Desterrando mitos energéticos

En el debate energético peruano se han instalado cuatro mitos que cuestionan el rol del gas natural en la generación eléctrica. Muchos de ellos, sin embargo, se sostienen en falacias, comparaciones incompletas o diagnósticos que omiten variables esenciales del funcionamiento del sistema eléctrico. Desmontarlos es clave para entender por qué el gas natural no es un obstáculo, sino un componente estratégico de la transición energética del Perú.

El primer mito afirma que el país enfrenta una inminente escasez de gas natural, pues al 2025 las reservas desarrolladas solo cubrirían 13 años de consumo y la producción estaría al límite. Esta narrativa ignora un dato central: hoy el Perú reinyecta alrededor de 300 millones de pies cúbicos diarios, porque no existe demanda suficiente para absorber toda la oferta disponible. La eventual estrechez futura no es producto de un agotamiento geológico, sino del estancamiento en exploración y desarrollo de nuevos campos. Existen recursos contingentes significativos —3,13 trillones de pies cúbicos (TCF) en el lote 58 y 2,10 TCF en Madre de Dios— que podrían incorporarse si se generan condiciones adecuadas de inversión. Por eso, presentar el panorama como una “cuenta regresiva” inevitable distorsiona el debate y desalienta decisiones racionales de política energética.

El segundo mito sostiene que, dado que los picos de consumo ahora ocurren durante el día y coinciden con la mayor disponibilidad solar, el gas natural sería prescindible. Esta afirmación confunde energía con potencia. Un sistema eléctrico no solo requiere producir electricidad en términos de megavatios-hora, sino que necesita garantizar capacidad firme en todo momento para evitar apagones. La energía solar tiene potencia firme prácticamente nula en las horas punta nocturnas. Incluso en sistemas con alta penetración renovable, la variabilidad horaria y estacional exige respaldo flexible. El gas natural cumple ese rol con rapidez de arranque y capacidad de regulación que otras tecnologías aún no pueden ofrecer a gran escala en el país. Además, su operación permite integrar mayores volúmenes de energía solar y eólica sin comprometer la estabilidad del sistema.

El tercer mito acusa que la regulación favorece a las termoeléctricas y bloquea la expansión renovable, pese a que la evidencia objetiva muestra lo contrario. Según el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES), más del 90% de los proyectos de generación en cartera corresponden a energía solar y eólica. Desde el año 2021, el crecimiento de los recursos energéticos renovables no convencionales se ha acelerado en régimen de libre desarrollo, sin necesidad de subastas específicas. Solo hasta el 2033 existen más de 27.000 MW en cartera, de los cuales casi el 90% son proyectos solares y eólicos. Esto evidencia que el mercado renovable peruano ha alcanzado madurez y competitividad.

Es importante recordar que la primera etapa de crecimiento renovable se apoyó en subastas con incentivos, contratos a precio fijo y prioridad de despacho. Esa política cumplió su objetivo inicial de introducir nuevas tecnologías, pero hoy la dinámica es distinta: la expansión responde principalmente a iniciativas privadas y señales de mercado. Argumentar que el gas impide la entrada de energías renovables desconoce esta realidad. De hecho, contar con respaldo térmico confiable reduce el riesgo sistémico y facilita la integración de fuentes intermitentes.

Un cuarto mito sostiene que, sin mayor intervencionismo estatal, las renovables no despegarían y que el esquema anterior era una “barrera insalvable”. Sin embargo, antes de los recientes cambios regulatorios, las renovables ya crecían a tasas superiores al 20% anual. La discusión sobre la “potencia firme cero” de la energía solar nunca implicó una prohibición legal absoluta, pues la normativa permitía comprar potencia a terceros. Es decir, el debate era económico, no jurídico. Forzar la regulación para favorecer explícitamente a una tecnología específica rompe el principio de neutralidad tecnológica, pilar de mercados eficientes y competitivos.

Además, la historia reciente demuestra que el gas natural fue el motor de la primera gran transición energética del país. El desarrollo de Camisea implicó un subsidio inicial cercano a los USD 370 millones, pero sus beneficios fueron sustanciales: aportes estimados de S/ 200.000 millones al PBI y una reducción de emisiones del 21% en el sector eléctrico. El gas permitió sustituir combustibles líquidos más caros y contaminantes, reducir tarifas y mejorar la competitividad industrial. Ignorar este precedente exitoso conduce a visiones simplistas sobre el rol de los hidrocarburos en la transición.

Finalmente, se afirma que mantener el sistema anclado al gas expone al país a vulnerabilidades mayores que una transición acelerada. Pero desmantelar el 40% de la generación a gas implicaría más de S/ 16.000 millones en reemplazo de infraestructura, además de afectar regalías que financian presupuestos regionales. Una transición energética responsable debe considerar no solo metas ambientales, sino también seguridad energética, estabilidad fiscal y costos para los usuarios.

El Perú enfrenta el desafío de descarbonizar su matriz energética sin sacrificar confiabilidad ni competitividad. Las energías renovables no convencionales están creciendo con fuerza y deben seguir haciéndolo. Pero la evidencia técnica y económica indica que el gas natural cumple un rol complementario indispensable: aporta flexibilidad, potencia firme, menores emisiones frente a otros fósiles y recursos fiscales para el desarrollo regional.

La transición energética debe ser un proceso ordenado. En el caso peruano, el camino más realista y responsable es uno que combine el despliegue masivo de energía solar y eólica con el respaldo eficiente del gas natural. Debemos entender que, lejos de ser el problema, el gas es parte esencial de la solución.