos bajo sospecha de participar en actos de extorsión contra un empresario dueño de un supermercado en la ciudad de Arequipa. De acuerdo con las autoridades, los mensajes amenazantes se habrían enviado durante aproximadamente un mes, con exigencias económicas dirigidas a la víctima.

El reporte de Exitosa indica que los detenidos fueron trasladados a la sede de la Divincri, donde permanecen mientras continúan las investigaciones para determinar su grado de responsabilidad.

Dinero incautado y elementos hallados

Durante el registro del segundo piso del inmueble, los agentes encontraron S/ 19.500 en efectivo. Este monto quedó bajo custodia policial y será sometido a peritajes para establecer su procedencia.

Además del dinero, la Policía incautó una pistola y tres teléfonos celulares. Uno de los dispositivos se encuentra bajo análisis, ya que presuntamente se utilizó para el envío de mensajes extorsivos.

Las autoridades señalaron que uno de los equipos estaba vinculado a un perfil que incluía la frase “plata o plomo”, expresión asociada a amenazas directas para exigir pagos bajo presión.

Investigación en curso y contexto regional

El caso permanece en etapa de investigación preliminar. La Policía busca determinar si los detenidos actuaban de forma independiente o si mantenían vínculos con redes delictivas dedicadas a la extorsión en la región.

Fuentes policiales indicaron que el análisis de los teléfonos móviles resultará clave para reconstruir la comunicación con la víctima y posibles contactos adicionales. También se evalúa la información contenida en los dispositivos para identificar patrones o conexiones con otros casos.

Este hecho se suma a una serie de denuncias registradas en Arequipa, donde las autoridades advierten un incremento de reportes relacionados con extorsión en distintos distritos. La Divincri mantiene operativos activos con el objetivo de frenar estas prácticas y ubicar a los responsables.

76% de peruanos identifica la extorsión como su mayor preocupación

De acuerdo con datos recientes de Ipsos, el 76% de los peruanos señala la extorsión como el principal problema de seguridad, por encima de la corrupción (41%) o la violencia sexual (37%). Este porcentaje equivale a unos 19 millones de personas adultas, y marca un cambio en las prioridades ciudadanas ante el creciente avance de prácticas vinculadas al crimen organizado.

El Observatorio del Crimen y la Violencia reportó que una de cada cuatro personas, es decir, aproximadamente 6 millones de habitantes, ha sido víctima directa de extorsión o conoce un caso cercano solo en los últimos tres meses. Entre las nuevas modalidades destaca el sistema “gota a gota”, que incrementó su incidencia del 15% al 19% en el periodo entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, consolidándose como un método expansivo de intimidación y cobro ilegal.

Los ciudadanos, según la misma encuesta de Ipsos, no confían en la capacidad del Estado para revertir esta tendencia: el 58% de la población cree que el próximo gobierno no será capaz de combatir eficazmente la inseguridad, frente al 36% que mantiene alguna expectativa favorable. Además, el 54% afirma que el combate al crimen organizado y las economías ilegales debe ser el eje principal de la gestión gubernamental, seguido por reformas al sistema de justicia (45%) y el fortalecimiento de la Policía Nacional (44%).