La designación de José María Balcázar como presidente de la República de Perú tras su elección para dirigir la Mesa Directiva del Congreso generó una ola de reacciones debido a tres controversias que marcan su trayectoria reciente.
El nuevo mandatario peruano, quien reemplaza a José Jerí que fue recientemente censurado, enfrenta cuestionamientos por declaraciones polémicas, investigaciones judiciales y presuntos actos de favorecimiento a familiares.
Uno de los episodios más discutidos en torno a José María Balcázar se originó por sus afirmaciones ante el Congreso de la República respecto a la sexualidad adolescente.
Balcázar sostuvo en una sesión parlamentaria que “las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de una mujer”, siempre que no exista violencia.
El legislador agregó que esta postura está respaldada “por estudios de medicina legal” y mencionó la existencia de uniones de hecho en comunidades rurales y urbanas del país.
Estas palabras despertaron fuertes críticas de distintos sectores y abrieron el debate sobre la permisibilidad de los matrimonios y relaciones sexuales entre menores de edad en Perú.
La controversia se incrementó ante la diversidad de realidades culturales, ya que en zonas rurales suelen ocurrir uniones tempranas, mientras que en contextos urbanos y legales el matrimonio infantil resulta problemático o incluso forzado.
Acusación fiscal
El segundo caso controvertido involucra una acusación fiscal que pesa sobre José María Balcázar por el presunto delito de apropiación ilícita en agravio del Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL).
El Ministerio Público, a través de la fiscal provincial Dora Carola Hidalgo Rodríguez, presentó el 8 de noviembre de 2023 una acusación formal contra Balcázar, solicitando un año de pena suspendida y una reparación civil de S/348.344,90 a favor de la organización.
La imputación indica que, durante su gestión como decano del ICAL en 2019, Balcázar supuestamente no bancarizó los ingresos de la institución y ordenó depositar sumas en cuentas personales, lo que habría generado un faltante de un millón cuatrocientos cuarenta y seis mil veintidós soles con treinta y dos céntimos en la caja central.
La jueza Sara Vera Zuloeta, encargada del caso, rechazó los intentos de Balcázar por apartarla del proceso y confirmó que los informes periciales respaldan la existencia de irregularidades en el manejo de los fondos.
La defensa de Balcázar alegó falta de imparcialidad y vulneración de derechos fundamentales por parte de la magistrada, acusándola de presionar para que el Ministerio Público avance en la acusación. Sin embargo, la jueza desestimó la recusación, argumentando que los plazos legales para impugnar habían sido superados y rechazó cualquier acto que comprometa el debido proceso.
Antecedentes disciplinarios
En la víspera de la votación que lo llevó a la presidencia, el Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) emitió un comunicado en el que rechazó la postulación de José María Balcázar al frente del Congreso y, por sucesión, a la Presidencia de la República.
Según el pronunciamiento difundido por el Consejo Directivo 2025-2026, la institución recordó que Balcázar fue expulsado definitivamente en 2022 tras un proceso disciplinario, decisión confirmada en 2024 por el Tribunal de Honor del propio colegio.
El documento destaca que durante la gestión de Balcázar en el ICAL se le imputaron cargos éticos, civiles y penales, incluyendo apropiación de fondos y cambio de titularidad en cuentas bancarias. Además, se mencionan denuncias penales pendientes ante el 8° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y otras instancias judiciales.
El ICAL exhortó al Ministerio Público y al Poder Judicial a actuar con integridad y avanzar en los procesos, subrayando que Balcázar no ha rendido cuentas sobre los gastos de su administración. El comunicado concluyó llamando a los congresistas a priorizar la ética pública en la conducción del Estado.
Nombramiento de la nuera
El tercer caso que rodea a José María Balcázar involucra el nombramiento de su nuera, Scarlett Gálvez Campos, como fiscal en Lambayeque. De acuerdo a informes de investigación, la designación ocurrió tras reuniones entre Balcázar y exasesores de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quienes actualmente enfrentan investigaciones por presunta organización criminal.
Según la Unidad de Investigación de Canal N, Balcázar entregó la hoja de vida de su nuera a Jaime Villanueva, uno de los exasesores, durante una visita a su despacho en el Parlamento.
Gálvez fue nombrada en septiembre de 2023 como fiscal de Lambayeque en el área de Derechos Humanos e interculturalidad, aunque luego fue trasladada a la fiscalía provincial mixta corporativa de La Victoria.
En respuesta, Balcázar negó inicialmente el parentesco y cualquier interferencia, pero luego reconoció el vínculo y la entrega del currículum a Villanueva.
Chats intervenidos por la Fiscalía revelan que el nombre de Balcázar aparece en coordinaciones parlamentarias vinculadas a la inhabilitación de la exfiscal de la Nación, la elección de un nuevo defensor del Pueblo y la remoción de miembros de la Junta Nacional de Justicia.
Además, la Fiscalía mantiene abierto un expediente sobre presuntos delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad relacionados con el incumplimiento de la Ley de Transparencia en la elección de miembros del Tribunal Constitucional en 2022.
La llegada de José María Balcázar a la Presidencia de la República ocurre bajo la sombra de estas tres controversias: declaraciones polémicas sobre sexualidad adolescente, una acusación fiscal por apropiación ilícita y el cuestionado nombramiento de un familiar directo en el Ministerio Público.
La atención ciudadana y mediática se mantiene sobre el desarrollo de los procesos judiciales y éticos ligados al nuevo mandatario, mientras las instituciones implicadas han reiterado llamados a la transparencia y la integridad en la función pública.
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