La crisis del gas en Perú continúa generando repercusiones en distintos sectores del país. A los cambios en la modalidad escolar, el teletrabajo y las largas filas en estaciones de servicio se suma ahora una nueva fase de fiscalización estatal para evitar que la emergencia sea aprovechada por algunos actores del mercado para elevar precios de forma injustificada.
En este contexto, el Indecopi decidió poner a disposición del Ministerio Público información recopilada durante cientos de fiscalizaciones realizadas en las últimas semanas en todo el país. Los datos incluyen inspecciones en grifos, estaciones de servicio, mercados y centros de venta de GLP, además del registro de reclamos ciudadanos y reportes sobre la evolución de los precios en medio del racionamiento de combustibles.
Indecopi entrega información a Fiscalía por presunto acaparamiento y especulación
La Secretaría Técnica de la Comisión de Protección del Consumidor N.° 3 del Indecopi informó que remitió al Ministerio Público los resultados de diversos monitoreos de mercado relacionados con el incremento del precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y de combustibles en general. Estos informes buscan determinar si las variaciones detectadas podrían estar vinculadas a presuntos casos de acaparamiento o especulación.
Entre la documentación entregada figura el monitoreo realizado en grifos y estaciones de servicio de Lima entre el 6 y el 10 de marzo, periodo en el que se registraron variaciones significativas en los precios al consumidor. Asimismo, se incluyó el documento denominado “Reporte de monitoreo del mercado de combustibles N.° 2, evolución de precios y condiciones de competencia”, elaborado por la Dirección de Libre Competencia de la entidad.
Este informe analiza el comportamiento del mercado minorista del GLP entre el 26 de febrero y el 8 de marzo de 2026, periodo en el que se detectó una variación en los precios que ahora será evaluada por la Fiscalía. La remisión de esta información se sustenta en el artículo 33 del Código Penal, que tipifica el delito de acaparamiento, así como en los artículos 234 y 235, relacionados con los delitos de especulación, adulteración y alteración de pesos y medidas.
Con esta medida, el Indecopi busca que el Ministerio Público determine si existen elementos suficientes para iniciar investigaciones penales contra quienes podrían haber aprovechado la emergencia energética para obtener beneficios indebidos en perjuicio de los consumidores.
Las autoridades recordaron que, según la legislación vigente, el delito de especulación puede implicar penas de cárcel cuando se comprueba que un proveedor incrementó de manera injustificada el precio de productos esenciales durante situaciones de escasez o emergencia.
Intensifican operativos en grifos y puntos de venta de balones de gas
Mientras se evalúan las posibles responsabilidades penales, las autoridades anunciaron que los operativos de fiscalización se intensificarán desde hoy en estaciones de servicio y centros de venta de balones de gas en distintas regiones del país.
Estas intervenciones se realizan mediante operativos multisectoriales en los que participan diversas entidades del Estado, entre ellas el Ministerio Público, Osinergmin, Sunat, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Justicia. El objetivo es verificar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor y evitar irregularidades en la comercialización de combustibles.
Las inspecciones incluyen la verificación de precios exhibidos en grifos, la disponibilidad de balones de GLP, la revisión de comprobantes de venta y el análisis de las condiciones de competencia en el mercado energético.
Según informó el Indecopi, estas acciones forman parte de una estrategia de supervisión implementada desde el inicio de la emergencia provocada por el racionamiento de combustibles, situación que se originó tras los problemas registrados en la planta de gas de Megantoni, infraestructura clave para el abastecimiento energético del país.
Desde entonces, la Dirección de Fiscalización del Indecopi viene ejecutando supervisiones en distintas regiones con el objetivo de garantizar que los proveedores cumplan lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.
En paralelo, la entidad también abrió un expediente de indagación en materia de libre competencia para recopilar información adicional que permita determinar si existen indicios de prácticas anticompetitivas.
Entre las conductas que se investigan se encuentran posibles acuerdos entre empresas competidoras para fijar precios, restringir la oferta o repartirse el mercado, acciones que están prohibidas por la legislación peruana.
Las autoridades indicaron que el monitoreo continuará en los próximos días debido a la alta sensibilidad del mercado energético y al impacto que la crisis del gas natural y el GLP está teniendo en el transporte, el comercio y las actividades cotidianas de miles de ciudadanos.
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