A 190 millas frente a las costas de Talara y Máncora, en el límite de las 200 millas marítimas del Perú, una embarcación ligera surcaba el Pacífico con una carga que superaba cualquier apariencia de faena pesquera. No transportaba redes ni hielo para conservar pescado. En su interior viajaban 2,4 toneladas de clorhidrato de cocaína, distribuidas con precisión en compartimentos ocultos.
El operativo, ejecutado por equipos de inteligencia de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional y la Marina de Guerra del Perú, permitió interceptar la nave en altamar. La cifra marcó el mayor decomiso de droga en aguas peruanas de los últimos años. Cada bloque prensado formaba parte de un engranaje mayor que apunta a organizaciones criminales de alcance internacional.
Los tres tripulantes no eran improvisados. Registros judiciales en distintos países los vinculan con condenas previas por tráfico internacional de drogas. Pese a antecedentes en Estados Unidos y Costa Rica, volvieron al mar con una carga valorada en millones de dólares, en una ruta que, según los investigadores, buscaba conectar Sudamérica con México y luego con territorio estadounidense.
La ruta y el cargamento
El punto de interdicción se ubicó en una zona estratégica. Según las autoridades, estas embarcaciones navegan “muy pegadito a nuestras doscientas millas”, de modo que, ante una persecución, solo necesitan cruzar a aguas internacionales para escapar de la jurisdicción peruana.
En la lancha se hallaron 106 sacos de rafia blanca. Cada uno contenía 20 bloques compactos de cocaína. El embalaje repetía un patrón: rafia exterior, malla ajustada con ganchos y plástico transparente envolviendo los ladrillos. Un agente fue retirando capa por capa hasta dejar al descubierto la sustancia ilícita.
El general PNP (r) José Arturo Ludeña sostuvo: “Yo podría asegurar que esta droga estaba destinada para el cártel mexicano. En realidad, Sinaloa, Nueva Generación, algunos de los que están vigentes”. La hipótesis enlaza el cargamento con estructuras como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización asociada a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.
Tripulantes con antecedentes
Uno de los detenidos es Ramón Alfredo Catuto Tomala. El 21 de febrero de 2019 recibió una sentencia de ocho años de prisión por transporte y posesión de drogas para tráfico internacional. En 2021 solicitó extradición a Ecuador. Su salida anticipada no marcó un retiro del delito. Volvió al mar con toneladas de cocaína.
En la embarcación también viajaba Enrique Manuel Mero Mero, de 49 años, condenado en 2017 por un tribunal de Estados Unidos por tenencia de cocaína. El tercer tripulante, Martires Liborio Serrano Chiquito, fue capturado en 2018 en Estados Unidos con cinco kilos de cocaína y luego obtuvo su libertad tras un acuerdo de culpabilidad.
Para Ludeña, estos perfiles responden a una lógica operativa definida: “Son personas que conocen de estas travesías en alta mar y entonces son captadas por estas organizaciones y su trabajo es el de trasladar la mercancía hacia un punto determinado”. No se trata de pescadores sin experiencia, sino de navegantes que dominan rutas, tiempos y puntos de relevo.
La ingeniería de la narcolancha
La embarcación presentaba compartimentos ocultos en cabinas y baño. Un especialista en lanchas explicó: “No hay tanto espacio, pero si usted minuciosamente se sienta a levantar parte por parte, tiene mucho espacio”. Bajo asientos y paneles existían espacios diseñados para ocultar la carga sin alterar la apariencia exterior.
La potencia también formaba parte del plan. Según el general Ludeña, estas lanchas “pueden desarrollar fácilmente los más de cien kilómetros por hora”. Un experto añadió que con tres motores fuera de borda de 200 caballos cada uno, la nave alcanza 600 caballos de fuerza, lo que dificulta la persecución por patrulleras convencionales.
La magnitud del decomiso obligó al traslado aéreo de la droga. Más de diez agentes cargaron los sacos hasta una aeronave policial. La cifra, cercana a los 12 millones de dólares en valor estimado, revela la dimensión del envío y la estructura financiera detrás.
Las autoridades sostienen que la captura solo expone a los transportistas. Los financiadores y destinatarios permanecen fuera de alcance. La orden, según fuentes policiales, es identificar a quienes coordinan la operación desde México y otros puntos del continente.
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