Gobierno prorroga estado de emergencia en Lima y Callao por ola de asesinatos y extorsiones: ¿hasta cuándo durará la medida?

El Gobierno de Perú aprobó la prórroga del estado de emergencia por treinta días calendario en Lima Metropolitana y la provincia del Callao, una medida que busca reforzar la lucha contra la criminalidad y las situaciones de violencia. La decisión, formalizada mediante un Decreto Supremo y anunciada por el Consejo de Ministros, responde al incremento de delitos y a la preocupación ciudadana por la seguridad en la capital y el principal puerto del país.

La extensión del estado de emergencia fue justificada por las autoridades como una herramienta imprescindible para enfrentar el auge delictivo que afecta a diferentes sectores de la población. El Ejecutivo sostiene que la prórroga permitirá a la Policía Nacional del Perú mantener el control del orden interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas en labores de patrullaje y operaciones puntuales. El objetivo central es aplicar acciones estratégicas basadas en inteligencia, mapas de delito y estadísticas para contener la expansión de bandas organizadas.

Según voceros del Gobierno, la medida se orienta a fortalecer la respuesta estatal frente a amenazas como la extorsión, el sicariato y los delitos cometidos desde centros penitenciarios. A inicios de mes, el presidente de transición, José Jerí, remarcó que el estado de emergencia se extenderá “el tiempo que sea necesario para recuperar progresivamente los índices de tranquilidad y seguridad para nuestra población”.

¿En qué regiones se extiende el estado de emergencia?

El Decreto Supremo también dispuso la ampliación del estado de emergencia por sesenta días en las provincias de Tumbes y Zarumilla (departamento de Tumbes), así como en Trujillo y Virú (departamento de La Libertad). Esta decisión responde a la persistencia de altos índices de criminalidad y violencia en estos territorios, considerados puntos críticos por las autoridades de seguridad.

Desde la primera declaración de emergencia, el 22 de octubre del año pasado, el Poder Ejecutivo ha renovado la medida en dos oportunidades: la segunda el 20 de noviembre y la tercera el 21 de diciembre. La actual prórroga marca la cuarta ocasión en que el Gobierno recurre a este mecanismo para recuperar el control territorial y garantizar la seguridad ciudadana.

La Presidencia del Consejo de Ministros subrayó en un comunicado: “Se aprobó la ampliación del estado de emergencia en Lima Metropolitana, Tumbes y La Libertad, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada”.

¿Qué derechos quedan suspendidos durante el estado de emergencia?

La prórroga implica la restricción o suspensión de derechos constitucionales vinculados a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y la libertad de tránsito, conforme a lo dispuesto en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú. La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que participan en operativos coordinados y patrullajes en zonas de alta incidencia delictiva.

Además, se refuerzan medidas excepcionales en materia de seguridad e inteligencia, incluyendo el control penitenciario, la vigilancia territorial y la respuesta del sistema de justicia. El Ejecutivo ha señalado que la identificación de zonas de intervención se realiza a partir de información precisa: indicadores, estadísticas y mapas de delito, lo que permite focalizar los operativos en los sectores más afectados.

Extorsiones y asesinatos continúan pese a estados de emergencia

A pesar de la implementación del estado de emergencia y el despliegue de operativos policiales y militares, la criminalidad continúa siendo una preocupación central en Lima y Callao. Delitos como la extorsión y el sicariato persisten, afectando especialmente a trabajadores del transporte público, pequeños comerciantes y empresarios del sector construcción. Las autoridades reconocen que gran parte de estos delitos se coordina desde las cárceles, por lo que se han intensificado los registros e intervenciones en los centros penitenciarios.

La ciudadanía ha expresado su malestar por la falta de resultados efectivos. El pasado 14 de enero, gremios de transportistas realizaron un paro para exigir mayor seguridad, tras la muerte de al menos setenta personas, entre conductores, comerciantes y otros trabajadores, víctimas de la criminalidad en los últimos meses. El propio presidente Jerí ha reiterado que la principal tarea del Gobierno de transición será enfrentar la inseguridad, además de asegurar la estabilidad económica y la transparencia de las elecciones generales previstas para abril próximo.

En ese contexto, la extensión del estado de emergencia representa, para el Ejecutivo, una respuesta necesaria ante la demanda social de mayor protección. Sin embargo, la continuidad de los delitos revela los límites de una estrategia basada en la excepcionalidad y la urgencia de soluciones estructurales para garantizar la tranquilidad de la población. El reto sigue siendo restaurar la confianza en las instituciones y reducir los niveles de violencia que afectan a miles de ciudadanos.x