Transportistas añaden categoría “extorsión” como parte de sus gastos operativos

La extorsión ha ingresado formalmente como parte de los gastos operativos de las empresas de transporte urbano que son víctimas de amenazas por parte de criminales. En particular, la empresa Translima ya ha emitido documentos físicos a cada uno de sus conductores en los que consta el pago de un cupo individual de 15 soles.

El documento no es uno cualquiera, sino que se trata de una boleta de venta en la que el concepto “EXTORSIÓN” está codificado como parte de un proceso de cobro que permite -a esta y a otras empresas que usen estos sistemas- a contabilizar el pago a extorsionadores como si fuesen parte de sus gastos operativos, dinero invertido como parte necesaria para que el servicio se realice.

Aumento de los cupos para extorsión

Según Panamericana, que reprotó sobre el pago de los cupos con vouchers formales, los extorsionadores también habrían decidido aumentar el pago de los conductores de S/ 15 a S/ 20, lo que habría motivado que varios de los trabajadores de Translima decidan protestar con un apagado de motores.

Aunque en horas de la mañana la cochera de la empresa, ubicada en Carabayllo, tenía a varias unidades de transporte público paralizadas, varios de los transportistas llegaron a la sede para iniciar sus recorridos debido a que varios de ellos viven de las ganancias generadas durante el día de trabajo.

Peruanos pagarán por extorsiones a transportistas

Entre noviembre del 2025 y enero del 2026 se promulgó y reglamentó la Ley N° 32490 en un intento de luchar contra la extorsión. Sin embargo, el texto original y su reglamento indican que sería el Estado y sus ciudadanos quienes deberán asumir el costo de la extorsión con su propio dinero.

Según el Decreto Supremo N° 009-2026-PCM, publicado el 18 de enero, tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de Economía estarán encargados de implementar las normas necesarias para desarrollar un fondo encargado del “apoyo financiero postdelito y reparación integral”.

Es decir que las víctimas tendrán apoyo económico por parte del Estado y que, como también indica la norma, “se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades públicas involucradas”. En ese sentido, desde la aplicación de esta norma, los fondos públicos del Estado, financiados por los impuestos de los peruanos, también podrán ser dirigidos para reparar a las víctimas de extorsión.

Como parte de las llamadas “medidas extraordinarias” para combatir la extorsión, la ley promulgada por el gobierno de Jerí ordenó “crear un fondo de riesgo y garantía estatal destinado a proteger a las unidades de transporte público y transporte de mercancías en casos de amenazas o atentados”. Ahora, el reglamento publicado ayer deja clara su finalidad: financiar la reactivación de los servicios que sean afectados por acción de extorsionadores.

¿Cómo se repararán los daños? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones deberá implementar un programa llamado “Ruta Segura Restablecida”. El nombre no hace referencia al reforzamiento de la seguridad de las unidades, sino a la reparación de daños, ya sea de infraestructura (que podría interpretarse tanto como los estacionamientos afectados como las unidades siniestradas), además del equipamiento que resulte afectado.