La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) emitió un comunicado en el que advirtió que una serie de decisiones recientes y cambios institucionales estarían afectando la sostenibilidad financiera y técnica del sector telecomunicaciones en el país. Según el gremio, este escenario podría generar consecuencias directas sobre la continuidad y expansión de los servicios de internet, especialmente en las zonas más alejadas del Perú.
En su pronunciamiento, AFIN señaló que la combinación de inestabilidad institucional, sobrerregulación y un esquema sancionador cada vez más severo estaría poniendo en riesgo las inversiones necesarias para el despliegue de infraestructura digital.
“Esta combinación de decisiones, debilidad institucional, sobrerregulación y traslado indebido de responsabilidades del Estado al sector privado está afectando la sostenibilidad de la industria de telecomunicaciones”, se lee en el comunicado.
Inestabilidad institucional
Uno de los principales puntos alertados es la falta de estabilidad institucional en entidades clave del sector. De acuerdo con el gremio, en el último año el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) ha tenido tres directores ejecutivos, mientras que en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se han producido múltiples cambios en posiciones técnicas en pleno proceso de ejecución de las obligaciones de cobertura vinculadas a los contratos 5G.
A ello se suma, según AFIN, el intento de trasladar al sector privado responsabilidades vinculadas a la seguridad ciudadana. En su comunicado, el gremio advirtió que se pretende obligar a las empresas de telecomunicaciones a encargarse del bloqueo de señales en establecimientos penitenciarios, incluso de redes Wi-Fi, funciones que corresponden a entidades públicas.
Seguridad trasladada al privado
Sobre este punto, Juan Pacheco, gerente general de AFIN, explicó en declaraciones a RPP que las directivas emitidas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) buscan que las operadoras asuman tareas que el Estado no ha logrado cumplir. “Estás trasladando al privado una responsabilidad que no le corresponde. Eso le corresponde a la Policía y si no puede o no sabe, tendrá que buscarse las herramientas necesarias para que lo haga”, expresó.
Pacheco precisó que actualmente solo alrededor del 40 % de los penales y centros juveniles cuenta con sistemas de bloqueo de señales, lo que, según AFIN, evidencia un problema de gestión estatal que no se resolvería mediante nuevas exigencias al sector privado ni con la imposición de sanciones económicas.
Incremento de multas
Otro eje central de la advertencia de AFIN es el incremento sostenido de multas en el sector telecomunicaciones. El gremio calificó esta situación como una “hiperinflación sancionatoria”, señalando que el esquema de multas se ha quintuplicado en los últimos años. Según el gremio, la presión sancionatoria total asciende a más del 11 % de las inversiones del sector proyectadas al 2024.
En entrevista con RPP, Juan Pacheco cuestionó el impacto de estas medidas sobre la viabilidad de las empresas. “La presión sancionatoria a todas las empresas asciende al 11 % de las inversiones relacionadas al 2024. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que las quiebren?”, declaró.
AFIN expresó su preocupación por la exigencia de presentar cartas fianza como condición para que las empresas puedan apelar sanciones ante el Poder Judicial, al considerar que esta medida “impide el ejercicio efectivo del derecho de defensa” y debilita la competencia en el mercado de telecomunicaciones. En su comunicado, el gremio advirtió que esta exigencia, sumada al incremento de multas, podría comprometer la viabilidad financiera de las empresas, sin generar mejoras en la seguridad ciudadana ni contribuir al cierre de la brecha digital en el país.
Riesgos para el 5G
La falta de estabilidad regulatoria también estaría afectando la implementación del 5G. AFIN alertó que los cambios institucionales se están produciendo mientras se ejecutan las obligaciones de cobertura de los contratos, lo que genera incertidumbre para las inversiones de largo plazo.
Asimismo, el gremio denunció fallas en la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, operada por Pronatel. Según Juan Pacheco, esta infraestructura presenta caídas recurrentes que afectan los servicios de los operadores, mientras que el esquema regulatorio actual sanciona al operador final, pero no al responsable de la red de transporte.
Impacto en zonas rurales
Finalmente, AFIN advirtió que este escenario podría tener un impacto directo en la expansión del internet en zonas rurales. Según el gremio, la falta de rentabilidad y previsibilidad desincentiva las inversiones en las áreas más alejadas del país, afectando a los usuarios con menor acceso a conectividad.
Pacheco señaló que la industria no se opone a colaborar con el Estado, pero exige reglas claras y sostenibilidad. Hasta el momento, el gremio indicó que no ha recibido respuesta de las autoridades a sus pedidos de reunión para discutir estas preocupaciones técnicas y financieras vinculadas al futuro del servicio de internet en el Perú.
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