En pleno proceso electoral rumbo al periodo 2026–2031, la minería ilegal comienza a posicionarse como un eje de debate público ante la ausencia de propuestas claras y consistentes en buena parte de los planes de gobierno. Este jueves 5 de marzo, el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), en coordinación con el Colegio de Ingenieros del Perú – Capítulo de Ingeniería Ambiental, realizará un foro técnico que analizará cómo las organizaciones políticas abordan esta problemática en sus propuestas electorales.
El evento, titulado “La minería ilegal e informal en los planes de gobierno 2026–2031”, se desarrollará de 8:30 a. m. a 1:00 p. m. en la sede del Colegio de Ingenieros del Perú, en San Isidro, y busca abrir un espacio de evaluación técnica y discusión pública sobre una actividad ilícita que hoy se extiende a casi todas las regiones del país.
Un problema que se expande y se consolida
La minería ilegal se ha convertido en una de las principales economías ilícitas del Perú. Su expansión está asociada al aumento sostenido del precio internacional del oro, a la debilidad del Estado en zonas rurales y amazónicas, y a la presencia de redes criminales que articulan esta actividad con delitos como la trata de personas, el tráfico de insumos químicos, la evasión tributaria y el lavado de activos.
Según informes oficiales y de la sociedad civil, esta actividad afecta de manera directa a regiones como Madre de Dios, Puno, La Libertad, Cusco, Ucayali, Amazonas y Loreto, generando graves impactos ambientales —como la deforestación y la contaminación por mercurio—, además de conflictos sociales y amenazas a defensores ambientales e indígenas.
Pese a esta magnitud, el abordaje político del problema sigue siendo fragmentado y, en muchos casos, superficial.
¿Qué dicen —y qué no dicen— los planes de gobierno?
Durante el foro se presentará un estudio del OMI que analiza los 36 planes de gobierno inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones. El documento revisa de manera sistemática las propuestas vinculadas a la lucha contra la minería ilegal, la formalización minera, la fiscalización ambiental y la articulación intersectorial del Estado.
De acuerdo con los organizadores, el análisis revela que una parte significativa de los partidos no menciona la minería ilegal o lo hace de forma genérica, sin diagnósticos claros, metas concretas ni mecanismos de implementación. En otros casos, se identifican propuestas que priorizan únicamente la formalización, sin abordar las estructuras criminales que sostienen esta economía ilegal.
Esta brecha entre la gravedad del problema y la respuesta política planteada es uno de los principales hallazgos que se pondrán en discusión.
Convocatoria a candidaturas presidenciales
El foro ha convocado a candidatos y candidatas presidenciales de todas las organizaciones políticas inscritas, con el objetivo de conocer de primera mano sus propuestas y compromisos frente a la minería ilegal y la informalidad minera.
La iniciativa busca que las candidaturas no solo expongan posiciones generales, sino que dialoguen con insumos técnicos elaborados desde la sociedad civil y sectores especializados, en un momento clave de definición programática.
Voces desde distintos sectores
El encuentro contará con un panel de especialistas provenientes de la sociedad civil, la academia, el sector privado, pueblos indígenas, organizaciones religiosas y medios de comunicación. Desde estas miradas se analizará el impacto actual de la minería ilegal en el país y las expectativas frente al próximo Gobierno.
Además, el OMI presentará una serie de propuestas colectivas orientadas a fortalecer la respuesta estatal desde un enfoque integral, que articule control territorial, fiscalización efectiva, procesos de formalización viables, recuperación ambiental y alternativas económicas sostenibles para las poblaciones afectadas.
Un insumo para el seguimiento ciudadano
El foro también busca convertirse en una herramienta para el trabajo periodístico y el control ciudadano, al permitir identificar qué organizaciones políticas han incorporado la lucha contra la minería ilegal como una prioridad real y cuáles mantienen enfoques ambiguos o insuficientes.
Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través de este enlace.
En un país donde la minería ilegal continúa expandiéndose y consolidándose como un problema estructural, el ingreso de este tema al debate electoral marca un punto de inflexión. Lo que se discuta —y se omita— en esta etapa será clave para definir la capacidad del próximo Gobierno de enfrentar una de las mayores amenazas ambientales, sociales y de seguridad del Perú.
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