El asesinato de Guisella Fernández Ramírez, ciudadana peruana ejecutada junto al futbolista Mario Pineida en diciembre de 2025, destapó una red de movimientos económicos por casi 28 millones de dólares en apenas cinco años.
Un informe periodístico de Ecuavisa reveló que la mujer manejó cifras multimillonarias, muy por encima de lo que declaraba ante las autoridades tributarias, lo que provocó sospechas de lavado de activos y vínculos con el crimen organizado en Ecuador y la región.
El caso de Fernández Ramírez no es un hecho aislado. De acuerdo con Ecuavisa, otras dos mujeres, Génesis Mendoza Tuárez y Andy Parraga, también fueron asesinadas en circunstancias similares y sus nombres aparecen en investigaciones sobre estructuras financieras vinculadas al crimen organizado.
En todos los expedientes se observa un denominador común: vidas rodeadas de bienes de alto valor, actividades empresariales y movimientos de dinero que no corresponden con sus perfiles económicos conocidos.
Según el reporte de Ecuavisa, Fernández Ramírez registró transacciones por 27,8 millones de dólares entre 2020 y 2025, pero solo declaró 9,1 millones de dólares. El desbalance, superior a 18,7 millones, generó alertas en las autoridades.
Además, realizó retiros considerables y envió casi 2 millones de dólares a Puerto Rico. Su actividad oficial se limitaba a la venta al por menor de equipos de telecomunicaciones, como celulares y aparatos electrónicos, un rubro que no justificaría esos flujos.
Entre las operaciones consideradas irregulares, figuran la adquisición de vehículos y bienes por más de un millón de dólares, que según la investigación, no se ajustan a su capacidad económica ni a la naturaleza de su negocio. El medio detalló que estos movimientos impulsaron la apertura de una investigación por posible lavado de activos.
Investigación y nuevos implicados
Tras el doble asesinato de Fernández Ramírez y Mario Pineida, la madre de la víctima, Mirtha Ramírez, se presentó como acusadora particular en el proceso judicial.
Según informó Extra de Ecuador, la acción busca esclarecer el crimen y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del ataque ocurrido el 17 de diciembre de 2025, en una carnicería de Samanes 4, en el norte de Guayaquil.
Las primeras pesquisas apuntan a un grupo de ciudadanos venezolanos. De acuerdo con la información oficial, Cristian David Peláez González habría sido contratado para vigilar a la pareja antes del atentado.
Además, Jimnery Mariander Peña Blanco habría facilitado la cuenta bancaria de su madre para recibir transferencias por 3.000 dólares destinadas a financiar la vigilancia y ejecución del crimen. Las transferencias habrían sido gestionadas por Yohervy Javier Márquez Serradez, también de nacionalidad venezolana.
El abogado de la madre de Fernández Ramírez, Tobías Guzmán, explicó: “Nosotros hemos pedido también la vinculación de una tercera persona, que responde al nombre de Yohervy, quien fue que le pidió prestada la cuenta a la señora Peña Blanco. Luego de eso se dio el seguimiento a las víctimas y la señora Peña le hizo una transferencia a otra persona cercana al señor Peláez, que es uno de los detenidos”.
La defensa técnica solicitó la reformulación de los cargos, pidiendo que el delito se reclasifique de asesinato a sicariato, pues existen elementos que demuestran la operatividad de una organización delictiva con pagos sistemáticos para ejecutar el doble homicidio. El abogado agregó que también se pidió la vinculación de los dueños de los vehículos utilizados en el crimen.
La audiencia de vinculación contra Yohervy Márquez está programada para el 20 de enero, lo que extenderá el proceso de instrucción fiscal hasta mediados de febrero, según el reporte del medio ecuatoriano.
Redes financieras
La investigación sobre la fortuna de Fernández Ramírez se enmarca en un contexto más amplio de operaciones ilegales y lavado de dinero en Ecuador.
Ecuavisa detalló que el expediente de Génesis Mendoza Tuárez, esposa de Flavio Briones (alias “Mexicano” y jefe de la banda criminal Los Lobos), muestra flujos por más de 13 millones de dólares entre 2019 y 2025.
Mendoza, quien administraba empresas de construcción, pesca y comercios de autos de lujo, fue asesinada el 16 de julio en la vía a Manta. El informe señala que era pieza clave del brazo financiero de Los Lobos a través de la empresa Pez y Mar, con transacciones que no se sustentan en la economía real.
El tercer caso, el de Andy Parraga, exreina de belleza, asesinada en 2024, quedó expuesto tras la revelación de chats del narcotraficante Leandro Norero, figura central en el caso Metástasis. Los mensajes evidencian pagos y órdenes directas para ocultar cualquier vínculo que pudiera derivar en investigaciones por lavado.
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