La jornada del 31 de marzo instala un nuevo capítulo en la contienda electoral peruana con la realización del debate presidencial 2026 en el Centro de Convenciones de Lima. El evento reúne a doce aspirantes al cargo en un contexto marcado por la discusión sobre empleo, educación e innovación, ejes centrales para el electorado en la antesala de los comicios.
En ese escenario, la intervención de Keiko Fujimori introduce un elemento adicional al intercambio de propuestas. La candidata de Fuerza Popular no solo responde a una pregunta sobre la Amazonía y seguridad, sino que incorpora un episodio reciente ocurrido en la región Puno, lo que desplaza momentáneamente el foco del debate hacia un caso de violencia política.
En respuesta a una pregunta ciudadana sobre la protección de la Amazonía, la candidata señala: “Muy buenas noches. Nosotros no estamos de acuerdo con la ratificación de este acuerdo, porque creemos que lo más importante es la presencia del Estado en nuestra Amazonía: conectividad, la construcción de colegios y, por supuesto, como tú lo has dicho, la recuperación del orden y de la seguridad”. En ese mismo bloque, añade una referencia directa al caso ocurrido en Puno.
Fujimori afirma: “Pero ya que estamos hablando de orden y de seguridad, quiero también referirme a un hecho que el día de ayer hemos recibido a través de los medios de comunicación. Y es que un amigo nuestro, Fredy, en la, en la región de Puno, lamentablemente ha recibido golpes y azotes por el solo hecho de ser simpatizante y habernos recibido en su región. Esto no lo podemos tolerar. No podemos permitir de ninguna manera la violencia y menos por diferencias políticas”.
La mención introduce en el debate un episodio que, según reportes de medios locales, involucra al subprefecto distrital de Macarí, Fredy Condori Yucra. La candidata vincula el hecho con la necesidad de reforzar el orden interno y rechaza actos de violencia por motivos políticos.
Castigo al subprefecto en Macarí y reacción de las rondas campesinas
De acuerdo con información difundida por medios regionales, Condori Yucra fue sancionado por integrantes de las rondas campesinas del distrito de Macarí, en la región Puno. El castigo consistió en latigazos en la plaza pública, luego de que el funcionario participara en una actividad vinculada a la visita de Fujimori el 18 de marzo.
Las rondas campesinas justifican su accionar al señalar que el subprefecto vulneró el principio de neutralidad política exigido a las autoridades. Además, califican la presencia de la candidata como una visita realizada “a escondidas” y expresan rechazo a su ingreso en la jurisdicción.
En las imágenes de la visita, difundidas por distintos medios, aparece el subprefecto junto a Fujimori, lo que refuerza la versión de su participación en el encuentro. Este elemento resulta central en la decisión de las rondas, que ejercen funciones de vigilancia comunal en zonas rurales.
Rechazo de comunidades y contexto político en Puno
El episodio se inscribe en un contexto de tensión política en la región Puno. Representantes de comunidades quechuas y aymaras manifiestan previamente su rechazo a la presencia de Fujimori, al considerar su visita una falta de respeto. También advierten que no permitirán situaciones similares en el futuro.
Puno mantiene una relación conflictiva con sectores políticos asociados a decisiones adoptadas en el Congreso durante el gobierno de Dina Boluarte. En ese periodo, la región registra una de las respuestas más críticas frente a la represión de protestas sociales.
A ello se suma el antecedente de las denuncias de fraude electoral formuladas por Fujimori tras las elecciones en las que resultó vencedor Pedro Castillo. La candidata sostiene en ese momento cuestionamientos sobre mesas de votación en la región, lo que intensifica la distancia con parte de la población local.
Autoridades regionales evalúan el caso y cuestionan el castigo
El prefecto regional de Puno, Adolfo Pizarra, declara a medios locales que el subprefecto no debió participar en la actividad política, lo que abre la posibilidad de una evaluación administrativa sobre su conducta. Sin embargo, también cuestiona la forma en que las rondas campesinas aplican el castigo.
“Nosotros respetamos bastante a otras instituciones y organizaciones sociales sobre su trabajo. Sin embargo, tengo entendido que las rondas trabajan bajo una ley que les da la autonomía de apoyar a las autoridades en impartir la justicia”, señala Pizarra, según recogen medios locales.
El pronunciamiento introduce un matiz institucional al caso, al reconocer tanto la función de las rondas campesinas como los límites en su actuación. La situación expuesta en el debate presidencial instala así una discusión paralela sobre autoridad, legalidad y violencia en contextos electorales.
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