La reciente decisión del Gobierno de prohibir la circulación de dos personas en una motocicleta volvió a encender el debate en la ciudadanía.
La Asociación Automotriz del Perú (AAP) expresó su rechazo a la norma, argumentando que tendrá un impacto directo en la vida cotidiana de millones de peruanos y cuestionando su efectividad en la lucha contra la inseguridad ciudadana.
Inocentes afectados
Para Jaime Graña, gerente general de la Asociación Automotriz del Perú, la motocicleta es el principal medio de transporte para muchas familias. Su uso abarca desde el traslado de niños al colegio hasta el transporte hacia centros de trabajo o actividades familiares.
Graña remarcó que la percepción negativa sobre las motos se debe, en gran parte, a su vínculo con delitos cometidos en vehículos robados y a problemas de cultura vial, pero subrayó que la mayoría de usuarios utiliza este medio por necesidad y no por actividades delictivas.
La disposición, que impide que dos adultos viajen juntos en una motocicleta, busca reducir delitos como sicariato, extorsión y robos al paso, hechos en los que este tipo de vehículos suele estar involucrado.
Sin embargo, Graña cuestionó que no exista evidencia concreta de que la medida reduzca la incidencia delictiva. Explicó que en países donde se implementaron restricciones similares, la criminalidad se adaptó cambiando horarios o zonas de operación, sin que disminuyeran los delitos.
El dirigente también señaló que los delincuentes podrían modificar sus estrategias y operar de manera individual, multiplicando los asaltos en vez de reducirlos. Por eso, la AAP exige al Ejecutivo claridad sobre los indicadores y mecanismos que se emplearán para medir el impacto de la norma y su verdadera contribución en la reducción de la inseguridad.
Opiniones divididas
El presidente José Jerí defendió la restricción, argumentando que la situación de inseguridad pública requiere medidas excepcionales.
Aseguró que la norma busca proteger a los conductores de transporte público y a la ciudadanía ante el uso frecuente de motos en delitos violentos, y anunció la publicación de un decreto supremo que permitirá a la Policía Nacional intervenir y sancionar a quienes incumplan la disposición.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Óscar Arriola, respaldó la implementación de la prohibición, aunque reconoció el impacto negativo que tendrá en el sector motero.
Explicó que la motocicleta es utilizada por organizaciones criminales debido a su capacidad de escapar rápidamente tras cometer delitos, incluso en zonas de alta congestión vehicular. Arriola pidió a los usuarios cumplir la norma y consideró que la tranquilidad de la ciudadanía debe prevalecer.
Por su parte, el excomandante general de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, sostuvo que la restricción será difícil de aplicar por la falta de personal policial y la limitada capacidad operativa de la Policía de Tránsito.
Enfatizó que solo una fracción de los efectivos está autorizada a fiscalizar motos por esta infracción y advirtió que, con dos millones de motocicletas circulando en Lima y Callao, la supervisión será prácticamente imposible.
Pérez Rocha también criticó la ausencia de coordinación entre entidades y la falta de un plan integral de seguridad ciudadana. Remarcó que, sin una estrategia articulada y sin fortalecer a la Policía, la prohibición no tendrá resultados tangibles en la lucha contra el crimen organizado.
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