El escenario político en Perú se tensó nuevamente tras la presentación de una moción de vacancia presidencial contra José Jerí. La propuesta, promovida por el congresista Segundo Montalvo, de Perú Libre, reunió las 26 firmas requeridas para su trámite y plantea declarar la “permanente incapacidad moral” del mandatario peruano. La iniciativa surge en medio de una creciente polarización y críticas a la gestión de Jerí, lo que ha generado debate tanto en el Congreso como en la opinión pública sobre la estabilidad del gobierno y el futuro del actual mandatario.
La moción de vacancia (destitución) se suma a un contexto ya cargado: en menos de una semana se han presentado, además, seis pedidos de censura contra Jerí a la presidencia del Congreso, impulsados por bancadas de izquierda, sectores de derecha y congresistas no agrupados, tras las revelaciones sobre reuniones no registradas con un empresario chino.
José Jerí asumió la presidencia tras la destitución de Dina Boluarte, al ocupar previamente la presidencia del Parlamento, conforme al orden de sucesión establecido por la Constitución.
Las razones detrás de la moción de vacancia
El documento presentado ante el Congreso cuestiona principalmente la conducta del presidente en el manejo de asuntos públicos sensibles. Uno de los ejes centrales es el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, mediante el cual el Ejecutivo dispuso medidas extraordinarias para la reestructuración patrimonial de Petroperú y delegó a ProInversión la transferencia de bloques patrimoniales de la empresa estatal.
Los impulsores de la vacancia sostienen que estas decisiones comprometen el interés público y evidencian una conducta incompatible con la investidura presidencial. A ello se suma el cuestionamiento por una reunión sostenida en diciembre pasado entre Jerí y el empresario de origen chino Zhihua Yang, propietario de negocios que han sido proveedores del Estado, encuentro que no figura en los registros oficiales del portal de transparencia. A este caso se le llamó el ‘ChifaGate’.
La reunión fue revelada por una investigación periodística del programa Punto Final que sacó a la luz un video del mandatario entrando a un chifa (restaurante chino) de propiedad del empresario Zhihua Yang. Posteriormente, otro video difundido por Cuarto Poder, se ve a Jerí visitando la tienda de Yang, lo que desató una cadena de reacciones políticas y el caso se conociera como ‘Chifagate‘.
Para los firmantes de la moción, el hecho de que el presidente acudiera de manera encubierta a dicho encuentro refuerza la tesis de una conducta inmoral, argumento que ya había motivado la presentación de una de las mociones de censura previas.
Seis censuras y un Congreso cada vez más dividido
Hasta el cierre de esta nota, seis mociones de censura habían sido presentadas contra José Jerí, sumando 42 firmas, con respaldo de legisladores de Perú Libre, Juntos por el Perú, Bloque Democrático, Renovación Popular, Acción Popular y congresistas no agrupados.
Entre los firmantes figuran nombres como Ruth Luque, Jaime Quito, Sigrid Bazán, Susel Paredes, Wilson Quispe y María Agüero. En contraste, las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú —partido del que procede el mandatario— no han suscrito ninguno de los pedidos, aunque algunas de ellas han expresado públicamente sus reparos a la actuación presidencial.
Renovación Popular, además, ha iniciado la recolección de firmas para convocar a un pleno extraordinario que permita debatir las mociones, ya que el Congreso ingresó en receso legislativo. Desde Acción Popular, las posturas también aparecen divididas, mientras que Podemos Perú evalúa su posición como bancada en las próximas horas.
¿Qué es la vacancia presidencial y cómo funciona en el Perú?
La vacancia presidencial es una figura prevista en la Constitución Política del Perú que permite declarar la salida anticipada del jefe de Estado cuando se configura alguna de las causales establecidas en la ley. A diferencia de otros países, donde se habla de “destitución” o impeachment, en el sistema peruano el término jurídico es vacancia.
El artículo 113 de la Constitución señala que la Presidencia de la República puede declararse vacante, entre otros supuestos, por permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. Esta causal, ampliamente utilizada en la política reciente, no cuenta con una definición precisa, lo que ha abierto un amplio margen de interpretación política.
Para presentar una moción de vacancia se requiere la firma del 20 % del número legal de congresistas (26). Para que sea admitida a debate se necesitan al menos 52 votos, y para aprobar la vacancia, una mayoría calificada de 87 votos. De prosperar, se activa el mecanismo de sucesión presidencial previsto en el artículo 115 de la Constitución.
Un historial reciente marcado por la inestabilidad
La figura de la vacancia por incapacidad moral ha sido determinante en los últimos años de la política peruana. En 2020, el Congreso destituyó al entonces presidente Martín Vizcarra. Dos años después, Pedro Castillo fue vacado tras intentar disolver el Parlamento, y en 2023, Dina Boluarte fue obligada a dejar el cargo en medio de una profunda crisis política y social.
Este historial ha consolidado la percepción de que la vacancia se ha convertido en una herramienta recurrente de presión política, contribuyendo a un ciclo de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo que debilita la estabilidad institucional.
La respuesta del presidente y el escenario que viene
José Jerí ha rechazado los cuestionamientos y ha señalado que no se dejará “amedrentar por amenazas”. En una reciente conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, reconoció como un error haber acudido encapuchado al local donde se reunió con el empresario chino Zhihua Yang, pero aseguró que no existió contenido ilícito en el encuentro.
En paralelo, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra el presidente por presuntos delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
En los próximos días, el Congreso deberá definir si admite a debate la moción de vacancia. Mientras tanto, el Ejecutivo afronta un escenario de tensión política, en medio de la expectativa por la decisión parlamentaria y la atención pública sobre la estabilidad del gobierno.
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