Más de 5.000 habitantes de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores se preparan para marchar hacia Palacio de Gobierno con una doble exigencia: la continuidad de la megaobra Nueva Rinconada y la renuncia del presidente del directorio de Sedapal, Hugo Fernando Obando Concha.
Esta obra, que beneficiaría a más de 400.000 familias del sur de Lima, enfrenta el riesgo de quedar paralizada, situación que afecta tanto la economía local como las condiciones de vida de los vecinos.
La sostenibilidad sanitaria y económica depende de la culminación de la Nueva Rinconada
El impacto económico de la posible paralización es considerable. La Nueva Rinconada representa una de las inversiones más relevantes en infraestructura hídrica para Lima sur, con un avance del 85% y una cadena de pago que involucra a empresas constructoras, contratistas, proveedores y comercios locales.
Carlos Chávez, dirigente de la Comisión Central de Agua y Alcantarillado de la Nueva Rinconada, sostuvo que se “impedirá en los próximos meses que el Consorcio San Miguel pueda valorizar los mayores metrados realmente ejecutados, con lo cual, al no haber valorización, la caída de la obra es inminente”.
La falta de pago y de liquidez afecta directamente la estabilidad financiera de quienes participan en la construcción y genera incertidumbre sobre la continuidad de empleos para cientos de trabajadores.
La ausencia de agua potable afecta la vida diaria en barrios del sur
La paralización de la obra Nueva Rinconada tiene consecuencias directas y profundas. Actualmente, en distritos como Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores, miles de familias no cuentan con acceso regular a agua potable ni a servicios de saneamiento adecuados.
La carencia de estos servicios esenciales agrava la vulnerabilidad de la población, limita las oportunidades de desarrollo y afecta la salud pública. “Las familias no pueden seguir pagando el precio de la ineficiencia y la falta de compromiso. No estamos pidiendo favores. Estamos defendiendo un derecho básico: agua potable segura y saneamiento digno”, subrayó Chávez.
El retraso en la culminación de la obra obliga a muchas familias a recurrir a soluciones alternativas, como la compra de agua a camiones cisterna, que resulta más costosa y menos segura.
Esta situación impacta en el presupuesto familiar, en la higiene del hogar y en la prevención de enfermedades, especialmente en zonas de menores recursos. Además, la falta de agua limita el desarrollo de actividades productivas y educativas, generando un círculo de exclusión y desigualdad social.
La falta de respuestas oficiales intensifica la movilización en el sur de Lima
Los dirigentes vecinales, tras una reunión con el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, ratificaron la convocatoria a la marcha al no obtener compromisos concretos para resolver el conflicto.
Solicitan la intervención urgente del Gobierno Central, la agilización de los pagos pendientes y la remoción de obstáculos administrativos que impiden el avance del proyecto.
Chávez advirtió la necesidad de investigar las responsabilidades de los funcionarios de Sedapal y la empresa supervisora involucrados en las irregularidades denunciadas.
La movilización, que contará con el apoyo de organizaciones de San Juan de Lurigancho, Manchay y Chorrillos, busca visibilizar la urgencia de garantizar el acceso al agua y al saneamiento en el sur de Lima, remarcando la importancia de la culminación de la obra tanto para la economía local como para la inclusión social.
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