El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) difundió este 29 de enero un comunicado anunciando que el precio del bono al 2047 de Petroperú subió de 63,8% a 68,5% en cuestión de semanas, tras la emisión del Decreto de Urgencia N° 010-2025 que permite la reestructuración y posible transferencia de activos de la estatal a través de ProInversión.
Para el MEF, este salto de apenas cinco puntos porcentuales sería prueba de que la confianza internacional en la gestión estatal se está recuperando. La versión oficial, sin embargo, omite toda referencia al verdadero detonante de la crisis: la rebaja de Moody’s, que llevó la calificación crediticia de Petroperú al nivel Caa1 con perspectiva negativa, apenas dos escalones por encima del default y fuera de cualquier estándar de inversión segura.
El deterioro de Petroperú amenaza la calificación crediticia del Estado
La lectura positiva del MEF contrasta con la realidad financiera y reputacional de Petroperú, que desde hace más de tres años se hunde en una espiral de deterioro. Moody’s advirtió que las medidas del decreto, lejos de mejorar la perspectiva de la empresa, incrementan la incertidumbre operativa y financiera, calificando la posible transferencia y venta de activos como un factor negativo para el pago de la deuda existente.
Fitch, otra de las grandes agencias, retiró días antes su propia calificación, dejando a la petrolera fuera de los radares institucionales globales. El informe de Moody’s destaca que, pese a un rebote puntual en el EBITDA durante el tercer trimestre de 2025, el primer trimestre de 2026 será negativo, y advierte sobre la “alta correlación de riesgo entre Petroperú y el Estado peruano”, lo que agrava la percepción de riesgo país.
Las agencias rebajan la nota de Petroperú a niveles cercanos al default
La caída del bono de Petroperú -que era considerada una empresa con posibilidades por las calificadoras hasta antes del último decreto del MEF- es proporcional al deterioro interno. El 31 de diciembre de 2019, bajo la presidencia de Carlos Paredes Lanatta, la antigua Refinería de Talara detuvo operaciones para dar paso al Proyecto de Modernización (PMRT).
La paralización, de 15 meses, generó una pérdida de al menos 5 millones de dólares mensuales y obligó a la empresa a importar alrededor de 30.000 barriles diarios adicionales de combustibles, incrementando la presión financiera. A fines de 2021, Petroperú mantenía una calificación “AA-” a largo plazo y “CP-1-” a corto plazo, pero ya enfrentaba un ratio deuda financiera/EBITDA de 16,47x, casi insostenible para un emisor de referencia.
El traspaso de activos y la reestructuración aumentan la incertidumbre sobre Petroperú
El verdadero colapso se produjo a inicios de 2022. La dirección de Hugo Chávez Arévalo (octubre 2021 - marzo 2022) estuvo marcada por la imposibilidad de presentar los estados financieros auditados del ejercicio 2021, lo que motivó a S&P a rebajar la nota de “BBB-” a “BB+”, sacando a Petroperú del grado de inversión. Fitch acompañó la rebaja.
S&P fue contundente: “La imposibilidad de publicar oportunamente los estados financieros auditados para 2021 evidencia el debilitamiento del gobierno corporativo y expone a la compañía a incumplimientos contractuales y deterioro significativo de su liquidez”. La empresa, en ese momento, tenía una deuda total que superaba los 5.000 millones de dólares, con vencimientos crecientes y márgenes operativos negativos.
El costo del financiamiento externo para Petroperú se incrementa tras perder respaldo de agencias
Las siguientes gestiones recibieron una empresa rota financieramente y presionada por la pérdida de cuota de mercado, que se acentuó durante el paro de la refinería. Ese periodo de inactividad benefició a competidores como Repsol y facilitó la entrada de marcas como ExxonMobil y Valero, erosionando la posición de Petroperú en el mercado local.
La crisis de gobernanza fue permanente. El MEF (60% de la Junta General de Accionistas) y el Minem (40%) nunca implementaron concursos públicos para profesionalizar el directorio. Posteriores presidentes de directorio -también puestos ‘a dedo’- impulsaron reformas para blindar la gobernanza y exigir transparencia, pero sus propuestas fueron desechadas.
Hasta hoy, el directorio —actualmente presidido por Elba Rojas Álvarez— sigue siendo designado de manera política, ignorando los reclamos de las calificadoras y el sector. Solo que ahora se aprovechan los resquicios para la privatización, como se intentó antes con el directorio de Oliver Stark.
La falta de reformas de gobernanza debilita la posición de Petroperú
Entre 2022 y 2025, la refinería operó de manera intermitente, con paradas técnicas por oleajes anómalos. La empresa acumuló pérdidas operativas y el bono 2047 se desplomó desde valores cercanos a 100 hasta 63,8% a fines de 2025, una caída de casi 40%.
¿A qué se refiere el MEF cuando menciona el “bono 2047”? Se trata del año de vencimiento de la segunda serie de bonos emitidos por Petroperú, por un monto de 2.000 millones de dólares.
El costo de financiamiento externo se disparó y Petroperú perdió acceso a crédito internacional. Los principales acreedores —fondos como Blackrock y Vanguard—, que también invierten en bonos soberanos peruanos, comenzaron a exigir garantías adicionales y a presionar al Estado.
El MEF es criticado por presentar el alza del bono como señal de recuperación
Para César Gutiérrez, expresidente de la empresa y analista del sector, la reacción del MEF es un intento de maquillar la crisis real. Para el experto, la rebaja de Moody’s es el reconocimiento de un riesgo concreto de impago. El repunte del bono no es señal de confianza, sino resultado de compras especulativas de fondos de riesgo, que apuestan a una intervención estatal de emergencia.
“Lo que hace el MEF es demagogia: se trata de una subida marginal tras un desplome de casi 40 puntos porcentuales en menos de tres años. La situación de Petroperú es crítica: deuda elevada, incapacidad de acceder a financiamiento internacional y ninguna agencia respaldando la gestión actual”, afirma Gutiérrez.
Otra fuente cercana a la alta dirección, que pidió no ser citada, remarca que el informe de Moody’s considera negativo el traspaso de activos y advierte que la expectativa para 2026 es de un deterioro aún mayor. “Las pérdidas son estructurales y el riesgo país está en aumento. Los acreedores saben que si Petroperú no paga, el Estado tendrá que responder y eso puede arrastrar a la deuda soberana, y Miralles lo sabe”, advierte.
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