La Contraloría General de la República advirtió riesgos que comprometen la adecuada ejecución y legalidad de tres viaductos clave en la avenida Javier Prado, cuya construcción demandará una inversión cercana a S/ 550 millones. Tres informes oficiales emitidos revelan deficiencias en la gestión de riesgos, omisiones contractuales y problemas en los procedimientos técnicos, factores que podrían afectar la calidad y continuidad de estas obras.
Los proyectos inspeccionados corresponden a tramos estratégicos en San Isidro, Lince y La Molina. Según la Contraloría, estos viaductos buscan mejorar la movilidad y actualmente se encuentran en fase de adjudicación o ejecución, conforme a contratos firmados en 2025. La responsabilidad técnica y administrativa recae en el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) y en los consorcios a los que se adjudicó las obras.
Los viaductos a los que se refieren los informes de la Contraloría son:
- Intersección entre la Av. Javier Prado y Av. Sánchez Carrión: tramo Calle Las Flores - Jr. Trujillo (San Isidro)
- Eje vial Av. Javier Prado: Calle Las Begonias - Av. Arenales (Lince)
- Av. Javier Prado con intersecciones de la Av. Circunvalación del Golf Los Incas y Av. Los Frutales (La Molina)
Riesgos en la ejecución de viaductos
Entre los principales riesgos, la entidad señaló que la oferta ganadora para el tramo San Isidro-Sánchez Carrión no incluyó la valoración de la probabilidad de ocurrencia de riesgos en su propuesta técnica. La ausencia de esta evaluación limita la capacidad para priorizar amenazas, dificulta una asignación eficaz de recursos y aumenta la vulnerabilidad ante eventos críticos.
Otra observación relevante es la falta de partidas para mitigación ambiental en la propuesta seleccionada. La omisión de medidas específicas para controlar ruido, polvo y contaminación durante la construcción y operación implica un posible impacto ambiental, social y legal sobre los proyectos.
La Contraloría también advirtió la falta de una cláusula de suspensión automática del contrato por liberación de interferencias en las bases de licitación. Esta omisión expone a la administración pública a asumir gastos adicionales imprevistos y costos de supervisión si aparecen obstáculos durante la construcción.
En el caso del tramo entre San Isidro y Lince, el informe identificó que los adjudicatarios no cumplieron con la acreditación de experiencia del personal técnico. El expediente técnico inicial presentó profesionales que no contaban con la experiencia mínima exigida. Además, se detectó la entrega de documentos sin la firma de los especialistas o con firmas electrónicas insertadas.
El informe subraya que parte del personal desempeña funciones sin habilitación profesional vigente, en contravención de la normativa que regula la ingeniería y de las condiciones establecidas en los procesos de selección. Esta irregularidad pone en riesgo la legalidad y validez de los actos y decisiones técnicas en las distintas fases del proyecto.
Contraloría advierte posible falta de presupuesto
En materia financiera y administrativa, la Contraloría resaltó la insuficiencia de certificación presupuestal para respaldar las obligaciones contractuales en 2026, a pesar de contar con una programación multianual aprobada. Esta carencia podría afectar la disponibilidad de fondos para pagos clave y generar disputas contractuales.
Para el viaducto en La Molina, el órgano de control detectó retrasos administrativos vinculados a la falta de documentación sobre los entregables exigidos contractualmente. Invermet informó que revisaba el tercer entregable técnico, pero no presentó plazos ni constancias de trámite, situación que podría retrasar el inicio de las siguientes fases y la finalización de la obra.
Además, el contrato de este tramo —con un valor de S/ 72.4 millones— tampoco contempla la cláusula de suspensión automática por liberación de interferencias. Esta omisión puede traducirse en un aumento de gastos directos, en la probabilidad de conflictos contractuales y en la extensión de los plazos originales.
De acuerdo con la Contraloría General de la República, las deficiencias detectadas amenazan la fluidez de los pagos y el avance planificado de los viaductos Javier Prado, generando el riesgo de demoras e interrupciones que podrían comprometer el servicio público y el uso eficiente de los recursos municipales.
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