José Jerí, presidente interino de la República, defendió sus recientes intervenciones en penales y negó que su accionar responda a una estrategia de espectáculo mediático. A través de un video que recopiló parte de las críticas a su participación en requisas, el mandatario defendió que para él “gobernar es actuar y dar la cara, no comentar desde la tribuna”.
“Estamos asumiendo el costo, sin importar las consecuencias que ello puede implicar, porque cuando uno está comprometido con el objetivo, no importa exponerse a lo que tenga uno que hacer”, se le oye decir en la grabación publicada en TikTok.
Las declaraciones del presidente interino surgen en medio de una fuerte controversia. No solo por quienes lo acusan de ejercer un ‘circo’, sino por acudir con una comitiva de aproximadamente 50 personas en el penal Ancón I durante la madrugada del viernes 23 de enero.
El hecho motivó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios (SINTPE-INPE) presentaran una denuncia penal contra Jerí, acusándolo de haber ingresado al establecimiento omitiendo los protocolos de seguridad y revisión biométrica, además de permitir la entrada de celulares y equipos de comunicación, lo cual está prohibido por la Ley 29867.
El técnico Julio Lurita Tarazona denunció que el ingreso de la comitiva presidencial constituyó un delito, ya que la normativa vigente establece penas de seis a ocho años por el ingreso de equipos de comunicación a penales. La denuncia presentada abarca presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales, ingreso indebido de equipos de comunicación y delitos contra la seguridad pública.
El secretario general del SINTPE-INPE, Julio Burga, sostuvo que la irrupción generó un estado de caos que por poco desencadenó un amotinamiento entre los internos. Burga señaló: “La Policía se tiene que someter a los protocolos de seguridad que nosotros tenemos establecidos. Ellos no pueden irse por sobre la ley”.
La intervención de Jerí fue calificada por los trabajadores penitenciarios como un “show político” y un fracaso operativo. Según reportes, la intención era exhibir ante los medios a un conocido extorsionador, pero el interno ya había sido trasladado al penal de Challapalca antes del operativo. Por esta razón, la denuncia también alcanzó al comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, y al general Víctor Revoredo, por presuntamente brindar información incorrecta al presidente.
Julio Lurita criticó la falta de conocimiento técnico del Ejecutivo sobre los procedimientos internos del INPE y rechazó las acusaciones de ocultamiento de información por parte del personal penitenciario. “Deje su circo, señor Jerí. Respete al INPE para que lo respeten. Este uniforme y esta gorra se ganan, no nos regalaron el puesto”, expresó el técnico en un mensaje dirigido al mandatario.
Denuncias de intereses políticos y malas condiciones laborales
El sindicato sostiene que estas intervenciones buscan desprestigiar al INPE para justificar una reforma estructural que implicaría reemplazar a funcionarios de carrera por personal del PRONACEP, bajo la nueva Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR). Los trabajadores califican este proceso como un “negociazo político” y no como una solución real a los problemas del sistema penitenciario.
Lurita también cuestionó la transparencia y el uso de recursos públicos en los operativos, pidiendo auditorías para evitar sobrecostos y garantizar la correcta ejecución presupuestal.
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