Defensa de José Balcázar asegura que peritaje niega perjuicio económico contra Colegio de Abogados de Lambayeque

El abogado del nuevo presidente José María Balcázar, aseguró que un peritaje realizado en el marco de la investigación por presunta apropiación de fondos durante su gestión como decano del Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) determinó que no existió perjuicio económico para la entidad.

El abogado Víctor Pariona, encargado de la defensa legal del mandatario, precisó que el informe pericial concluye que el Colegio de Abogados de Lambayeque no sufrió ninguna pérdida financiera durante el período de gestión de Balcázar en 2019. “En el expediente existe un informe, un peritaje, que determina que el Colegio no sufrió ninguna clase de perjuicio económico”, sostuvo el letrado para RPP.

Juicio oral inicia en junio

El presidente Balcázar ha sido citado a declarar el próximo 16 de junio, dentro del proceso que investiga los hechos ocurridos hace cuatro años. Según la notificación, el mandatario podrá presentarse de manera presencial o virtual, bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz en caso de inasistencia injustificada.

Pariona indicó que aún no ha conversado directamente con Balcázar sobre esta citación, pero remarcó que el presidente siempre ha acudido a las audiencias a las que fue convocado en otras oportunidades. “No será la excepción en esta ocasión”, aseguró para el citado medio. La diligencia se realizará dentro del marco del procedimiento regular y no está vinculada con su reciente designación como jefe de Estado.

Independencia del proceso judicial

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque informó que la notificación a José Balcázar se realizó de manera válida y que la investigación se lleva a cabo con autonomía funcional del órgano jurisdiccional. Esto significa que las acusaciones y el seguimiento del caso no dependen del cargo actual del investigado y se ejecutan conforme a la ley.

El caso mantiene abierta la posibilidad de que se presenten nuevas diligencias y testimonios para completar el análisis de los hechos denunciados, aunque el peritaje ya presentado representa un argumento clave para la defensa del mandatario.

Compromiso con el proceso

La defensa de Balcázar enfatizó que el presidente continuará cumpliendo con todas las citaciones judiciales y colaborará con la justicia para aclarar la situación. El informe pericial será parte del expediente oficial y servirá para sustentar la posición del mandatario frente a las acusaciones que se le imputan.

El caso continúa bajo seguimiento de las autoridades judiciales de Lambayeque, mientras el presidente mantiene sus funciones al frente del Ejecutivo, en paralelo con el desarrollo del proceso legal.

Presunta apropiación ilícita

El presidente encargado de la República, para enfrentar un juicio oral por presunta apropiación ilícita en perjuicio del Colegio de Abogados de Lambayeque. Según informó Infobae Perú, la audiencia se programó para el 16 de junio de 2026 en el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, que advirtió que, si Balcázar no comparece sin justificación válida, podría ser declarado reo contumaz y quedar sujeto a orden de captura. El proceso se origina tras la culminación de las etapas de investigación y control de acusación, con el tribunal señalando la obligación de asistir tanto presencial como virtualmente.

De acuerdo con la resolución judicial, Balcázar está acusado del delito de apropiación ilícita común, tipificado en el artículo 190 del Código Penal peruano. El tribunal dispuso la notificación formal de todas las partes involucradas y estructuró el expediente en dos cuadernos: uno principal, destinado a las actuaciones y resoluciones, y otro exclusivo para las pruebas admitidas. El juzgado recordó que los plazos para revisar las evidencias y solicitar observaciones son limitados, y que todas las actuaciones contarán con plena validez jurídica mediante el uso de firmas electrónicas.

Cabe recordar que, el Colegio de Abogados de Lambayeque manifestó públicamente su rechazo a la postulación de Balcázar a la presidencia del Congreso y recordó que, durante su gestión como decano, afrontó cuestionamientos éticos, civiles y penales, incluyendo la supuesta apropiación de fondos institucionales, lo que derivó en su expulsión del gremio.