
La madrugada del lunes 26 de enero, la seguridad del sistema penitenciario en Arequipa se vio vulnerada tras la fuga de Viviana Rivadeneira Mariano, una interna del penal de Mujeres de Socabaya sentenciada por el delito de trata de personas. La mujer logró burlar la vigilancia en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, donde permanecía internada debido a su avanzado estado de gestación.
Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía de Flagrancia de Arequipa inició una investigación inmediata contra las agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Leonor Chuctaya y Tatiana Apaza, de 52 y 36 años respectivamente. Ambas trabajadoras se encuentran detenidas bajo la sospecha de haber cometido el delito de favorecimiento a la fuga, al ser las responsables directas de la custodia de la interna al momento de su desaparición.
Vía libre para el escape
El registro de las cámaras de videovigilancia del hospital reveló detalles comprometedores sobre la vigilancia. A las 3:13 a. m., se observa a la reclusa desplazándose por diversas áreas del nosocomio, incluyendo Emergencia, Pediatría y Psiquiatría, vistiendo una polera verde y pantalón rosado. Lo que más llamó la atención de la Fiscalía es que la interna no portaba marrocas ni esposas en las manos o pies durante su recorrido.
Según información preliminar, al personal de salud le extrañó la falta de medidas de seguridad. Las agentes habrían justificado la decisión señalando que no le colocaron los grilletes debido a una supuesta hinchazón en los pies de la gestante. Sin embargo, horas después, trabajadores del centro asistencial reportaron haber encontrado a las agentes aparentemente dormidas, momento que habría sido aprovechado por Rivadeneira para abandonar la cama 335-C del tercer piso.
Búsqueda intensiva
La ausencia de contracciones o señales de parto inminente al momento de la fuga ha llevado a las autoridades a presumir que se trató de una acción planificada. Tras confirmarse que la interna ya no se encontraba en el área de obstetricia, el INPE activó los protocolos de búsqueda y recaptura en coordinación con la Policía Nacional del Perú, alertando a todas las unidades de la región.
Por su parte, el fiscal provincial Albert Jhon Aldonates Molina ha dispuesto diligencias urgentes que incluyen la revisión exhaustiva de todos los videos de seguridad del hospital, pericias técnicas e identificación biométrica. Asimismo, se tomarán las declaraciones del personal policial interviniente y se requerirá información detallada al INPE sobre los roles de servicio asignados para esa jornada.

Acciones administrativas y compromiso oficial
Mediante un comunicado, el Instituto Nacional Penitenciario confirmó el inicio de acciones administrativas contra las dos agentes involucradas para determinar su responsabilidad funcional. La institución reafirmó su compromiso con la seguridad ciudadana y aseguró que brindará todas las facilidades al Ministerio Público para el esclarecimiento total de este suceso que afecta la administración de justicia.
Viviana Rivadeneira Mariano, con 40 semanas de gestación, permanece con paradero desconocido, mientras que las agentes Chuctaya y Apaza enfrentan un proceso que podría derivar en graves sanciones penales si se comprueba su negligencia o complicidad en el favorecimiento de la ahora próuga sentenciada a trata.
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