El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú - Petroperú S.A. (STAPP) advirtió que una eventual privatización o segmentación de activos de la petrolera limitaría significativamente la capacidad del Estado para intervenir y contener el impacto de las subidas internacionales en el precio del petróleo y los combustibles refinados.
En un escenario marcado por las tensiones internacionales en Oriente Medio y la rotura del ducto de Camisea, los trabajadores de la estatal remarcaron que el país quedaría más expuesto a la volatilidad energética sin una empresa pública fuerte.
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Petroperú, entre la privatización y la contención del shock energético
El sindicato alertó que este contexto internacional y local se agrava por el proceso de reestructuración liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través del Decreto de Urgencia N.º 010-2025, que propone nuevas reglas para el manejo financiero y operativo de Petroperú, además de la posible venta o fragmentación de activos.
El STAPP recordó que una de las funciones esenciales de la empresa estatal es garantizar el abastecimiento interno de combustibles, algo que sigue cumpliendo a pesar de enfrentar problemas de deuda de corto plazo que condicionan la importación de crudo para el complejo de Talara.
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En este sentido, exigió medidas inmediatas y concretas para evitar el desmantelamiento de Petroperú y garantizar que el país no quede a merced de la volatilidad global. A detalle, el sindicato exigió:
- Un respaldo estatal condicionado a metas verificables de eficiencia, disciplina de gasto y recuperación de caja, para estabilizar la empresa sin convertir el apoyo en un cheque en blanco.
- Un reperfilamiento ordenado de la deuda, negociando con tenedores de bonos bajo estándares internacionales para aliviar la presión inmediata de liquidez y evitar escenarios de litigio que puedan afectar la reputación crediticia del país.
- Un modelo de gobernanza técnica y estable, inspirado en el Banco Central de Reserva del Perú, con directivos y gerentes con experiencia real en hidrocarburos, refinación y finanzas corporativas, ajeno a interferencias políticas.
- La creación de una mesa técnica de alto nivel, con participación del MEF, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Petroperú y acreedores, para articular una hoja de ruta con metas trimestrales y comunicación transparente al mercado.
Camisea: una emergencia que reveló la fragilidad del sistema eléctrico
El sindicato fundamenta su postura en los recientes hechos que expusieron la fragilidad del sistema energético nacional. La deflagración ocurrida el 1 de marzo en el ducto de líquidos de gas natural en Megantoni, Cusco, obligó a paralizar el transporte de gas desde Camisea.
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El MINEM declaró emergencia energética por 14 días, priorizando el gas para hogares, transporte público y servicios esenciales. Las principales termoeléctricas que abastecen a Lima y la costa tuvieron que migrar al diésel o reducir operaciones.
Tal situación llevó el precio mayorista de la electricidad a superar los 200 dólares por megavatio-hora, muy por encima del promedio habitual de 30 a 40 dólares, según registros del COES, y generó presiones en toda la cadena productiva y de consumo.
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Oriente Medio y Ormuz: la geopolítica que encarece la energía en el Perú
En paralelo, remarcó que la guerra entre Israel, Irán y la intervención de Estados Unidos en Medio Oriente ha reconfigurado el mercado energético global.
Las tensiones en torno al Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, elevaron el precio del Brent por encima de los 80 dólares por barril, con proyecciones que lo sitúan entre 90 y 100 dólares si el conflicto escala.
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Para un país importador de combustibles refinados como Perú, esto implica mayores costos de gasolina y diésel, presión inflacionaria y deterioro de la balanza comercial energética.
STAPP: Soberanía energética en cuestión ante la pérdida de presencia estatal
Finalmente, el comunicado advierte que el impacto económico ya se siente en forma de alza de precios en el transporte y los alimentos, menores márgenes y competitividad para la industria y la minería, y riesgos fiscales derivados de posibles subsidios o mecanismos de estabilización.
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El STAPP anticipó que, sin una empresa estatal fuerte, Perú perdería capacidad de respuesta ante la volatilidad internacional y quedaría sin herramientas para garantizar la seguridad y la soberanía energética en escenarios de crisis.
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