Petroperú: Colegio de Abogados de Lima y Colegio de Ingenieros del Perú acusan al MEF de desmantelar seguridad energética del país

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) y el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) manifestaron su rechazo a la actual gestión y “reestructuración” de Petroperú. Ambos coincidieron en que las autoridades han optado por medidas de corto plazo y sin criterio técnico, que ponen en entredicho la legalidad y la viabilidad operativa de la principal empresa pública del sector energético.

El Colegio de Abogados acusó al Ejecutivo de utilizar el Decreto de Urgencia N.° 010-2025 como un atajo legal que no cumple con los requisitos constitucionales de excepcionalidad.

En este sentido, advirtió que la norma abre la puerta a transferencias patrimoniales y presupuestales que pueden afectar derechos laborales y debilitar servicios públicos esenciales, como la electrificación rural. Para el gremio de abogados, el Gobierno ha optado por sacrificar institucionalidad y garantías constitucionales en favor de una salida exprés.

El trasfondo técnico: una crisis fabricada desde el Estado

El CIP fue directo en su diagnóstico: la crisis de Petroperú no es casualidad, sino el resultado de años de decisiones sin respaldo técnico ni continuidad institucional. La modernización de la Refinería de Talara, con sobrecostos millonarios y sin un rediseño financiero proporcional, es para los ingenieros la muestra más clara de la improvisación estatal.

Según el gremio, la intervención de la agencia ProInversión en la privatización de activos muestra un desconocimiento total de las complejidades técnicas que exige la gestión de una empresa de esta magnitud.

Los ingenieros alertaron que priorizar el enfoque financiero y contractual, sin especialistas en ingeniería, riesgos y seguridad industrial, puede llevar a una parálisis operativa y a una pérdida de control estratégico. En palabras de expertos del CIP, el MEF está jugando con la seguridad energética y la soberanía nacional.

Petroperú: rehén de intereses y falta de transparencia, según el CAL

Ambos colegios profesionales denunciaron que, bajo la apariencia de urgencia, el gobierno ha optado por un camino que privilegia intereses de corto plazo y pone en riesgo la continuidad del servicio público de distribución de hidrocarburos.

El CAL alertó que la transferencia de activos sin salvaguardas puede golpear a las poblaciones más vulnerables y desmantelar la capacidad logística del Estado en situaciones de emergencia. En tanto, el CIP remarcó que el manejo actual de la crisis, sin control técnico independiente ni transparencia, abre la puerta a mayores errores y a una pérdida de confianza en la gestión pública.

Las declaraciones de los colegios profesionales encontraron eco en el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú (STAPP). José Luis Saavedra Távara, secretario general del gremio, dijo que los pronunciamientos del CAL y el CIP fortalecen la defensa de Petroperú como activo estratégico del Estado. Saavedra exigió la derogatoria del Decreto de Urgencia N.° 010-2025 por considerarlo inconstitucional y lesivo para la empresa y sus trabajadores.

En tanto, Jaime Steven Ramírez Flor, secretario de Administración y Finanzas del STAPP, destacó el llamado del CIP a poner en el centro el control técnico independiente y la continuidad institucional, y subrayó que la reorganización debe contemplar evaluación de riesgos, seguridad industrial y criterios de operación sostenibles para proteger la seguridad energética del país.

¿Un frente común contra la política oficial?

La coincidencia entre los colegios profesionales y el sindicato de Petroperú marca una ruptura con la narrativa oficial. Ambos sectores acusan al gobierno de poner en riesgo la seguridad energética y la soberanía nacional por decisiones sin sustento legal ni técnico.

Mientras tanto, la petrolera permanece a la espera de la definición de los contratos que ProInversión prevé suscribir en junio para la escisión de activos, con la Refinería de Talara como principal foco de atención. La operación cuenta con el respaldo de la Junta General de Accionistas (JGA), conformada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).