En las primeras horas de este fin de semana, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ejecutó un operativo que permitió la incautación de una estación de telecomunicaciones clandestina, ubicada en las inmediaciones del establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro en San Juan de Lurigancho (SJL).
La acción se desarrolló con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y resguardar la soberanía del espectro radioeléctrico nacional. El despliegue estuvo liderado por la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones (DGFSC) del propio ministerio.
Mediante el uso de tecnología de geolocalización, los técnicos identificaron que la estación ilegal irradiaba señal Wi-Fi para la transmisión de internet, lo que facilitaba la comunicación no autorizada con el exterior.
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El punto de transmisión se hallaba en un cerro contiguo al penal, dentro de los 200 metros del perímetro de seguridad, una zona restringida para cualquier tipo de comunicación no regulada.
En coordinación con la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional del Perú (PNP), los agentes incautaron una antena y equipos de enlace orientados específicamente hacia el área más crítica del penal.
Voceros del MTC recordaron que la instalación de estas infraestructuras ilegales constituye una infracción muy grave según la normativa vigente y puede derivar en sanciones judiciales y administrativas.
El uso del espectro radioeléctrico sin autorización equivale al delito de hurto agravado, con penas privativas de libertad de entre ocho y nueve años, además de multas que alcanzan las 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), cerca de S/ 550 000.
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Requisas en Castro Castro
La intervención del MTC coincidió con una nueva requisa ejecutada por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en el mismo penal de Miguel Castro Castro.
La operación, ordenada por la presidenta encargada del INPE, Shadia Valdez Tejada, incluyó la revisión exhaustiva del pabellón 2 de mediana seguridad. Agentes penitenciarios desinstalaron conexiones eléctricas irregulares e incautaron tomacorrientes, herramientas que suelen ser empleadas para mantener la comunicación ilícita desde el interior del establecimiento.
Durante el registro, además, se confiscaron objetos punzocortantes y más de 20 litros de líquido fermentado conocido como “chicha canera”. Estos hallazgos evidencian la existencia de dinámicas de informalidad y control paralelo en el penal, lo que representa un desafío constante para las autoridades responsables de la seguridad interna y externa.
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El operativo, que se extendió desde las 22:00 horas, involucró a 25 agentes penitenciarios y servidores del INPE bajo la supervisión del director del penal, Oscar Janampa Paz, y el director de la Oficina Regional Lima, Adán Rojas Ruiz. Durante el procedimiento, los internos fueron trasladados al patio para la revisión corporal, siguiendo protocolos de seguridad penitenciaria.
La presidenta interina del INPE subrayó la importancia de mantener el control y la autoridad en los penales, en línea con la política de lucha contra la criminalidad y las extorsiones que afectan la tranquilidad de los peruanos. El propio presidente interino, José Jerí, anunció la continuidad de estas intervenciones en otros establecimientos penitenciarios a nivel nacional.
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