Gobierno prorroga el estado de emergencia en distritos de Tacna fronterizos con Chile

El Gobierno de Perú ha prorrogado por sesenta días el estado de emergencia en los distritos de Palca, Tacna y La Yarada - Los Palos, en la provincia de Tacna, y ha decretado la misma medida en el distrito de Tarata, provincia de Tarata, ambos en el departamento de Tacna, fronterizo con Chile. La decisión busca reforzar el control del orden interno ante el incremento de delitos y situaciones de violencia en la zona limítrofe, así como fortalecer la presencia del Estado en áreas afectadas por el tráfico ilegal y la migración irregular.

Contexto y antecedentes de la medida

La extensión de la emergencia responde a la persistencia de problemas de seguridad en la frontera sur del país. En noviembre de 2025, tras la victoria de José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile, se registró un aumento significativo de migrantes indocumentados, en su mayoría venezolanos, que intentaron ingresar a Perú desde Chile. Muchos argumentaron que buscaban regresar a sus países de origen, lo que generó una presión adicional sobre la seguridad fronteriza.

Ante esta situación, el 29 de noviembre se declaró el estado de emergencia en los distritos fronterizos de la provincia de Tacna. Desde entonces, se han implementado medidas como el patrullaje motorizado permanente en la línea fronteriza, la intervención de migrantes en pasos no autorizados, el uso de drones para el monitoreo aéreo y operaciones de inteligencia para contrarrestar delitos como el tráfico ilícito de migrantes, drogas, armas y la trata de personas.

Atribuciones y alcance de la prórroga

De acuerdo con el Decreto Supremo Nº 013-2026-PCM, la Policía Nacional del Perú conserva el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Esta colaboración permite determinar zonas de intervención basadas en inteligencia, estadísticas y mapas delictivos. Además, durante el estado de emergencia, se restringen los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, reunión y seguridad personal en las jurisdicciones afectadas.

En el caso de Tarata, el alcalde provincial se integra al Comando de Coordinación Operativa Unificada, y el Serenazgo local pasa a ser parte de las fuerzas integradas para el control del orden interno. Las actividades masivas de carácter religioso, cultural o deportivo requieren permiso previo de las autoridades competentes, mientras que las de menor escala pueden realizarse sin autorización.

Seguridad y derechos en la frontera

El marco legal que regula el uso de la fuerza tanto para la Policía Nacional como para las Fuerzas Armadas exige actuar bajo los principios de proporcionalidad, legalidad y respeto a los derechos fundamentales. El gobierno ha enfatizado que la firmeza en el combate al crimen debe garantizar la protección de mujeres y personas en situación de vulnerabilidad, manteniendo los estándares de atención establecidos por el protocolo interinstitucional.

A pesar de la vigilancia reforzada, algunas personas han logrado cruzar la frontera de manera irregular y se han reportado denuncias de cobros ilegales para permitir el ingreso al país. Las autoridades han reiterado su compromiso de combatir estas prácticas y asegurar que el control territorial se base en la legalidad y la transparencia.

Evaluación y financiamiento de las acciones

El Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá presentar un informe al Ministerio del Interior dentro de los cinco días hábiles posteriores al término de la emergencia, detallando los resultados y recomendaciones. El financiamiento de estas acciones se realizará con cargo al presupuesto institucional y recursos adicionales autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas.