El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, presentó una denuncia constitucional contra el exministro del Interior y candidato al Senado, Juan José Santiváñez, por presunto tráfico de influencias agravado. Así lo informó el fiscal adjunto supremo Wilfredo Rivera en una audiencia.
Se trata de la investigación contra Santiváñez por la presunta entrega de dinero para influir sobre magistrados del Tribunal Constitucional, el uso de contactos en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y la presunta intervención ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Todo esto para beneficiar a su excliente Marcelo Salirrosas, expolicía condenado a más de 27 años de prisión por integrar una facción de la organización criminal Los Pulpos.
Justamente, en el marco de esta investigación, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dictó 18 meses de prisión preventiva contra el extitular del Mininter al considerar que había riesgo de que huya de la acción de la justicia.
Como parte de este caso, la defensa de Santiváñez requirió al Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria que ordene el cierre de la investigación al haberse vencido el plazo.
No obstante, durante la audiencia del pasado 6 de febrero, el fiscal adjunto supremo Wilfredo Rivera informó que la Fiscalía de la Nación ya había procedido a dar por concluida la investigación preliminar y formular la denuncia constitucional ante el Congreso de la República.
Ahora es responsabilidad del Parlamento dar la autorización para la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra Juan José Santiváñez.
Peligro de fuga
En junio de 2025, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dispuso 18 meses de impedimento de salida del país para el exministro del Interior Juan José Santiváñez, medida que estará vigente hasta diciembre de 2026. La decisión responde a la investigación por presunto tráfico de influencias agravado que enfrenta el exfuncionario.
El tribunal supremo consideró que existe un auténtico riesgo de fuga asociado a la posición laboral de Santiváñez, ya que en ese momento ocupaba el cargo de jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, catalogado como un puesto de confianza que puede ser revocado en cualquier momento, lo que efectivamente sucedió. A esto se suma la dificultad de ubicar el estudio de abogados del investigado, debido a la expiración de los contratos de alquiler entre 2023 y 2024, así como la existencia de supuestas sedes en Perú, Chile, México, Colombia, Costa Rica y Honduras, vinculadas con su historial migratorio.
La resolución de la Corte Suprema revoca la decisión del juez Juan Carlos Checkley y declara fundado el pedido de la Fiscalía de la Nación, que requirió la restricción para facilitar los “actos de investigación indispensables”, entre ellos una pericia fonética y acústica sobre grabaciones entregadas por testigos protegidos.
El tribunal justificó la decisión resaltando que la medida resulta “la menos gravosa, la más idónea de acuerdo a la fase preliminar en la que se encuentra la investigación y proporcional a los fines para los que es requerida”. La pena contemplada en el caso podría alcanzar los 12 años de prisión.
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