La agenda pesquera en el inicio de un nuevo gobierno

El sector pesquero peruano ha sostenido, durante décadas, un rol estratégico en la economía nacional, respaldado por la riqueza de sus recursos y por un esquema de ordenamiento que, en determinados ámbitos, ha alcanzado resultados reconocidos a nivel internacional. Sin embargo, esa misma trayectoria también revela la ausencia de una visión capaz de articular sostenibilidad, diversificación productiva y generación de valor. En el inicio de una nueva etapa política, se impone una mirada más rigurosa sobre los problemas que aún permanecen sin resolver y que condicionan el desarrollo del sector.

Uno de los temas que demanda una aproximación más rigurosa es la persistencia de la pesca ilegal. Su impacto no se limita al ámbito ambiental, sino que compromete la institucionalidad, distorsiona la competencia y debilita la trazabilidad de toda la cadena productiva. Hace algunos años se estimaba que la producción ilegal de harina de pescado alcanzaba 90 mil toneladas anuales, con valores que superaban los 130 millones de dólares, según un estudio de Apoyo Consultoría. Si bien no se cuenta con estimaciones recientes con ese mismo nivel de precisión, diversos indicadores muestran que esta dinámica persiste y continúa generando distorsiones significativas en el sector.

En este contexto, resulta relevante precisar el enfoque en torno al consumo humano directo de anchoveta. Se ha planteado con insistencia que el desarrollo del sector pasa por ampliar la cuota destinada a este segmento. Sin embargo, la evidencia disponible muestra que las cuotas asignadas no solo han sido suficientes, sino que de manera reiterada no han sido plenamente aprovechadas. Durante los años 2017 y 2018, con cuotas de 300 mil toneladas, los niveles de captura apenas alcanzaron el 42% y 54%, respectivamente. Incluso luego de su ajuste a 150 mil toneladas anuales, el nivel de cumplimiento promedio entre 2021 y 2023 se situó en torno al 75%.

Cuando se analiza el destino de la anchoveta capturada, surge una brecha difícil de soslayar. Considerando que cada tonelada puede generar aproximadamente 4,080 latas de conserva, los volúmenes desembarcados permitirían una producción anual superior a 150 millones de latas. Esta cifra supera incluso el volumen de conservas de atún que se comercializa en el país, que bordea los 137 millones de unidades. Sin embargo, dicha magnitud no se refleja en la oferta disponible en los distintos canales de venta, lo que evidencia una desconexión entre el potencial productivo y la realidad del mercado.

La explicación se encuentra, en buena medida, en el desvío de materia prima a lo largo de la cadena. En los últimos años se ha registrado una diferencia sostenida entre los volúmenes descargados y aquellos que efectivamente ingresan a planta, con un promedio superior a 32 mil toneladas anuales que no seguirían el circuito formal, según estimaciones sectoriales basadas en registros de desembarque y procesamiento del Ministerio de la Producción. De haberse transformado esta materia prima, incluso bajo supuestos conservadores de descarte, se habrían podido generar más de 100 millones de latas adicionales cada año para el mercado interno.

A ello se suma una dinámica creciente de exportación de anchoveta fresca hacia mercados vecinos. Entre 2019 y 2024, estos envíos pasaron de alrededor de 900 toneladas a cerca de 32 mil toneladas anuales. Solo en los primeros meses de 2025, más de 15 mil toneladas ya habían sido exportadas, representando aproximadamente el 40% de las descargas destinadas a consumo humano directo en ese periodo. Este comportamiento introduce interrogantes razonables sobre el destino final del recurso y su contribución efectiva a la generación de valor en el país.

El problema, sin embargo, no se limita a la fiscalización. El propio diseño regulatorio contempla márgenes de descarte que permite considerar hasta un 10% de merma en muelle y hasta un 40% de la materia prima en planta para ser destinada a harina residual. Estos incentivos no contribuyen a un uso eficiente del recurso y terminan debilitando el objetivo de fortalecer el consumo humano directo.

En este escenario, insistir en el incremento de cuotas como respuesta a las limitaciones del sector implica desatender la naturaleza del problema. La discusión de fondo no pasa por la disponibilidad del recurso, sino por la calidad de su aprovechamiento, la integridad de la cadena y la coherencia del marco regulatorio. Fortalecer los sistemas de trazabilidad y revisar los incentivos normativos aparecen como medidas más pertinentes para asegurar un uso eficiente del recurso.

Esta reflexión forma parte de una agenda sectorial más amplia que continúa pendiente. La lucha contra la pesca ilegal, el desarrollo de la pesquería de atún, la puesta en valor del potencial del sur, la promoción de nuevas pesquerías y el impulso a la acuicultura requieren una acción coherente y sostenida. El desafío consiste en construir una política pesquera que trascienda enfoques parciales y que, sobre la base de evidencia, sea capaz de generar valor, fortalecer la institucionalidad y proyectar al sector hacia el futuro.