¿Por qué es grave que se haya roto la cadena de custodia de los votos en las Elecciones del domingo 12 de abril? Esto dice la ley

Debido a una norma aprobada por el actual Congreso, ahora las cédulas de sufragio deben guardarse a pesar de que no hayan sido impugnadas

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Imagen dividida mostrando cajas electorales de la ONPE: a la izquierda, cajas junto a un contenedor de basura; a la derecha, cajas apiladas en un estudio
El periodista Beto Ortiz denunció el hallazgo de cuatro cajas de la ONPE con cédulas escrutadas del distrito de Surco, encontradas en la basura. (Willax / Beto a Saber)

El jueves 16 de abril se denunció el hallazgo de cuatro cajas lacradas con aproximadamente 1.200 cédulas de sufragio supuestamente abandonadas en la vía pública. La ONPE, mediante un comunicado, reconoció que se trató de un “error involuntario”: las cajas se dejaron olvidadas en la maletera de un vehículo contratado para el acopio del material electoral después del escrutinio.

En el vehículo viajaban personal de la ONPE, un policía y un fiscalizador del JNE, pero el protocolo de entrega y control falló. Específicamente segundo párrafo artículo 301 de la Ley Orgánica de Elecciones, que establece que “la ONPE implementa medidas de seguridad que garanticen el procedimiento de custodia de las actas electorales y de los sobres lacrados con las cédulas de sufragio que contienen los votos”.

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Dos hombres manipulan cajas blancas rotuladas con el logo de ONPE en una acera. Los objetos se encuentran cerca de un contenedor verde en la vía pública. Las cajas presentan etiquetas verdes con números de serie y una de ellas muestra la fecha del 16 de abril de 2023. Este video es una cobertura noticiosa sobre el hallazgo de materiales relacionados con la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

¿Por qué es grave que se haya roto la cadena de custodia?

Según el abogado constitucionalista Natale Amprimo, va a generar un serio problema, que puede poner en duda el proceso electora, el hecho de que se haya roto la cadena de custodia, que cédulas de sufragio estuvieran fuera de la supervisión de personal electoral, y que luego hayan sido recuperadas.

“Si las mesas que corresponden a esas ánforas han sido impugnadas, ahí va a haber un problema, porque el derecho al recuento no se va a poder ejercer y lo más probable es que esas mesas sean anuladas. Si no ha habido impugnación, obviamente no va a pasar nada. Pero si la mesa fue impugnada y se pide la revisión y no están los votos o los votos no han sido custodiados debidamente, ahí va a haber un problema”, dijo Amprimo en entrevista con Canal N.

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Efectivamente, el Congreso, siguiendo la narrativa del falso fraude en las Elecciones 2021, promulgó la Ley 32299, que dispuso que tras el escrutinio en mesa, “las cédulas de sufragio no impugnadas son colocadas en un sobre lacrado y remitidas a la ONPE para su custodia y conservación, bajo responsabilidad, hasta el día siguiente de la publicación de la proclamación de resultados”.

Amprimo recordó que cuestionó duramente esta reforma en su momento: “Se dicta esta ley por la cual se dispone que todos los votos sean conservados. Y yo creo que esa ley es un error que parte por el desconocimiento de la historia porque en el Perú se eliminan los votos no impugnados para evitar lo que se conocía como el anforazo, que era el cambio de ánforas o la pérdida de votos para después generar una discusión respecto a la legitimidad de la votación”.

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El especialista afirma que la referida norma le quita valor al acta de escrutinio. “Qué pasará si en el sobre que contiene todos los votos, estos se pierden o si los votos encontrados en el sobre no coinciden con los votos que se mencionan en el acta de escrutinio”, cuestionó.

Natale Amprimo consideró que quienes dictaron la referida Ley, el Congreso de la República, “son unos irresponsables y pareciera que no conocen la historia del Perú”.

¿Qué se hace luego con las cédulas?

Luego de la proclamación de los resultados, la ONPE procederá a destruir todas las cédulas de sufragio almacenadas en acto público con la presencia de un representante del Ministerio Público, del JNE y de los personeros acreditados por los partidos políticos.

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