Un ataque armado en el distrito de La Perla, Callao, ha vuelto a exponer la delicada situación de seguridad que enfrenta la provincia, incluso bajo el estado de emergencia. En la noche del 11 de febrero, Christopher Moisés Vargas Cuadros, extrabajador de la Municipalidad Provincial del Callao, fue asesinado y su acompañante, Víctor Díaz Morán, resultó gravemente herido luego de que desconocidos dispararan repetidas veces contra la camioneta en la que se desplazaban.
Mientras las labores de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público continúan para esclarecer lo sucedido y establecer responsabilidades, datos aportados por agentes del grupo GRECCO revelan la dimensión del ataque: los peritos hallaron más de 50 casquillos de bala en la escena. Una de las víctimas, tenía familiares en la zona, lo que ha sumido a la comunidad en un clima de temor e incertidumbre.
Las versiones iniciales detallan que, alrededor de las 23:00, los dos hombres transitaban en una camioneta plomo en las inmediaciones del parque Mario Bolar Ugarteche, en el cruce de la calle Duilio Poggi con la calle 9. Cuatro individuos a bordo de un automóvil negro interceptaron el vehículo y abrieron fuego sin previo aviso.
El conductor, Vargas Cuadros, todavía herido, intentó maniobrar para huir bordeando el parque, pero perdió el control, impactó contra la vía y falleció en el asiento. El copiloto, Díaz Morán —de 32 años— fue auxiliado por personal de Serenazgo y trasladado de inmediato al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde permanece internado en el área de Trauma Shock, con pronóstico reservado.
Las inspecciones policiales documentaron más de 50 impactos de bala en el vehículo, especialmente en las ventanas del conductor y copiloto; incluso, según cifras oficiales, se contabilizaron más de 30 orificios provocados por disparos. Testigos del sector señalaron que los atacantes habrían disparado en dos ráfagas intensas, sumando aproximadamente 18 detonaciones que retumbaron en la zona.
En relación con la víctima mortal, Panamericana Televisión precisó que Christopher Vargas Cuadros se desempeñó como contador y formó parte de la Gerencia General de Desarrollo Económico de la Municipalidad del Callao en 2018. La pérdida deja a un niño de siete años en la orfandad, mientras que sus allegados han exigido públicamente que se esclarezcan los hechos y se haga justicia con los responsables.
Repunte de cifras de sicariato
El crimen, que coincide con un repunte registrado en hechos de sicariato en el Callao —una de las jurisdicciones más violentas del país de acuerdo con Panamericana Televisión—, ha motivado que las autoridades revisen las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas para intentar identificar a los agresores.
Pese a la gravedad del acontecimiento y la conmoción social suscitada, hasta el momento no se han reportado detenciones ni las autoridades han revelado hipótesis sobre el móvil del ataque.
Durante el arranque del 2026 y los meses finales del 2025, el Callao ha enfrentado una violencia criminal persistente, arrastrando la inercia de un año anterior que rompió récords históricos de homicidios en la provincia constitucional. Aunque las cifras de enero mostraron ciertas fluctuaciones estadísticas en comparación con el drástico aumento en Lima Norte, la ferocidad y la frecuencia del sicariato se mantienen como el principal flagelo en el primer puerto. Esta “guerra” urbana sigue impulsada fundamentalmente por dos motores económicos ilícitos: la disputa a sangre y fuego por el control de las rutas de salida de droga a través del terminal marítimo y la expansión agresiva de las redes de extorsión (cobro de cupos) que asedian a transportistas, comerciantes y obras de construcción civil.
La respuesta estatal, caracterizada por la extensión del estado de emergencia y la intensificación de operativos policiales, es percibida todavía como insuficiente por una ciudadanía que vive en constante zozobra. Los ataques de sicarios se han vuelto notablemente más temerarios, ejecutándose a menudo a plena luz del día y en espacios de alto tránsito público, lo que evidencia una evolución en la operatividad de las bandas: el crimen por encargo ya no busca únicamente la eliminación física de la competencia, sino enviar un mensaje de intimidación territorial y poder que desafía abiertamente a las autoridades, manteniendo en alerta máxima a distritos críticos como Ventanilla y Bellavista.
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