El incumplimiento de la pensión de alimentos vuelve a encender las alertas en el Perú en pleno inicio del año escolar 2026, una etapa marcada por el incremento de gastos en matrículas, útiles, uniformes y otros requerimientos básicos para niñas, niños y adolescentes. En este contexto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) advirtió que la llamada omisión a la asistencia familiar no solo genera un impacto directo en el bienestar de los menores, sino que también configura un delito que puede derivar en sanciones penales.
La advertencia se da en un momento clave, cuando miles de familias dependen del cumplimiento de estas obligaciones para garantizar la continuidad educativa de sus hijos. Durante el programa “Consultorio Legal”, el defensor público Renato Pérez Corrales recordó que el pago de la pensión de alimentos no es una decisión voluntaria, sino un deber legal que busca proteger derechos fundamentales, especialmente en una etapa en la que los gastos familiares suelen incrementarse considerablemente.
¿Qué incluye la pensión de alimentos y por qué es clave para el desarrollo de los menores?
El concepto de derecho alimentario en el Perú es más amplio de lo que muchos creen. No se limita únicamente a la alimentación diaria, sino que abarca una serie de necesidades esenciales para el desarrollo integral de los menores. Entre ellas destacan la educación, salud, vestimenta, vivienda y recreación, elementos indispensables para garantizar condiciones de vida adecuadas.
En ese sentido, el incumplimiento de la pensión de alimentos no solo representa una falta económica, sino también una vulneración directa de derechos básicos. Esto cobra mayor relevancia en el contexto del regreso a clases, donde los gastos escolares pueden convertirse en una barrera para muchas familias si no cuentan con el respaldo económico correspondiente.
El defensor público explicó que, cuando existe una orden judicial que fija una pensión, esta debe cumplirse de manera obligatoria. En caso contrario, se activa un proceso legal que puede escalar rápidamente. “El no cumplir con el pago de las pensiones devengadas e intereses legales, se encuentra previsto y sancionado por el artículo 149° del Código Penal, en la cual se establecen escalas punitivas desde los tres hasta los seis años de pena privativa de libertad, dependiendo del caso”, detalló.
Además, precisó que los montos adeudados no solo incluyen las cuotas mensuales no pagadas, sino también los intereses acumulados, lo que puede incrementar significativamente la deuda total del obligado.
Omisión de asistencia familiar: penas de cárcel y cómo acceder a defensa legal gratuita
La legislación peruana establece medidas claras frente a la omisión de asistencia familiar, que pueden incluir desde sanciones económicas hasta penas de cárcel. En muchos casos, el Poder Judicial opta inicialmente por imponer una pena suspendida, lo que significa que el deudor no ingresa de inmediato a prisión, siempre que cumpla ciertas condiciones.
Entre estas reglas de conducta figura el pago de la deuda de manera fraccionada, conforme a lo establecido en el Código Penal. Sin embargo, si el obligado incumple nuevamente, el juez puede revocar este beneficio y ordenar el cumplimiento efectivo de la pena privativa de la libertad.
Este escenario no solo implica consecuencias legales, sino también un impacto directo en la vida de los menores. La falta de pago de la pensión de alimentos puede traducirse en limitaciones para acceder a servicios básicos, afectando su rendimiento escolar, su salud y su desarrollo emocional.
Frente a estas situaciones, el MINJUSDH recordó que existe la Defensa Pública, un servicio gratuito que brinda asesoría y patrocinio legal a las personas que enfrentan casos de incumplimiento de pensión de alimentos. Este servicio está disponible tanto para quienes buscan hacer valer el derecho de los menores como para quienes requieren orientación sobre sus obligaciones legales.
Las madres, padres o tutores pueden comunicarse a la línea 1884 para recibir información inmediata o acudir a cualquiera de las más de 405 sedes de la Defensa Pública distribuidas en todo el país. Allí podrán iniciar acciones legales, recibir acompañamiento durante el proceso judicial y resolver dudas relacionadas con la omisión de asistencia familiar.
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