Petroperú en pie de guerra: trabajadores defienden rescate y condenan exoneraciones al sector privado

El Frente de Sindicatos de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) reafirmó su demanda de derogatoria inmediata del Decreto de Urgencia 010-2025, a pesar de los anuncios recientes del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas de Petroperú el 16 de marzo de 2026.

Para la organización sindical, las medidas comunicadas por el Ejecutivo, orientadas a respaldar financieramente a la empresa y asegurar su continuidad operativa -como un nuevo rescate de 500 millones de soles para honrar sus compromisos de corto plazo-, no resuelven los riesgos estructurales que introduce el decreto.

Sindicatos consideran insuficientes las medidas económicas y administrativas

El FSTPP sostiene que las acciones para mejorar la liquidez, reorganizar la administración y optimizar la gestión de la compañía resultan insuficientes frente a lo que consideran un problema de fondo.

El gremio advierte que el contenido del DU 010-2025 compromete la gestión y la viabilidad de la empresa, además de presentar serios indicios de inconstitucionalidad.

Esta preocupación se ve reforzada por la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, lo que, a juicio de los sindicatos, muestra que no es posible sostener ninguna política de fortalecimiento empresarial sobre una base jurídica cuestionada.

Los trabajadores también cuestionan la diferencia en el tratamiento que reciben las empresas públicas y privadas. Señalan que el apoyo estatal a Petroperú suele presentarse como un “salvavidas”, mientras que los beneficios al sector privado se denominan “incentivos” o “fomento”, aunque impliquen importantes recursos públicos.

Según el FSTPP, este discurso desvaloriza la inversión estatal en activos estratégicos y debilita el rol de la empresa en el sector energético nacional.

¿Un decreto inconstitucional que recibe el apoyo del Gobierno?

Otra de las críticas presentadas apunta al destino de las utilidades. Toda utilidad generada por Petroperú, especialmente tras la modernización de la Refinería de Talara, retorna íntegramente al Estado y se destina a financiar servicios públicos como salud, educación e infraestructura.

En contraste, sostienen que los beneficios derivados de subsidios y exoneraciones tributarias al sector privado quedan en manos de los accionistas de esas empresas, sin un retorno equivalente para el erario nacional.

Además, advierten que diversos proyectos privados operan bajo esquemas con garantías soberanas, donde el Estado asume pérdidas en caso de fracaso, pero las utilidades quedan en el sector privado si el proyecto resulta exitoso.

El FSTPP subraya la importancia de distinguir entre inversión en activos y gasto tributario. La inversión en infraestructura, como la Nueva Refinería de Talara, se traduce en activos físicos y capacidad productiva que pertenecen al país.

En cambio, las exoneraciones tributarias representan ingresos que el Estado deja de percibir de manera recurrente, generando un impacto fiscal significativo que, según estimaciones sindicales, puede superar ampliamente los montos destinados a la empresa estatal.

Trabajadores cuestionan narrativa sobre el apoyo estatal a Petroperú

Finalmente, el sindicato advierte que el DU 010-2025 facilita procesos que podrían derivar en la cesión o privatización encubierta de los principales activos de Petroperú, debilitando su rol como actor clave en el abastecimiento de combustibles, especialmente en zonas donde la inversión privada no llega por falta de rentabilidad.

El sindicato sostiene que cualquier medida de apoyo económico o administrativo pierde eficacia si no se elimina previamente el marco normativo que, según su análisis, amenaza la integridad institucional y patrimonial de la empresa.

Recuerdan también que el actual presidente de la República, José María Balcázar, de las canteras de Perú Libre, figura como coautor de un proyecto de ley que plantea la eliminación de la norma. “La derogación inmediata del DU 010-2025 es una condición indispensable para la viabilidad y el futuro de Petroperú”, afirmó la organización.