Nuevas amenazas de muerte contra los conductores de la Línea 41 en Ventanilla obligan a la empresa a detener sus operaciones

Por segunda vez en lo que va del año, la empresa de transporte La 41 paralizó sus operaciones luego de que sus conductores fueran amenazados nuevamente por extorsionadores que exigen pagos bajo amenaza de muerte. El cese de actividades, que afecta la ruta clave entre Ventanilla y diversas zonas del sur de Lima, se decidió después de la difusión de un video intimidatorio en el que, mostrando un arma de fuego, los delincuentes exigieron continuar pagando cupos bajo la advertencia de asesinar a un chofer si no cumplen.

Según la información recabada por Exitosa, los extorsionadores exigen el pago periódico de “cupos” a cambio de no atentar contra los operadores. La amenaza más reciente llegó apenas tres meses después del primer atentado sufrido este año, cuando criminales dispararon contra una unidad de Línea 41, marcando una escalada de violencia.

La suspensión de las operaciones impacta a más de 120 conductores y obliga a cientos de pasajeros a buscar alternativas de transporte en un distrito donde, a pesar de los antecedentes, no hay cámaras de seguridad públicas ni presencia policial directa, únicamente vigilancia municipal en las inmediaciones del patio de maniobras.

Extorsionadores envían video amenazante a choferes de la Línea 41

Los trabajadores de la Línea 41 recibieron la noche del miércoles 8 de abril un mensaje grabado, en el que un delincuente exhibía un arma de fuego y exigía a los transportistas continuar con los pagos de extorsión. En este video, el extorsionador advierte sobre la posibilidad de que “un chofer sea asesinado en ruta” si no se entregan los cupos exigidos. No se difundieron todas las imágenes por el contenido del material, pero se relató lo ocurrido.

Frente a este hecho, los conductores y dirigentes convocaron una asamblea urgente en las afueras del patio de maniobras de Pachacútec y, de forma unánime, decidieron no iniciar los recorridos habituales por temor a represalias fatales. El representante de los trabajadores informó que la decisión sería reevaluada antes de las 14h y quedaría supeditada a las garantías que pudieran recibir.

Hasta la mañana de este jueves, no se registró presencia operacional de la policía en la zona afectada, a pesar de las amenazas y atentados previos. La única protección era una caseta de serenazgo ubicada a cincuenta metros del patio de maniobras y una cámara de seguridad privada, instalada por la empresa.

Los dirigentes también subrayaron que la inseguridad se extiende a otras empresas transportistas, como Consorcio de Transporte Quilmes y Roma, pero la Línea 41 ha concentrado la mayor parte de los ataques recientes.

La Línea 41 detiene sus operaciones por nuevas amenazas

La paralización de la Línea 41 implica el corte temporal de una ruta fundamental para conectar el norte y sur de Lima, afectando a una amplia población usuaria que depende del transporte público. La medida se tomó tras reiteradas exigencias de pago y la relación directa entre el incumplimiento de los cupos y los atentados armados.

La ausencia de una respuesta institucional inmediata intensificó el temor. En los alrededores solo la municipalidad mantenía presencia, sin apoyo policial ni infraestructura tecnológica pública para la vigilancia y prevención de delitos.

Los afectados afirmaron que solo considerarán reanudar sus labores cuando reciban garantías reales para su seguridad. El último episodio de intimidación criminal incluyó disparos contra vehículos en servicio, generando alarma entre conductores y familias ante posibles agresiones directas.

El antecedente: ataque armado y múltiples bandas extorsivas en la Línea 41 hace un mes

Hace exactamente un mes, los trabajadores de la Línea 41 denunciaron ser víctimas de organizaciones que imponen pagos mensuales bajo amenaza de violencia. Señalaron que la presión provenía de hasta 4 bandas criminales distintas, que exigían a cada chofer entre S/100 y S/150 soles al mes. Esto generaba una carga económica directa para unos 120 conductores, sumando montos elevados por cada ciclo de cobro.

Los choferes informaron que los ataques armados ya se habían producido semanas antes, cuando un bus fue baleado con pasajeros a bordo; la situación fue interpretada como advertencia por la negativa a cumplir las demandas criminales. Los agresores enviaban amenazas directas a los conductores y sus familias, y exigían depósitos periódicos mediante la intimidación presencial o telefónica.

La modalidad de cobro de cupos se ha vuelto recurrente en el transporte público de Lima. Testimonios recogidos advierten que la aparición constante de nuevas bandas incrementa la presión y el peligro para quienes cubren la ruta entre Ventanilla y Villa El Salvador.

Expertos indicaron que las restricciones legales para rastrear llamadas y localizar números desde donde provienen las amenazas impiden una reacción policial y judicial rápida. El secreto de las telecomunicaciones y la ley de geolocalización vigente en Perú exigen una orden judicial expresa para acceder a esos datos, lo que ralentiza la respuesta ante los episodios de extorsión.