La provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas, enfrenta una crisis marcada por la impunidad ante más de 800 casos de abuso sexual contra niñas y niños indígenas, principalmente de los pueblos Awajún y Wampis. Cuarto Poder realizó un recorrido por las comunidades, donde viven bajo la amenaza constante de agresores dentro y fuera de sus hogares, en un contexto de aislamiento geográfico, pobreza y ausencia sostenida del Estado.
En un viaje al centro poblado de Tayunza, a hora y media de la capital provincial Santa María de Nieva, se constató la magnitud del problema. Las víctimas, muchas veces niñas menores de diez años, enfrentan obstáculos casi insalvables para denunciar y obtener justicia. A menudo, familiares directos o personas de confianza resultan ser los agresores, situación que se agrava por la falta de conocimiento del español y la dependencia económica y social de las familias.
“Mi sobrinita me dijo: ‘Tía, yo le avisé a mi mamá, pero mi mamá otra vez me ha castigado’”, relató una de las tías de una víctima.
La menor de tres años señaló que su padrastro abusó de ella, revelación que, lejos de activar un sistema de protección, terminó en castigos y silencio, como narra la tía.
Enfermedades de transmisión sexual
El citado medio detalla que en Condorcanqui los abusos sexuales también se relacionan con un aumento de enfermedades de transmisión sexual. Roberto Rivas, director de la Red Integral de Salud de Condorcanqui, informó al medio que “de cada cien personas, cuatro tienen VIH en Condorcanqui”.
En 2025 se detectaron 253 nuevos casos de VIH en la provincia, una cifra que incluye a menores víctimas de violencia sexual. El 95% de los afectados pertenece a las etnias Awajún y Wampis.
Las rutas para acceder a la capital provincial son largas y costosas: una hora y media de vuelo hasta Chiclayo, seis horas por carretera hasta Bagua y otras seis horas por caminos de tierra hasta Santa María de Nieva. El acceso a la justicia y la atención médica se ve limitado por la distancia, la falta de recursos y la carencia de infraestructura adecuada.
El abandono del Estado
Sin embargo, eso no es todo, sino que las autoridades las han abandonado. La única cámara Gesell de la provincia permanece la mayor parte del tiempo sin uso por falta de medios para trasladar a las víctimas. De 71 citas programadas, solo ocho pudieron concretarse en enero.
Una de las principales dificultades identificadas es la desarticulación de las instituciones que deberían proteger a la infancia. La reciente desactivación de las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer dejó a más de 400 casos en los distritos de Cenepa y Río Santiago sin seguimiento. Gilder Zapata, fiscal especializado en delitos contra la mujer y grupo familiar, explicó que “los despachos han prescindido del personal de apoyo, lo que dificulta el avance de las investigaciones”.
Rosmery Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis, indicó que cada vez los casos quedan impune, a pesar de las promesas de autoridades.
“Violan a una niña y se acuerda un pago de cinco mil o seis mil soles, pero muchas veces ni siquiera se cumple, o el caso queda archivado por decisión de las autoridades tradicionales”, enfatizó.
La falta de acompañamiento psicológico y de atención médica oportuna contribuye a la vulnerabilidad de las víctimas. Una madre denunció que “la psicóloga o alguien no vienen a mi casa a visitar a mi hija, a hablar, nada”.
El aislamiento, la ausencia de recursos y la debilidad de la presencia estatal profundizan la impunidad, permitiendo que los agresores permanezcan cerca de sus víctimas y que los casos sigan sin resolverse.
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