La crisis institucional que rodea a las elecciones generales de 2026 sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, confirmara que el Ministerio Público del Perú solicitó la detención preliminar del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, así como de los funcionarios José Samamé y Juan Fang, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en contrataciones vinculadas al reciente proceso electoral.
Según explicó el titular del Ministerio Público en Canal N, la medida busca asegurar diligencias urgentes y recopilar documentación clave relacionada con decisiones administrativas adoptadas durante la organización de los comicios del 12 de abril, jornada que estuvo marcada por retrasos en la entrega del material electoral, mesas sin instalar y miles de ciudadanos que denunciaron no haber podido votar oportunamente.
Presunta manipulación de contratos electorales
De acuerdo con la tesis preliminar de la Fiscalía, existirían indicios de una posible concertación irregular en algunos contratos realizados por la ONPE para el transporte y despliegue del material electoral. El Ministerio Público sospecha que se habrían cambiado condiciones o reglas internas para favorecer a empresas que no contaban con la capacidad operativa necesaria para cumplir con el servicio.
Tomás Aladino Gálvez señaló que se investigan los presuntos delitos de colusión ilegal, omisión de deberes funcionales y delitos electorales. Asimismo, remarcó que deberá determinarse la eventual responsabilidad tanto de funcionarios públicos como de representantes de las empresas contratadas.
“Se presume que en algunos contratos realizados por la ONPE se habría incurrido en una supuesta concertación para defraudar al Estado. Se tiene que determinar la responsabilidad tanto de la empresa como de los funcionarios de la ONPE”, sostuvo.
Fiscalía apunta a posible conducta dolosa
Respecto al rol de Corvetto y otros funcionarios, el fiscal de la Nación afirmó que los hechos investigados no serían simples errores administrativos o accidentes logísticos. Según indicó, existía conocimiento previo de que parte del material electoral no llegaría a tiempo a diversos locales de votación, y pese a ello no se habrían adoptado medidas eficaces para evitar el perjuicio.
“Tenían el conocimiento de que no se iba a poder cumplir y no lo evitaron. Eso es suficiente para determinar la existencia de dolo”, declaró.
La tesis fiscal sostiene que estas omisiones afectaron directamente el derecho al voto de un importante sector de la población, especialmente en Lima Metropolitana, donde cientos de mesas registraron problemas de instalación durante la primera jornada electoral.
Contexto de la crisis electoral 2026
Las elecciones generales del 12 de abril quedaron marcadas por serios problemas logísticos, lentitud en el conteo oficial y denuncias sobre el manejo del material electoral. En los días posteriores también se reportó el hallazgo de cajas con actas y cédulas de la ONPE fuera de custodia oficial en Surquillo y Ucayali, lo que profundizó la desconfianza ciudadana.
En medio de esa presión política y pública, Piero Corvetto presentó su renuncia a la jefatura de la ONPE, siendo reemplazado interinamente por Bernardo Pachas, quien anunció cambios internos y medidas correctivas de cara a la segunda vuelta presidencial.
El Ministerio Público aclaró que las investigaciones se encuentran en etapa preliminar y que la responsabilidad penal de los implicados deberá ser determinada conforme avance el proceso. Asimismo, Tomás Aladino Gálvez precisó que cualquier pronunciamiento sobre un eventual fraude electoral corresponde exclusivamente al Jurado Nacional de Elecciones.
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