Chile desmantela red criminal que usaba al Perú como escala para exportar cobre robado por US$ 917 millones

Una investigación interinstitucional permitió golpear a una de las rutas más lucrativas del robo de cobre en el norte de Chile, una trama que no solo movía material sustraído desde distintas zonas del país, sino que además buscaba sacarlo del circuito formal mediante operaciones de exportación ilegal con destino final en Asia. El caso volvió a poner en escena una conexión que también involucra a Perú, utilizado por esta red como punto de tránsito en el complejo desvío del metal rojo.

La operación quedó al descubierto cuando fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduanas en Iquique revisaron seis contenedores que habían sido declarados como “chatarra de cobre”. La inspección, activada a partir de un análisis de riesgo y una alerta interinstitucional, permitió comprobar que la carga era en realidad otra: cables eléctricos, cátodos, tubos y barras de cobre, mercancías que no correspondían a la categoría declarada y que presentaban señales de posible origen ilícito.

En total, se estableció que 120 toneladas pertenecían a empresas eléctricas, con un valor superior a US$ 1,4 millones, por lo que el cargamento fue incautado y se presentó una querella por contrabando y falsedad documental.

Así operaba la red criminal del cobre: robo, procesamiento y exportación ilegal

La organización criminal funcionaba bajo un modelo estructurado, con roles definidos en cada etapa del delito. En el origen, grupos especializados ejecutaban el robo de cobre, principalmente desde infraestructura eléctrica. El método era directo: utilizando camiones pesados, derribaban postes de luz para retirar grandes cantidades de cable en pocos minutos, dejando incluso a comunidades enteras sin suministro eléctrico.

Luego, el material era trasladado a centros de acopio clandestinos, donde se procesaba para eliminar cualquier rastro de origen. Los delincuentes quemaban o retiraban el recubrimiento plástico del cableado, dejando el cobre expuesto y más difícil de rastrear. En algunos casos, el metal era fundido en lingotes o placas para borrar marcas identificatorias como números de serie.

Posteriormente, entraban en acción los intermediarios, una pieza clave del engranaje criminal. Estos actores adquirían el cobre procesado, lo mezclaban con material legal o de mayor calidad y lo revendían a empresas exportadoras, diluyendo su trazabilidad en cada transacción.

El transporte se realizaba principalmente por vía terrestre, aprovechando la cercanía de zonas fronterizas. Camiones trasladaban la mercancía hacia el norte, especialmente hacia el puerto de Iquique, desde donde se enviaba al extranjero. En otros casos, las autoridades detectaron intentos de desviar cargamentos hacia Perú como parte de la ruta ilegal antes de su exportación final a Asia.

Para dar apariencia de legalidad, la red utilizaba empresas fachada, emitía facturas falsas y adulteraba documentación tributaria. Incluso lograban acceder a beneficios como la devolución del IVA exportador, generando millonarias ganancias ilícitas.

Incautaciones millonarias y el rol clave de aduanas en la región

Uno de los golpes más importantes contra esta red se produjo en el puerto de Iquique, donde la labor de fiscalización aduanera resultó determinante. A partir de análisis de riesgo y alertas interinstitucionales, se inspeccionaron seis contenedores que habían sido declarados como “chatarra de cobre”.

Sin embargo, la revisión reveló que el contenido real incluía cables eléctricos, cátodos, tubos y barras de cobre, materiales que no calificaban como desecho y que presentaban claros indicios de origen ilícito. En total, se detectaron 120 toneladas de cobre robado, perteneciente en gran parte a empresas eléctricas.

El cargamento, valorizado en más de US$ 1,4 millones, fue incautado, evitando su salida hacia mercados internacionales. Las autoridades presentaron una querella por contrabando y falsedad documental, marcando un precedente en la lucha contra este tipo de delitos.

En paralelo, otra investigación de gran escala —denominada “Operación Alto Voltaje”— permitió desarticular una red que habría movilizado cerca de US$ 917 millones en cobre entre 2020 y 2025. El operativo incluyó allanamientos en 49 propiedades y culminó con la detención de 25 personas, entre ellas presuntos líderes de la organización.

Durante las intervenciones se incautaron 187 toneladas de cobre, además de armas, vehículos, propiedades y cuentas bancarias vinculadas a la red. Las autoridades también detectaron que el material era almacenado en ciudades cercanas a la frontera, como Arica, desde donde se planificaban envíos ilegales hacia Perú y posteriormente a China.

El rol del Perú dentro de estas dinámicas —ya sea como ruta de tránsito o posible mercado intermedio— lo posiciona como un actor relevante en la lucha contra el tráfico ilegal de cobre, un delito que trasciende fronteras y que continúa evolucionando en complejidad y alcance.