El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente el habeas corpus presentado por el expresidente Pedro Castillo, con el que buscaba anular el mandato de prisión preventiva dictado en su contra en el marco de las investigaciones por presuntos actos de corrupción. La demanda, interpuesta por su defensa legal, cuestionaba las resoluciones judiciales emitidas en marzo de 2023 que ordenaron su reclusión por un periodo de 36 meses.
En su pronunciamiento, el máximo intérprete de la Constitución concluyó que no se advierten elementos de relevancia constitucional en la solicitud ni la existencia de una vulneración de derechos fundamentales que justifique la nulidad de las decisiones judiciales. En ese sentido, el TC determinó que las resoluciones cuestionadas fueron emitidas conforme al marco legal vigente.
Ratificación de prisión preventiva y ampliación
Con esta decisión, se mantiene vigente la prisión preventiva dictada contra el exmandatario, la cual fue inicialmente establecida por 36 meses como parte de la investigación preparatoria. Además, se ratifica la ampliación de esta medida por 12 meses adicionales, ordenada posteriormente por el Poder Judicial a solicitud del Ministerio Público.
Según informó RPP, la medida restrictiva de libertad se sustenta en las investigaciones que enfrenta Castillo por los casos Petroperú, Puente Tarata y el Ministerio de Vivienda, en los que se le atribuyen presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias agravado en perjuicio del Estado.
Investigaciones en curso
De acuerdo al citado medio, el Tribunal Constitucional también rechazó el pedido para anular la detención preliminar y la prisión preventiva dictadas contra el exjefe de Estado en el marco del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La defensa buscaba dejar sin efecto tanto las resoluciones judiciales como el inicio de las diligencias preliminares impulsadas por la Fiscalía de la Nación.
Sin embargo, el TC concluyó que estas medidas no afectan actualmente la libertad personal del exmandatario, por lo que no correspondía emitir un pronunciamiento de fondo. Asimismo, precisó que las actuaciones fiscales cuestionadas no implican una restricción directa al derecho a la libertad personal.
Situación judicial del exmandatario
El colegiado constitucional argumentó que, en parte de la demanda, se configuró la figura de la “sustracción de la materia”, debido a que las resoluciones impugnadas ya no tienen efectos jurídicos vigentes sobre la situación de Castillo. Por ello, consideró innecesario emitir un pronunciamiento adicional sobre dichos extremos.
Cabe recordar que el exmandatario fue condenado el 4 de diciembre por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para rebelión. Este antecedente se suma a las investigaciones en curso, que continúan su trámite en el sistema de justicia.
Nuevo abogado de Pedro Castillo
José Domingo Pérez, exfiscal reconocido por su participación en el Equipo Especial Lava Jato, anunció que asumió la defensa legal de Pedro Castillo, expresidente condenado a más de 11 años de prisión por conspiración para una rebelión tras el fallido autogolpe de 2022. Pérez sostuvo reuniones con Castillo en el penal Barbadillo y afirmó que el proceso contra el exmandatario estuvo marcado por irregularidades. Según el abogado, existe consenso entre especialistas internacionales sobre la condición de preso político de Castillo y señala que su principal objetivo es lograr su libertad.
El exfiscal criticó el desempeño del tribunal encargado del juicio de Castillo, al que acusó de parcialidad y de haber anticipado una sentencia. Pérez también indicó que él mismo se considera víctima de una supuesta “componenda mafiosa” en las instituciones estatales. Además, mencionó que recurrirá a recursos legales, incluida la consideración internacional de preso político, para apoyar la liberación de su defendido.
La designación de Pérez como abogado de Castillo generó reacciones políticas inmediatas. Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, calificó a Pérez de actor político con sesgo, alegando que su nueva función confirma su inclinación ideológica. Pérez, quien fue retirado en marzo de 2026 del Ministerio Público por decisión de la Junta Nacional de Justicia, enfrenta cuestionamientos sobre su desempeño fiscal y la estructura de sus acusaciones, lo que influyó en su salida de la Fiscalía.
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