FMI advierte a Perú: inseguridad y minería ilegal ponen en riesgo a su crecimiento económico

El Fondo Monetario Internacional advierte que, pese a los sólidos fundamentos macroeconómicos, el país deberá aplicar ajustes fiscales, fortalecer sus instituciones y acelerar reformas estructurales para sostener el crecimiento en un entorno de mayor incertidumbre interna y externa

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La evaluación del organismo se enmarca en la consulta del Artículo IV correspondiente a 2026, llevada a cabo durante marzo.
La evaluación del organismo se enmarca en la consulta del Artículo IV correspondiente a 2026, llevada a cabo durante marzo. Foto: FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que, aunque la economía peruana mantiene una base macroeconómica sólida, enfrenta riesgos crecientes que podrían limitar su expansión en los próximos años. Entre los principales factores de preocupación figuran el deterioro de la seguridad ciudadana y el avance de la minería ilegal, fenómenos que impactan directamente en la inversión, la institucionalidad y el desempeño del mercado laboral.

El diagnóstico del organismo se da en el marco de la consulta del Artículo IV 2026, realizada en marzo, donde también se reconoce que el país viene de un 2025 con resultados positivos, tras crecer 3,4% impulsado por el consumo y el dinamismo de la inversión privada. No obstante, el escenario hacia adelante es más moderado: se proyecta una expansión de 2,8% en 2026, en un contexto externo menos favorable y con tensiones internas aún sin resolver.

Ajuste fiscal y eficiencia del gasto

Uno de los ejes centrales del informe es la necesidad de fortalecer la posición fiscal del país. Si bien el déficit se redujo a 2,2% del PBI el año pasado, el FMI advierte que aún existen presiones estructurales que obligarán a tomar medidas adicionales en los próximos años.

“Con las políticas actuales, se requeriría una consolidación de aproximadamente el 0,9% del PBI para 2028 a fin de cumplir con la meta de déficit a mediano plazo”, señaló el organismo. Para lograrlo, plantea racionalizar el gasto público, evitar iniciativas legislativas sin financiamiento y mejorar la calidad de la inversión estatal.

Asimismo, sugiere corregir ineficiencias en la gestión pública, incluyendo una revisión del crecimiento del empleo estatal y de las remuneraciones, además de optimizar los procesos de contratación para maximizar el impacto económico y social del gasto.

Uno de los puntos clave del informe es la urgencia de reforzar la solidez fiscal del país.
Uno de los puntos clave del informe es la urgencia de reforzar la solidez fiscal del país. Foto: Asocem

Reformas pendientes y rol de Petroperú

El FMI también puso énfasis en la necesidad de avanzar en reformas estructurales, tanto en el ámbito tributario como en empresas públicas. En el primer caso, considera que elevar la recaudación es clave para cerrar brechas en infraestructura, salud y educación, sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

En cuanto a Petroperú, el organismo insiste en que se debe continuar con los cambios orientados a mejorar su gobernanza y reducir costos. Esto ocurre en un contexto en el que el Gobierno ha anunciado una inyección de USD 146,3 millones (S/ 500 millones) para reforzar la operatividad de la empresa en sus principales refinerías.

El FMI advierte que cualquier apoyo estatal debe ser temporal, focalizado y diseñado de manera que no distorsione los precios del mercado energético ni genere riesgos fiscales adicionales.

Impacto de la inseguridad y la minería ilegal

Más allá de las variables fiscales, el organismo identifica amenazas estructurales que trascienden lo económico. La expansión de la minería ilegal, favorecida por los altos precios de los metales, se ha convertido en un factor que desalienta la inversión formal y debilita el marco institucional.

“La ambigüedad normativa en el proceso de formalización está permitiendo que los operadores ilegales se expandan con impunidad”, advierte el FMI. A ello se suma la persistencia de altos niveles de inseguridad, que afectan tanto la actividad empresarial como las condiciones sociales.

El crecimiento de la minería ilegal, impulsado por los elevados precios de los metales, se ha convertido en un elemento que frena la inversión formal y erosiona la institucionalidad.
El crecimiento de la minería ilegal, impulsado por los elevados precios de los metales, se ha convertido en un elemento que frena la inversión formal y erosiona la institucionalidad. Foto: CooperAcciónf

En este escenario, el organismo recomienda reforzar la capacidad del Estado en materia de seguridad, mejorar la fiscalización y fortalecer la lucha contra la corrupción. También considera clave cerrar vacíos legales y promover alternativas económicas en las zonas donde proliferan estas actividades ilícitas.

Sistema financiero y mercado de capitales

En el frente financiero, el FMI destaca que el sistema se mantiene estable, aunque alerta sobre medidas que podrían debilitarlo en el largo plazo. En particular, cuestiona los retiros de fondos de pensiones, al considerar que afectan la profundidad del mercado de capitales.

“Estos retiros recurrentes han reducido la rentabilidad de las carteras de las AFP”, indica el informe, al tiempo que advierte que la liquidación de activos y la migración hacia instrumentos más líquidos limitan la capacidad de financiamiento de largo plazo en la economía.

Perspectivas y hoja de ruta

Pese a los riesgos identificados, el organismo reconoce que el Perú cuenta con fortalezas importantes, como un nivel de deuda pública manejable, reservas internacionales elevadas y acceso a financiamiento en condiciones favorables.

Sin embargo, enfatiza que sostener el crecimiento requerirá decisiones oportunas. En ese sentido, señala que el proceso de adhesión a la OCDE puede servir como guía para implementar reformas que mejoren la productividad, reduzcan la informalidad y fortalezcan la institucionalidad.

La adhesión a la OCDE podría funcionar como una hoja de ruta para impulsar reformas orientadas a elevar la productividad, disminuir la informalidad y reforzar la institucionalidad.
La adhesión a la OCDE podría funcionar como una hoja de ruta para impulsar reformas orientadas a elevar la productividad, disminuir la informalidad y reforzar la institucionalidad. Foto: OCDE

El mensaje final es claro: sin avances en seguridad, control de actividades ilegales y disciplina fiscal, el país podría ver limitado su potencial de crecimiento en el mediano plazo.