Ciudades sucias, cuentas impagas: La morosidad que está hundiendo el servicio de limpieza pública

El servicio de limpieza pública —financiado principalmente por los arbitrios municipales pagados por los contribuyentes— enfrenta hoy una crisis estructural derivada de niveles críticos de morosidad que, en numerosos sectores urbanos, superan el 70 % y en distritos de Lima como Pachacámac y San Juan de Lurigancho alcanzan cifras superiores al 80 %, de acuerdo con análisis de tasas municipales y estudios sobre la prestación del servicio de residuos sólidos. Esta situación no constituye una simple debilidad administrativa, sino un factor que compromete directamente la sostenibilidad financiera de un servicio esencial para la salud pública, el ambiente urbano y la calidad de vida colectiva.

La morosidad no es solo un dato contable: es una variable estructural que condiciona la capacidad operativa de los gobiernos locales para sostener el barrido, la recolección, el transporte y la disposición final de residuos. Cuando una proporción significativa de vecinos incumple, se reduce la frecuencia del servicio, se posterga el mantenimiento de equipos, se deteriora la infraestructura y se debilita la planificación. El resultado es visible: acumulación de residuos, focos de contaminación, riesgos sanitarios y una erosión progresiva de la confianza ciudadana en las instituciones.

Los servicios públicos de calidad, en particular la limpieza urbana, cumplen además una función simbólica y social: construyen identidad, sentido de pertenencia y orgullo por el espacio común. Una ciudad limpia transmite orden, seguridad y cuidado colectivo; una ciudad sucia comunica abandono institucional y desinterés social. Cuando el entorno urbano se degrada, se refuerza una cultura de indiferencia donde algunos ciudadanos dejan de sentirse corresponsables del financiamiento de un servicio que consideran «de todos», pero que en la práctica pocos sostienen. Así, el deterioro físico del espacio público se convierte también en deterioro del vínculo cívico.

Este fenómeno tiene, asimismo, una dimensión psicológica y conductual. Cuando no existe un vínculo claro entre el pago y la calidad del servicio, se instala la percepción de que la obligación no es vinculante. Surge entonces una lógica de evasión racionalizada: «otros pagarán» o «igual recogerán los residuos». Esta conducta rompe el contrato social entre contribuyentes y autoridades y genera una inequidad estructural: quienes cumplen subsidian a quienes no lo hacen, mientras el sistema en su conjunto se debilita. Se configura así un círculo vicioso donde la baja calidad percibida reduce la disposición a pagar, y la menor recaudación reduce aún más la calidad.

La experiencia internacional demuestra que este problema puede enfrentarse mediante esquemas que vinculan explícitamente pago y prestación. Modelos como el «Pay-As-You-Throw» (pago por generación), aplicados en ciudades de Estados Unidos y Europa, establecen tarifas proporcionales a la cantidad de residuos producidos, incorporando el principio «quien contamina, paga» y generando incentivos tanto para cumplir con el pago como para reducir la generación de residuos. Asimismo, municipios europeos han implementado sistemas tarifarios mixtos, estructuras de costos transparentes y mecanismos de facturación diferenciada que mejoran la eficiencia, aumentan la participación ciudadana y fortalecen la legitimidad del sistema de financiamiento.

Desde la perspectiva del comportamiento individual, dejar de pagar la tasa de limpieza pública no constituye un «ahorro», sino un costo evitado que se transforma en deterioro colectivo. El monto anual impago puede equivaler al valor de 70 a 100 consumos de cerveza (considerando precios entre S/ 8.00 y S/ 12.00 por unidad). Mientras ese gasto privado se disipa en un consumo inmediato, el no pago del servicio se traduce en menor frecuencia de recojo, calles más sucias, focos de contaminación y pérdida de calidad de vida. El costo no desaparece: se traslada a la ciudad en forma de residuos, desorden y riesgos sanitarios.

Técnicamente, la limpieza pública debe entenderse como un sistema socio-técnico cuya estabilidad depende del equilibrio entre financiamiento predecible, gestión operativa eficiente y comportamiento ciudadano responsable. Sin ingresos suficientes y regulares, los municipios no pueden sostener contratos, renovar flota, invertir en infraestructura ni planificar a mediano plazo. La morosidad introduce volatilidad financiera, compromete la continuidad operativa y reduce la resiliencia del servicio frente a emergencias sanitarias o ambientales.

En este contexto, las propuestas para mejorar el pago deben abordarse desde un enfoque integral de gestión pública. La evidencia indica que la recaudación mejora cuando el sistema combina simplicidad administrativa, legitimidad social y percepción de retorno tangible. En primer lugar, la simplificación y digitalización de los mecanismos de pago reducen costos de transacción, tiempos de espera y barreras operativas que muchas veces desalientan el cumplimiento, especialmente en sectores de alta informalidad. En segundo lugar, los esquemas tarifarios deben orientarse hacia mayor equidad, incorporando variables como características prediales, niveles de generación de residuos y capacidad contributiva, de modo que el ciudadano perciba justicia en la determinación del monto. En tercer lugar, los incentivos positivos han mostrado efectividad: descuentos por pronto pago, facilidades de fraccionamiento, beneficios asociados a la separación en fuente o reconocimiento público a contribuyentes cumplidos refuerzan normas sociales de cumplimiento. En cuarto lugar, la transparencia activa cumple un rol crítico. Cuando el municipio comunica con claridad cuánto cuesta el servicio, cómo se distribuyen los recursos y qué mejoras concretas se financian con los arbitrios, se fortalece la legitimidad del cobro y se reduce la percepción de arbitrariedad. Finalmente, la educación ciudadana sostenida en el tiempo permite consolidar la idea de que el pago no es solo una obligación legal, sino una contribución directa al bienestar colectivo.

Por ello, desde un enfoque de política pública, no bastan exhortaciones genéricas a la cultura tributaria. Se requiere una intervención institucional deliberada que fortalezca la cobranza efectiva, incorpore herramientas modernas de gestión tributaria local, asegure transparencia en la estructura de costos y desarrolle estrategias sistemáticas de educación y comunicación ciudadana que expliquen la relación directa entre el pago del arbitrio y la calidad del servicio recibido. Solo así puede restablecerse la legitimidad del sistema y el contrato implícito entre municipio y vecino.

La morosidad en el pago de arbitrios no es un problema menor ni exclusivamente técnico: es una expresión de fragilidad institucional y de debilitamiento del compromiso cívico. Revertirla exige corresponsabilidad social, innovación en los modelos de financiamiento y liderazgo municipal con visión de sostenibilidad. Porque una ciudad limpia no es solo el resultado de camiones recolectores en la calle, sino de ciudadanos que entienden que pagar por los servicios públicos es parte esencial de construir la ciudad en la que desean vivir.