Adolescente que mató a chofer en Santa Anita revela que recibió la orden de su padre preso: “Me dijo que tenía una chambita”

Un adolescente de 15 años confesó ser el autor del ataque armado que acabó con la vida de un conductor de la empresa Transportes Pesqueros en Santa Anita, según confirmó la Policía Nacional del Perú (PNP). La frialdad y la precisión con que el menor ejecutó el crimen, y su confesión directa, revelan la magnitud del involucramiento de menores en redes criminales dedicadas a la extorsión y el sicariato. El adolescente habría recibido 2.000 soles como pago por el asesinato.

Durante el operativo policial, desarrollado tras una balacera en la avenida Bolívar, en Pueblo Libre, las autoridades lograron detener al adolescente junto a otros tres individuos con antecedentes por delitos violentos y tráfico ilícito de drogas. El jefe de la PNP, óscar Arriola, precisó que la captura se realizó en Callao tras identificar el vehículo utilizado en los ataques y analizar grabaciones de cámaras de seguridad. “Un menor de quince años le quitó la vida a un mayor de edad y actuó como si tuviera la experiencia de alguien de treinta años”, indicó Arriola en la rueda de prensa recogida por Latina Noticias.

La víctima, Brian Mirabal Camones, trabajaba como chofer de la línea 129 de Transportes Pesqueros y fue asesinado durante su recorrido habitual. Según compañeros y familiares, la empresa venía recibiendo amenazas y extorsiones desde hacía meses, situación que forzó una paralización temporal en noviembre de 2025, luego de otros atentados y agresiones a trabajadores, incluyendo el caso de una cobradora herida en Callao.

La cruda confesión de adolescente asesino a transportista

El adolescente detenido admitió ante la policía que había recibido el encargo a través de un familiar cercano, al que identificó como su padre. ”Mi papá me dijo que tenía una chambita. Y yo le dije: ‘Normal’. Y me dijo que era para meterle (unos disparos) solamente para (hacerlo) hablar", declaró el menor, según lo difundido por Latina Noticias. Además, reconoció que había manipulado armas en ocasiones anteriores y que solo debía cumplir la orden que recibió.

Las pesquisas policiales apuntan a una estructura criminal que opera desde el penal Sarita Colonia, en Callao, donde se coordinan extorsiones y ataques contra empresas de transporte. Según detalló Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), las órdenes para ejecutar atentados provienen de internos identificados como Christopher Rodríguez Atoche, conocido como alias “Tuerto”, y Óscar Julio Cruzado Peña, alias “Bigote”. Ambos estarían al mando de las operaciones de cobro de cupos y extorsiones, utilizando a jóvenes reclutados para perpetrar los ataques.

La policía incautó armas, teléfonos móviles y videos en los que el menor aparece exhibiendo pistolas y cacerinas. Entre las pruebas obtenidas figuran mensajes y grabaciones que vinculan directamente a los detenidos con la planificación y ejecución de los atentados.

Ley impide procesar por asesinato a sicario adolescente

El caso expuso las restricciones legales existentes en el sistema judicial peruano para procesar penalmente a menores involucrados en delitos graves. El ministro del Interior recordó que, según el Tribunal Constitucional, los adolescentes no pueden ser procesados penalmente por este tipo de crímenes, lo que obliga a las autoridades a mantenerlos bajo custodia preventiva sin acceso a condenas de cárcel ordinaria.

“Es un menor que está en custodia en estos momentos y que no le alcanza la ley… necesariamente hay que tenerlo en algún lugar donde no siga asesinando personas”, afirmó Arriola.

Mientras la investigación avanza y las autoridades intentan desarticular la red criminal, los más de 150 conductores de Transportes Pesqueros siguen sin poder trabajar. La paralización de actividades, motivada por el temor a nuevos ataques, llevó a que los trabajadores se organicen en ollas comunes para asegurar su sustento diario.

La policía continúa analizando las pruebas recabadas y mantiene bajo vigilancia a los implicados, a la espera de avances en la legislación que permitan afrontar el fenómeno delictivo que involucra a menores de edad en crímenes de alta gravedad.