
En medio del tenso escenario postelectoral de las Elecciones 2026, el abogado Duberlí Rodríguez, vinculado al partido Juntos por el Perú, anunció una estrategia legal contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y confirmó que diversas agrupaciones de izquierda articulan apoyo político a la candidatura presidencial de Roberto Sánchez ante una posible segunda vuelta.
Rodríguez precisó en Exitosa que la prioridad actual es defender los resultados de la votación actual, aunque anticipó acciones judiciales por presuntos perjuicios a su agrupación. Según el abogado, cuentan con una sentencia favorable del Poder Judicial que, afirmó, los habilita a presentar una denuncia penal contra el JNE, por desacato a dicha resolución.
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El representante legal detalló que el Tribunal Constitucional estaría próximo a emitir una resolución sobre una acción competencial vinculada al caso, lo que podría incidir en la estrategia legal de la coalición. Además, Rodríguez indicó que evalúan presentar una demanda civil por daños y perjuicios, aunque aclaró que estas acciones quedarían en segundo plano mientras se define el escenario electoral.
“También vamos a hacer una demanda por indemnización por los daños que nos ha causado. Pero, como le digo, eso queda en este momento en segundo plano, porque de lo que ahora se trata es defender el voto popular”, sostuvo.
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Rodríguez explicó que, en este momento, el principal objetivo del bloque que respalda a Sánchez es resguardar los resultados electorales y consolidar el apoyo político. Por este motivo, decidió sumarse al equipo legal de Juntos por el Perú, encabezado por el abogado Roy Mendoza.
Anuncian respaldo de otros partidos de izquierda para frenar el avance de la derecha
Durante la entrevista, Rodríguez confirmó que la agrupación política Venceremos respaldará a Roberto Sánchez en caso de una segunda vuelta frente al fujimorismo. También señaló que Ronald Atencio habría manifestado su apoyo al candidato presidencial.

Según el abogado, distintas organizaciones de izquierda participan en conversaciones para formar un frente común contra sectores identificados como “ultraderechistas”. Entre los grupos mencionados figuran Nuevo Perú, bajo el liderazgo de Verónika Mendoza, Unidad Popular, Runa, APU y Voces del Pueblo de Guillermo Bermejo. Además, Rodríguez afirmó que mantienen contactos con sectores vinculados a Ricardo Belmont y Daniel Nieto Montesinos.
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Rodríguez fue explícito al señalar que el propósito de estas coordinaciones es impedir el avance de candidatos de derecha, mencionando de manera directa a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Aseguró que el bloque busca “armar un frente para impedir el triunfo de sectores ultraderechistas”.

Las declaraciones de Rodríguez reflejan que, mientras continúa el conteo oficial y aún no se oficializa la segunda vuelta, distintos bloques políticos ya mueven fichas para reorganizar alianzas, preparar estrategias legales y definir apoyos rumbo a la etapa decisiva de la elección presidencial.
¿Cómo va el conteo de la ONPE?
El conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales avanza con lentitud y bajo fuerte presión pública tras las elecciones presidenciales de 2026. Con más del 93% de actas contabilizadas en los últimos reportes, Keiko Fujimori se mantiene en el primer lugar, mientras la disputa por el segundo puesto sigue ajustada entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, lo que mantiene en suspenso quién pasará a la segunda vuelta.
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La polémica electoral no solo gira en torno al conteo. La jornada estuvo marcada por fallas logísticas en Lima Metropolitana, donde cientos de mesas no contaron a tiempo con material electoral y miles de ciudadanos no pudieron votar el 12 de abril, obligando a extender el proceso hasta el día siguiente.
A ello se sumó el hallazgo de cajas con actas abandonadas en la vía pública, denuncias cruzadas entre partidos y acusaciones de fraude sin pruebas concluyentes. Aunque observadores internacionales señalaron que no existen indicios de manipulación sistemática, sí advirtieron irregularidades operativas que golpearon la credibilidad de la ONPE y colocaron a su entonces jefe, Piero Corvetto, en el centro de la controversia.
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