
La indignación se impuso entre los compañeros del chofer asesinado en Santa Anita. Transportistas de la empresa El Pesquero señalaron que la tragedia pudo evitarse si se hubiese cumplido el resguardo policial prometido para sus unidades. El reclamo, dirigido a las autoridades, se produjo horas después de un nuevo acto de violencia que sacudió a Lima Este y reavivó la sensación de desprotección en el sector.
El ataque ocurrió a plena luz del día, mientras el bus de la Línea 129 avanzaba por una de las vías más transitadas del distrito. Un sicario, que fingió ser pasajero, abordó la unidad y descargó varios disparos contra el conductor, provocando el pánico entre los presentes. La víctima, identificada como Bonet Miraval Camones, de 40 años, fue trasladada de urgencia al hospital Hipólito Unanue. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció debido a la gravedad de las heridas.
Este crimen se suma a una jornada marcada por la violencia contra los trabajadores del transporte público. Solo unas horas antes, una cobradora fue herida de bala en el Callao por un falso pasajero, lo que desató protestas en la avenida Gambeta. El temor y la indignación se multiplicaron entre conductores y cobradores, quienes denuncian extorsiones y amenazas constantes por parte de organizaciones criminales. En muchos casos, los delincuentes exigen pagos diarios a cambio de dejar operar las rutas, bajo amenazas directas contra la vida de los trabajadores.

Conductores denuncian abandono policial pese a promesas
Para los operadores del transporte, la muerte de su colega representa una consecuencia directa de la falta de acción policial. Compañeros de El Pesquero afirmaron que en repetidas ocasiones solicitaron mayor presencia de agentes en puntos críticos del recorrido, especialmente tras los numerosos ataques y denuncias de extorsión que ya venía sufriendo la empresa. “Nos dio su palabra de que nos iba a apoyar, pero ¿quién va contra esto? ¿Quién va?”, expresó uno de los compañeros, visiblemente afectado por la pérdida de su amigo, a Exitosa.
La sensación de abandono fue evidente durante las declaraciones brindadas a medios locales. Los transportistas relataron que la víctima había dejado de trabajar por precaución, pero la necesidad económica lo obligó a retomar sus labores. “Se había retirado, estaba una semana afuera ya, sino que volvió. Necesidad de trabajo”, comentó otro de los colegas, destacando el clima de inseguridad que obliga a muchos a exponerse pese a los riesgos.
El pedido al general de la Policía que se reunió previamente con los transportistas fue directo: “Jefe, póngase la mano al pecho. Usted tiene familia de transportistas y siente lo que nosotros sentimos”. El grupo de trabajadores insistió en que el despliegue policial comprometido tras anteriores atentados nunca se concretó, dejando a las unidades y sus ocupantes a merced de los delincuentes.
Las exigencias de protección no son nuevas. Desde hace meses, la empresa El Pesquero y otras líneas de Lima Este vienen denunciando extorsiones y amenazas, incluso con la entrega de cuentas bancarias destinadas a recibir los pagos ilegales. En noviembre de 2025, la empresa paralizó sus labores como medida de protesta y para proteger a su personal, sin lograr respuestas efectivas por parte de las autoridades.

PNP justifica la falta de resguardo por escasez de personal
La reacción de la Policía Nacional del Perú ante el reclamo de los transportistas no tardó en llegar. El general Manuel Lozada, uno de los altos mandos de la institución, lamentó el crimen y reconoció la imposibilidad de garantizar el resguardo en todas las líneas por falta de personal. “No hay un policía para cada cuadra. No tenemos policías para tantísimo recorrido y tantísimas líneas”, afirmó Lozada en diálogo con RPP Noticias. El alto mando policial también condenó la brutalidad de los atacantes y advirtió sobre la creciente amenaza que enfrentan los trabajadores del sector.
El general subrayó que el caso ya está en investigación y que tres equipos de homicidios trabajan para esclarecer los hechos y capturar a los responsables. Según Lozada, las cámaras de seguridad del bus y los testimonios recogidos serán claves en el proceso. Sin embargo, el oficial reiteró que las limitaciones de recursos impiden un despliegue policial suficiente para cubrir la totalidad de las rutas y paraderos críticos.

La respuesta contrasta con lo anunciado meses atrás por el Ministerio del Interior, que había asegurado la continuidad del patrullaje policial en los corredores viales donde operan las principales empresas de transporte. Según un comunicado oficial, agentes de la Unidad de Emergencia Los Halcones y otras divisiones acompañarían los trayectos y realizarían controles de identidad en puntos estratégicos. No obstante, los trabajadores del sector aseguran que el despliegue nunca se ejecutó plenamente ni alcanzó a todas las áreas de riesgo.
Mientras tanto, la población y los transportistas continúan exigiendo transparencia sobre la cantidad de efectivos asignados y la frecuencia de los patrullajes. El temor persiste, alimentado por la falta de resultados tangibles y por la sensación de que las promesas de protección quedan en palabras.
Falso pasajero asesinó a chofer de El Pesquero
El asesinato de Bonet Miraval Camones se produjo alrededor de las 15:30 del sábado 7 de febrero en plena vía pública, cerca del Parque N.º 6 y la Vía de Evitamiento, en Santa Anita. El bus cubría la ruta entre Ate y el Callao cuando fue interceptado de forma violenta. De acuerdo a los primeros reportes, un sujeto se acercó corriendo a la unidad, subió y disparó directamente contra el conductor en presencia de pasajeros y transeúntes.
El ataque generó pánico dentro del bus: los pasajeros gritaron, intentaron auxiliar a la víctima y buscaron refugio por miedo a nuevos disparos. Minutos después, una ambulancia del SAMU trasladó al conductor al hospital, donde finalmente falleció.
Las primeras hipótesis de la Policía Nacional del Perú apuntan a un ajuste de cuentas vinculado a extorsiones, una modalidad delictiva que afecta de manera recurrente al sector. El cobrador de la unidad relató que el atacante actuó de manera rápida y sin mediar palabra, siguiendo un patrón ya conocido en otros episodios similares ocurridos en la capital.
En el lugar de los hechos, peritos de criminalística levantaron los indicios balísticos y se tomaron testimonios de testigos. La investigación continúa con el análisis de las cámaras de seguridad del vehículo, mientras la comunidad de Santa Anita permanece en estado de alerta ante la persistencia de la violencia en la zona.
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