En medio de procesos electorales, las empresas no solo enfrentan cambios en el entorno político y económico, sino también un aumento en amenazas menos visibles que impactan directamente su operación. Entre ellas, el fraude corporativo ha ganado terreno, impulsado por decisiones aceleradas y entornos de alta incertidumbre.
El contexto peruano refleja con claridad esta problemática. Un 41% de compañías reporta haber sufrido algún tipo de fraude en los últimos dos años, mientras que los ataques digitales y las modalidades de engaño continúan en ascenso, configurando un escenario donde los riesgos ya no se limitan al ámbito tecnológico, sino que alcanzan también la gestión de proveedores y contrataciones.
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Proveedores ficticios: una amenaza en expansión
Durante coyunturas como las elecciones presidenciales, las organizaciones suelen operar bajo presión, lo que acelera procesos internos y reduce los tiempos de evaluación. Según Vicente Cruz, CEO de Sheriff, esta urgencia abre espacio para esquemas fraudulentos que simulan formalidad para obtener pagos sin cumplir servicios.
“Las empresas toman decisiones más rápidas, ajustan presupuestos o activan campañas en tiempos reducidos. Esa urgencia es aprovechada por organizaciones o supuestos proveedores que simulan operar formalmente, pero cuyo único objetivo es captar adelantos o pagos sin entregar servicios reales”, explica.
Este tipo de fraude ha evolucionado más allá de los canales digitales tradicionales. Aunque persisten prácticas como la suplantación de identidad o el compromiso de correo empresarial (BEC), hoy también se identifican casos de empresas de fachada con registros legales vigentes, pero sin actividad real. Estas estructuras pueden presentar propuestas aparentemente legítimas, lo que dificulta su detección sin una revisión más exhaustiva.
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Sectores más expuestos y fallas en los controles
Las industrias vinculadas a campañas electorales —como marketing, logística, consultoría y organización de eventos— concentran un mayor nivel de exposición. En estos rubros, la necesidad de ejecutar acciones en plazos cortos puede llevar a omitir filtros clave en la selección de proveedores, incrementando la probabilidad de fraude operativo.
El crecimiento sostenido de los ciberdelitos en el país refuerza esta tendencia. Entre 2018 y 2022, las denuncias se multiplicaron por siete, superando las 22.000 en 2023, de acuerdo con la Policía Nacional del Perú. A ello se suman más de 748 millones de intentos de ciberataques registrados solo en el primer semestre de 2025, según FortiGuard Labs de Fortinet, lo que evidencia un entorno cada vez más desafiante para las empresas.
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Claves para prevenir pérdidas y fraudes
Frente a este escenario, los especialistas recomiendan fortalecer los procesos de verificación antes de cerrar acuerdos comerciales. No basta con confirmar la existencia legal de una empresa; es necesario comprobar que cuente con operaciones reales, historial financiero consistente y referencias verificables.
También se aconseja evitar pagos adelantados sin contratos sólidos o garantías claras, así como validar que los datos bancarios correspondan efectivamente al proveedor. Otra medida relevante es contrastar la información recibida con fuentes oficiales, en lugar de confiar únicamente en documentos proporcionados por la contraparte.
Para Cruz, la anticipación es determinante. “Hoy el fraude no siempre llega como un hackeo, sino como una propuesta comercial aparentemente legítima. Hay empresas que existen en papel, con RUC activo y presencia digital, pero sin operación real. Detectarlas requiere más que una validación superficial”, añade. En esa línea, advierte que “el gran reto hoy no es detectar el fraude, sino anticiparlo. Las empresas que incorporan procesos de validación como parte de su toma de decisiones no solo reducen riesgos, sino que operan con mayor eficiencia y confianza en entornos volátiles”.
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