
César Sandoval, exministro de Transportes y Comunicaciones, expuso una serie de maniobras políticas que involucran al actual presidente José Jerí en la permanencia de David Hernández como jefe de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), a pesar de indicios de corrupción y múltiples investigaciones en curso. Las revelaciones surgen en medio del llamado ‘Chifagate’, que puso bajo la lupa la licitación de 8.000 cámaras de vigilancia por un valor de 112 millones de soles, presuntamente coordinada entre el mandatario y el empresario de origen chino Zhihua Yang.
En declaraciones a Exitosa y en entrevistas posteriores, el extitular del MTC relató que, tras asumir el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, revisó los antecedentes de Hernández, quien ya se desempeñaba como jefe de la ATU. Detectó que el funcionario acumulaba más de siete investigaciones fiscales y figuraba en un informe de la Contraloría General de la República en el que se le señalaba por no anular un contrato vinculado a corrupción. “La empresa recibió el pago total de la obra, equivalente a 13 millones de soles, con solo un 20% de avance”, explicó Sandoval. Este hallazgo llevó al entonces ministro a disponer la separación de Hernández del cargo.
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Previo a la decisión, Sandoval comunicó su postura al entonces premier Eduardo Arana, quien le transmitió que el congresista Jerí había solicitado reconsiderar la remoción. “Lo llamé al congresista Jerí y me pide por favor que no lo mueva a David Hernández”, narró Sandoval, quien asegura haber fundamentado su decisión en el informe de la Contraloría y en las investigaciones fiscales abiertas. “Le digo: ‘Congresista, le alcanzo el informe y verá usted que su amigo está involucrado en estos hechos; esto podría llegar al Ministerio Público y será quien determine su responsabilidad’”, añadió.
Aunque la salida de Hernández se llevó a cabo, fue revertida tras la vacancia presidencial y la asunción de José Jerí al poder. Según Sandoval, con el relevo en la presidencia, el nombre de Hernández volvió a sonar para la jefatura de la ATU y finalmente fue restituido en el cargo mediante resolución suprema refrendada por el propio Jerí. El exintegrante del gabinete ministerial de Dina Boluarte aseguró haber enviado mensajes directos al presidente para advertirle nuevamente sobre los antecedentes de Hernández: “Presidente Jerí, no se deje tocar por la corrupción, usted sabe perfectamente por qué salió el señor Hernández y le hago recordar lo que conversamos”, escribió, sin obtener respuesta.
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En diálogo con Beto a Saber, Sandoval detalló que, además de las denuncias fiscales, los informes técnicos de la Contraloría motivaron la alerta sobre Hernández. También mencionó la detección de cartas fianza falsas en obras supervisadas por la ATU, lo que agravaba la desconfianza sobre la gestión de Hernández. “Tengo documentos de Contraloría y una serie de denuncias fiscales contra este señor y no me inspira confianza”, afirmó.
A pesar de las pruebas presentadas, Jerí defendió la trayectoria profesional de Hernández, argumentando: “Es un buen profesional, no se merece que lo traten de esa manera”. Sin embargo, tras revisar los documentos, el entonces parlamentario calificó la información de “escandalosa”, pero días después el Gobierno oficializó la designación de Hernández.
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El ‘Chifagate’ y la millonaria licitación
El escándalo por la adquisición de cámaras de videovigilancia para buses de transporte público añadió presión sobre la ATU y su actual titular. Según revelaciones de Hildebrandt en sus trece, una cena no registrada entre Jerí y Zhihua Yang habría coincidido con modificaciones clave en las bases de la licitación. Cinco días después de la reunión, la ATU amplió el plazo de entrega de las cámaras de 30 a 60 días, decisión que Hernández justificó como una respuesta a pedidos técnicos de los postores.

Consultado por Canal N sobre su relación con Zhihua Yang, Hernández negó cualquier vínculo personal o institucional: “No conozco al señor... nosotros (ATU) queremos deslindar tajantemente con este tema de especulaciones”. Aclaró que el proceso de licitación es gestionado por un comité autónomo y que, hasta el momento, “ninguna empresa relacionada al señor Yang ha preguntado ni postulado a este proceso”. Sin embargo, admitió que empresas de origen chino han realizado consultas técnicas en el portal de licitaciones, aunque ninguna coincide con las firmas bajo sospecha.
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La coincidencia entre las modificaciones contractuales y la reunión clandestina ha alimentado las sospechas de direccionamiento en beneficio de Yang, aunque Hernández insiste en que la ampliación del plazo respondió solo a razones técnicas.
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